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El Síndic investiga la posible mala praxis por parte del ministro del Interior y del director de Antifraude
Rafael Ribó: "Es inaceptable el uso político del Cuerpo Nacional de la Policía o de la cúpula del Ministerio del Interior con el único objetivo de desprestigiar a ciertos cargos públicos"
En el año 2014 ya actuó de oficio a raíz de las filtraciones de falsa información por parte la UDEF para desacreditar a diversos políticos, entre ellos, el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias
Se dirigirá al Defensor del Pueblo, a las cámaras parlamentarias y, ante los indicios de diversos delitos, también llevará los hechos a la Fiscalía del Supremo
El Síndic de Greuges de Cataluña ha abierto una actuación de oficio a raíz de las conversaciones hechas públicas por un medio de comunicación entre el ministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. El Síndic quiere utilizar los mecanismos a su alcance para investigar las posibles malas prácticas cometidas por ambos cargos públicos. Prácticas que comportan un mal uso de los servicios públicos y una grave vulneración del derecho a la dignidad, al honor de todas las personas y a la propia imagen.
Según Rafael Ribó "es inaceptable el uso político del Cuerpo Nacional de la Policía o de la cúpula del Ministerio del Interior con el único objetivo de desprestigiar a ciertos cargos públicos". El hecho de que no exista intención alguna de informar a las autoridades judiciales del resultado de las investigaciones es, según el síndic, una evidencia de este interés político.
El Síndic trasladará el caso al Defensor del Pueblo en cuanto a sus competencias, para que investigue la actuación del Ministerio del Interior. También pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Supremo a fin de que estudie los indicios de la comisión de diversos delitos, como por ejemplo, el de malversación de fondos y caudales públicos y aquellos contemplados en el código penal como delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. En cualquier caso, corresponde a las autoridades judiciales determinar la existencia de los mismos y realizar las investigaciones oportunas al respecto.
Asimismo se dirigirá al Parlamento de Cataluña y al Congreso de los Diputados para solicitarles que activen los mecanismos necesarios, en el marco de sus competencias, para depurar responsabilidades.
Esta actuación dará continuidad a la investigación abierta en el año 2014 a raíz de las filtraciones a la prensa llevadas a cabo por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría de Policía Judicial (UDEF) en relación con las acusaciones de fraude fiscal o delitos contra la Hacienda Pública dirigidas contra cargos representativos de las Administraciones Públicas. Entre ellos, el caso del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ahora ha vuelto a salir a la luz por su inconsistencia y la ausencia de prueba inculpatoria alguna.
El Síndic trasladó su investigación al Defensor del Pueblo para que informara a la Fiscalía y a la autoridad judicial competente y se adoptaran las medidas oportunas a fin de garantizar la no filtración de la información en los períodos de investigación. En aquel momento, también se pedía informació sobre cómo se depuraban las responsabilidades en el seno del Ministerio del Interior por haberse producido las citadas filtraciones. Per su parte, el Defensor del Pueblo no constató elementos que justificaran su intervención, motivo por el cual daba por concluidas sus actuaciones.
