El Síndic propone estudiar cómo se deberían extender las medidas impugnadas a todo el Estado para garantizar auténticamente la igualdad de los derechos de todos sus ciudadanos
Considera que el recurso atenta contra derechos básicos y que la posición del Gobierno español ignora desde hace años mecanismos como la segunda oportunidad, que se practican en países como Alemania y Francia
Recomienda a los gobiernos estatal y catalán que trabajen juntos y con celeridad para reconducir la situación, y propone la retirada de la suspensión
Continuará las reuniones con los agentes sociales, las entidades profesionales y financieras y las administraciones, y elevará la cuestión a los estamentos europeos
Frente a la decisión del Gobierno estatal de impugnar algunos artículos de la Ley 24/2015 ante el Tribunal Constitucional (TC) y de solicitar su suspensión, por un lado; y considerando que dicha decisión significa un claro atentado contra derechos básicos, hecho que se agrava tras constatar los severos efectos de la crisis y la necesidad de actuar para paliar las claras lesiones de derechos y caminar hacia la igualdad de oportunidades (como ya se estaba haciendo con resultados claramente positivos), por el otro; el Síndic manifesta lo siguiente:
1. Reafirma su compromiso con la defensa del derecho a la vivienda y su función social.
Por este motivo, continuará las acciones iniciadas con los agentes sociales, las entidades profesionales y financieras, y las administraciones para analizar la situación provocada por este recurso, y estudiar qué acciones se pueden emprender para defender los derechos y la igualdad.
2. Pide actuaciones institucionales en Cataluña y en el Estado español para reconducir la situación. En épocas de crisis, es necesario articular políticas públicas que garanticen aún más este derecho, con medidas como la propuesta que hizo hace unos años de la regulación de un tratamiento social del sobreendeudamiento especialmente respecto al derecho a la vivienda. El Síndic considera que la decisión del Gobierno atenta contra los derechos y va en dirección contraria a los avances que se han producido en democracias cercanas como en Alemania y Francia, en cuanto a la segunda oportunidad, y el papel de las administraciones y jueces para asegurarla.
Por tanto, se dispone a remitir al Gobierno de España, al Gobierno de la Generalitat y a sus homólogos defensores, especialmente a la defensora del pueblo, los informes adecuados para impulsarles a participar y a protagonizar las demandas pertinentes para reconducir esta decisión y restablecer en Cataluña estos artículos, así como estudiar cómo se deberían extender en todo el Estado español, con una auténtica garantía de la igualdad de los derechos de sus ciudadanos.
Al mismo tiempo pide al Gobierno del Estado que retire la demanda de suspensión y permita al TC su análisis mientras se continúan aplicando estas previsiones.
3. Eleva a ámbitos europeos esta problemática.
El Síndic de Greuges considera que esta decisión no va en la línea del sentido y el contenido de los derechos de la Carta social europea. El 26 y 27 de abril de 2016, en el marco de un seminario internacional de derechos humanos y ombudsman, se subrayó la importancia de este documento para la defensa de los derechos.
Por ello se dirigirá al Consejo de Europa, al Comité de Derechos Sociales y al Comisario de Derechos Humanos de Europa para denunciar y contrastar la decisión respecto a los estándares europeos, y estudiar qué medidas se pueden adoptar ante el propio Tribunal de Derechos Europeos.