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La Generalitat acepta la recomendación del Síndic sobre 'el dinero de bolsillo' de personas con discapacidad
Se aplicará con efectos retroactivos a 1 de enero de 2016
En 2014, un cambio normativo redujo sensiblemente el dinero que los afectados podían conservar para sus gastos personales
Las recomendaciones del Síndic de Greuges de Cataluña y las reclamaciones de las entidades del sector de las personas con discapacidad han sido finalmente aceptadas por del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia que recientemente ha aprobado una orden relativa al sistema de copago de los servicios de dependencia. En concreto, la orden establece nuevos porcentajes para fijar la cantidad mínima garantizada para gastos personales o “dinero de bolsillo” para estas personas.
Se trata de una modificación legal que viene a rectificar un cambio normativo del año 2014 que reducía sensiblemente el porcentaje sobre las rentas de los usuarios que estos podían conservar para sufragar sus gastos personales. Gastos en muchos casos elevados teniendo en cuenta el coste de la adquisición y mantenimiento de ayudas técnicas, tratamientos específicos u otros asuntos necesarios por motivo de la discapacidad, y que no están cubiertos por la Seguridad Social o por el sistema público de servicios sociales.
La aplicación de los nuevos porcentajes de las rentas de los usuarios reconocidos como dinero de libre disposición será retroactiva a 1 de enero de 2016.
Ya en 2014 el Síndic de Greuges de Cataluña abrió una actuación de oficio con el objeto de estudiar el proceso de aplicación de la citada orden que ahora se ha modificado. En el marco de este estudio mantuvo contacto con entidades y federaciones de entidades de personas con discapacidad, que se mostraron especialmente preocupadas por la reducción de la cuantía del dinero de libre disposición que la orden preveía para las personas con discapacidad ingresadas en recursos residenciales. Además, comportaba una modificación del sistema de cálculo de la capacidad económica de las personas beneficiarias del sistema.
Además de actuar de oficio, el Síndic recibió numerosas quejas individuales en relación a este asunto.
Previamente a la aprobación de la nueva orden, hace unos meses se habían pactado con el sector de personas con discapacidad nuevos porcentajes de las cantidades mínimas garantizadas para los gastos personales que se aplicarían de forma gradual, en función de las disponibilidades presupuestarias y de la normativa correspondiente.
El Síndic insistió en la necesidad de dotar este pacto de seguridad jurídica.
