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El Síndic reclama frente al Parlamento más difusión del derecho de acceso a la información para instaurar la cultura de la transparencia
Comparecencia Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ha comparecido en comisión para explicar el primer informe de evaluación de la Ley de transparencia, de acuerdo con el encargo parlamentario
Asegura que la participación activa de la ciudadanía es fundamental para que la Administración complete su papel en este nuevo escenario
Se detectan carencias en la organización de los datos publicados
Destaca que hacen falta más esfuerzos para garantizar este derecho y también una inversión significativa de recursos para adaptar y gestionar la información
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes en comisión en el Parlamento para explicar el primer Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que presentó en el mes de julio de 2016.
Durante su intervención ha apelado especialmente a la necesidad de realizar una mayor difusión del contenido de la Ley 19/2014, conocida como Ley de transparencia, entre la población. En opinión del Síndic, las personas deberían conocer el fondo de las nuevas obligaciones de las administraciones para poder exigir su cumplimiento. Especialmente relevante es la difusión del derecho de acceso a la información, mecanismo que permite a las personas ejercer el control sobre las actuaciones de la Administración.
La participación activa de la ciudadanía es fundamental para normalizar la cultura de la transparencia entre la opinión pública y las administraciones, que deben asumir el deber de dar visibilidad a informaciones hasta ahora consideradas de uso interno.
En este sentido, el número de solicitudes de acceso a la información durante el período evaluado ha sido escaso, cosa que evidencia una falta de conocimiento y de sensibilización entre la población en cuanto al ejercicio de este derecho.
El Síndic, además, es partidario de hacer difusión de este derecho de acuerdo a los estándares del Convenio 205 del Consejo de Europa y de dotarlo de una regulación propia independiente, en términos homologables a los países del entorno.
Rafael Ribó destaca que con el Informe "el Síndic da cumplimiento a la Ley con el objetivo de señalar las dificultades detectadas y de servir de punto de referencia y de comparativa para las futuras evaluaciones". El Síndic ha contado con la colaboración de la Fundación Carles Pi i Sunyer y del equipo formado por los catedráticos Manuel Villoria, Agustí Cerillo y Juli Ponce para la obtención de datos, que se ha centrado en el primer trimestre del año 2016.
El análisis se ha estructurado en los bloques de materias que prevé la Ley y el universo analizado ha sido, en cuanto a la publicidad activa, más de 2.400 portales web entre administraciones y otros entes obligados. En cuanto al resto de obligaciones de la Ley (el derecho de acceso, el registro de grupos de interés, el buen gobierno y el gobierno abierto), se ha pedido información a la Generalitat de Cataluña, a las diputaciones, a los consejos comarcales, a los ayuntamientos más grandes de 500 habitantes, al Área Metropolitana de Barcelona, a las universidades públicas, y a los órganos estatutarios y otros entes de control.
En general, se ha constatado un nivel de cumplimiento bastante elevado en los aspectos más genéricos en materia de transparencia y publicidad informativa, y más dificultades cuando se trata de publicitar contenidos que antes no eran obligatorios (cartas de servicios y códigos éticos, por poner algún ejemplo). El Síndic destaca que el soporte técnico del AOC (Consorcio de Administración Abierta de Cataluña), sobre todo a escala municipal, ha sido clave.
Las carencias más grandes en cuanto a la información publicada se detectan en la organización y el formato de los datos. Además, estas carencias son más visibles en los entes de menos dimensión, cosa que es atribuible al hecho de que disponen de muchos menos recursos. El Síndic recomienda que se dediquen esfuerzos para que la información sea reutilizable y esté estructurada de manera comprensible, como prevé la Ley, en el plazo más breve posible. El Informe destaca que la puesta en marcha y la consolidación de todos los cambios que impone la Ley requieren una inversión significativa de recursos.
Eliminar el plazo de treinta días para entregar la información, organizar los archivos administrativos y facilitar la identificación de los solicitantes son propuestas dirigidas al bloque del derecho de acceso. En cuanto al registro de grupos de interés, incide en que será necesario hacer públicas las actividades y las actuaciones concretas de influencia que lleven a cabo.
El Síndic también recuerda que está pendiente el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2014 para concretar el alcance y las obligaciones, y que es preciso ampliar la regulación de los canales y los instrumentos de participación ciudadana.
