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El Síndic apela a la responsabilidad de la Administración tanto en la detección del abuso sexual infantil como en la atención a las víctimas
Comparecencia Informe sobre el abuso sexual infantil en Cataluña
La Generalitat aún debe crear el servicio de atención especializada a las víctimas previstas en la Ley de infancia de 2010
Pide la implicación de todos ámbitos, especialmente desde el sistema educativo, donde se han puesto de manifiesto más carencias últimamente
En el año 2015 sólo se detectaron 644 posibles víctimas
Es necesario dar visibilidad al problema con campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y también a los sectores profesionales
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia, M. Jesús Larios, han reivindicado ante la Comisión Parlamentaria de Infancia la responsabilidad de la Administración en la situación de desprotección de los niños y adolescentes frente a los abusos sexuales. El motivo ha sido el debate parlamentario, este martes 13 de diciembre, del Informe sobre el abuso sexual infantil en Cataluña, hecho público el pasado mes de octubre.
El Informe destaca que el artículo 93 de la Ley 14/2010 establece que la Generalitat, por medio del departamento competente en infancia y adolescencia, debe crear un servicio de atención especializada dirigido a niños y adolescentes víctimas de haber sufrido abuso sexual, pero a estas alturas la creación de este servicio aún está pendiente. Se ha creado de forma parcial, dirigido a niños y adolescentes bajo tutela de la Administración, por medio del Programa de atención especializada a menores víctimas de abusos sexuales en la infancia dependientes de la DGAIA. Actualmente, este programa se gestiona a través de una entidad privada, ofrece terapia psicológica a los niños tutelados o en situación de estudio, y también se dirige a los profesionales del sistema de protección que se encuentren frente a situaciones de sospecha o certeza de abuso. Sin embargo, no se ha creado un servicio de atención especializada en abuso sexual infantil dirigido a toda la población de niños y adolescentes y, por tanto, no se ha completado el mandato de la Ley.
El abordaje del abuso sexual y la protección de niños y adolescentes hace necesario que los poderes públicos adopten medidas no sólo para prevenirlo y detectarlo, sino también para tratar los niños y adolescentes que han sido víctimas.
El derecho de los niños víctimas de abuso a la recuperación física y psicológica presenta, a estas alturas, graves déficits de cumplimiento.
El Síndic también ha reclamado que las administraciones adopten medidas para dar visibilidad a la problemática del abuso sexual infantil. Una problemática que, como en general la violencia ejercida hacia los niños, constituye un fenómeno que se mantiene a menudo oculto y que presenta enormes dificultades para ser detectado.
Los resultados de los estudios hechos en Cataluña cifran cerca del 15% el porcentaje de niños y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales en alguna ocasión.
Este dato contrasta notablemente con los atestados, según los cuales en el año 2015 fueron 644 los niños y adolescentes víctimas de algún tipo de abuso o agresión sexual. Es importante destacar que 30 de estos casos han tenido lugar en escuelas; 7, en institutos, y 12, en centros de menores.
En cuanto a la aplicación de los protocolos, el Informe alerta de que los protocolos de maltratos aún no son lo suficientemente conocidos entre los profesionales porque no se ha realizado una difusión suficiente.
Reclama una implicación de todas las administraciones afectadas y remarca los déficits en la formación de los profesionales del sistema educativo.
En cuanto a los niños en situación de desamparo, el Síndic pone de manifiesto la mayor vulnerabilidad de estos niños y la obligación de especial atención por parte de la Administración que ejerce la tutela para evitar que puedan ser victimizados, a pesar del ejercicio de la función protectora. Así mismo, ha recomendado una mayor prevención y supervisión en los centros de protección para evitar abusos sexuales.
