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El Síndic evidencia que reiteradas vulneraciones de derechos derivan de errores y malas prácticas administrativas
Más de un 33% de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas por el Síndic a lo largo de 2016 se corresponden a temas propios de las políticas sociales
La gestión de la renta básica de emancipación es un ejemplo claro de mala administración
La sostenibilidad territorial, los suministros básicos y las expresiones democráticas también han centrado la comparecencia del Síndic
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes, 13 de marzo de 2017, en comisión parlamentaria para presentar y debatir con los diputados su Informe anual 2016. El documento recopila las actuaciones más destacadas del año pasado.
El Informe pone en evidencia cómo la falta de presupuesto y de recursos no son argumentos suficientes para justificar reiteradas vulneraciones de derechos. A partir de las quejas recibidas, el Síndic ha detectado fallos y malas prácticas administrativas fruto de una falta de voluntad real para mejorar el funcionamiento de la Administración.
La renta básica de emancipación (RBE) es un ejemplo claro. Según el síndic, la gestión de la ayuda es la antítesis de la buena administración y las personas afectadas no deben asumir las consecuencias derivadas de esta mala praxis administrativa. El Síndic considera inadmisible la actuación de la Administración a la hora de revocar el derecho a percibir la RBE y de reclamar la devolución de las ayudas por haber superado al máximo de ingresos estipulados. Y más cuando ha habido casos de jóvenes que superaron el tope de ingresos de 22.000 euros por el hecho de haber sido perceptores de la RBE.
También en esta línea, la falta de ciertas regulaciones y normativas y la excesiva exigencia de trámites impiden el completo ejercicio de derechos en la mayoría de materias.
El Síndic ha recomendado, por ejemplo, que se simplifiquen los procesos de acceso a las ayudas por pobreza energética, a la renta mínima de inserción y a las ayudas de la ley de dependencia. Las dificultades y el desconocimiento sobre procedimiento administrativo también afectan al cumplimiento de derechos en temas de participación ciudadana sobre proyectos públicos o a la hora de acceder a una vivienda social.
En este sentido, el Síndic considera que las recomendaciones que incluye en las resoluciones que emite son un instrumento eficaz para que la Administración detecte estos fallos y las corrija. El hecho de que en el año 2016 el grado de aceptación de las resoluciones emitidas haya superado por primera vez el 99% es un indicativo que se están haciendo adelantos en este campo.
Más de un 33% de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas por el Síndic a lo largo del año 2016 se corresponden a temas propios de las políticas sociales. Es un porcentaje superior a la del año anterior y sigue la dinámica de los últimos ejercicios, en que los derechos sociales han sido los principales protagonistas de las actuaciones del Síndic.
En este sentido, el Síndic ha detectado que, a pesar de que en términos macroeconómicos parece que Cataluña está saliendo de la crisis económica de los últimos años, muchas familias continúan encontrándose en situaciones vulnerables, hecho que requiere el compromiso por parte de las autoridades de priorizar las políticas sociales que afectan los servicios sociales, la salud y la educación pública o el acceso a la vivienda, entre otros.
La sostenibilidad territorial, los suministros básicos y las expresiones democráticas también han centrado la comparecencia del Síndic.
Acceda a la nota de prensa de presentación del Informe Anual
