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El Síndic reclama a las administraciones la reparación completa de los agravios pendientes del franquismo
Insta a que el Estado cumpla las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas sobre el derecho de reparación de daños
Solicita el cumplimiento de la Ley de Memoria histórica, especialmente en cuanto a la retirada de los símbolos franquistas (Valle de los Caídos, Tortosa, etc).
Pide que se dé acceso sin limitaciones a todos los archivos de la Guerra Civil y de la Dictadura y que se revisen los juicios de condena del presidente de la Generalitat Lluís Companys
Urge la adopción medidas tajantes que hagan efectivos los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación ante la recuperación de la memoria historia
Quedan sin resolver las recomendaciones sobre el banco de ADN de desaparecidos, la devolución del dinero decomisado a las familias republicanas y la actualización del censo de símbolos franquistas
Coincidiendo con los 80 años de la revuelta militar que dio lugar al inicio de la Guerra Civil en España y a la represión dictatorial posterior de cuarenta años, el Síndic se ha dirigido a diversas administraciones para activar la recuperación de la memoria histórica. El objetivo general es buscar la verdad de los hechos y alcanzar la más completa reparación a los agravios cometidos, como establecen los organismos internacionales.
Así, Rafael Ribó, se ha puesto en contacto con el Gobierno de la Generalitat; el Parlamento de Cataluña; el Gobierno del Estado español y las Cortes Generales; el Consejo General del Poder Judicial, el comisario Europeo de Derechos Humanos, la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, Pablo de Greiff.
También ha invitado a la Defensora del Pueblo y a sus homólogos autonómicos a reanudar esta cuestión de manera individual y conjunta; y les ha propuesto hacer una puesta en común y seguimiento próximamente.
La actuación de oficio tiene como fin dar cumplimiento a los mandatos del Informe de Greiff, en que se pone en evidencia que el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho la justicia suficiente. Según de Greiff, los vacíos más grandes se manifiestan en cuanto a la verdad y a la justicia. "No se estableció nunca una política de estado en materia de verdad, no hay información oficial, ni mecanismos para aclarar la verdad".
Las recomendaciones concretas en cuanto a la reparación son:
Ampliar el reconocimiento y cobertura de los programas de reparación para incluir a todas las víctimas que hayan quedado fuera de los programas existentes. En particular, ampliar los estudios sobre las violaciones de los derechos de las mujeres y diseñar medidas de reparación y reconocimiento del especial daño que sufrieron como consecuencia de la guerra civil y el franquismo.
Identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho y del proceso debido durante la guerra civil y el franquismo.
Interpretar la Ley de Amnistía de manera que no suponga un obstáculo a las investigaciones y al acceso a la justicia relativa a las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra civil y el franquismo.
En este sentido, el Síndic ha pedido al Estado español que garantice el cumplimiento de los elementos y mandatos de la Ley Memoria Histórica y al Congreso de Diputados que vele por que se haga efectivo.
También ha solicitado al Gobierno estatal y al Gobierno catalán el acceso sin limitaciones a todos los archivos de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista. A ambos gobiernos, y también al Consejo del Poder Judicial, les ha pedido la revisión de los juicios de condena del presidente de la Generalitat, Lluís Companys.
El Síndic ha insistido en algunas recomendaciones aún pendientes de cumplimiento, en concreto al Gobierno de la Generalitat, a partir de una queja, le ha reiterado la necesidad de impulsar y facilitar la tarea del banco de ADN de personas desaparecidas.
La reparación, moral y económica, ha sido el motivo de una actuación histórica del Síndic de Greuges, concretamente sobre la devolución del dinero decomisado a las familias catalanas durante el año 1939. El Síndic, en las recomendaciones, ha instado de manera reiterada tanto a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados como al Defensor del Pueblo español a activar mecanismos de compensación que permitan la reparación de las pérdidas patrimoniales mencionadas.
La resolución más reciente sobre esta cuestión insta a la Generalitat a que actualice el censo de símbolos franquistas como paso previo a la eliminación de toda simbología del régimen dictatorial. En la actuación de oficio global que ahora ha abierto, el Síndic solicita el cumplimiento de la Ley de Memoria histórica, especialmente en cuanto a la retirada de los símbolos franquistas (Valle de los Caídos, Tortosa, etc).
Por último, también ha solicitado a todas las partes que se amplíen los programas educativos y divulgativos sobre estas cuestiones.
