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El derecho a los suministros básicos, la vulnerabilidad social y la sostenibilidad territorial, ejes de la comparecencia del Síndic sobre el Informe anual ante el Pleno del Parlamento
Rafael Ribó presenta a los diputados de la Cámara el Informe 2016 y pide más recursos y presupuestos para las políticas sociales
Los ejemplos urbanísticos de Pals, Tossa y la carretera del Montseny evidencian que se requieren más medidas para proteger el medio ambiente
El grado de aceptación de las resoluciones emitidas ha superado por primera vez el 99%
El síndic aprovecha para informar del compromiso adoptado por los ombudsmans europeos de exigir políticas más humanitarias con las personas migrantes de acuerdo con los tratados internacionales
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este miércoles, 5 de abril de 2017, ante el Pleno del Parlamento para presentar y debatir con los diputados el Informe anual 2016. El documento recopila las actuaciones más destacadas del año 2016.
Algunos datos relevantes son las 38.261 personas atendidas, las más de 18.000 quejas tramitadas y las 281 actuaciones de oficio iniciadas. Con respecto a la eficiencia de la institución, es positiva la reducción del tiempo de resolución de las quejas, que se ha situado en 123,4 días, frente a los 132,6 días del año 2015.
También es destacable la tarea que realiza la oficina itinerante del Síndic, que en el año 2016 ha celebrado los 20 años desde que se efectuó la primera salida. En todo el año ha hecho 113 desplazamientos, que se han traducido en 1.620 visitas.
Más de un 33% de las quejas y actuaciones de oficio iniciadas por el Síndic a lo largo de 2016 corresponden a temas propios de las políticas sociales. Es un porcentaje superior al del año anterior y sigue la dinámica de los últimos ejercicios, en que los derechos sociales han sido los principales protagonistas de las actuaciones del Síndic.
En este sentido, el Síndic ha detectado que, a pesar de que en términos macroeconómicos parece que Cataluña está saliendo de la crisis económica de los últimos años, muchas familias continúan encontrándose en situaciones vulnerables, hecho que requiere el compromiso por parte de las autoridades a fin de priorizar las políticas sociales que afectan a los servicios sociales, a la salud y a la educación pública o el acceso a la vivienda, entre otros. El Síndic ha incidido especialmente en las carencias que afectan a la infancia. También ha abordado las necesidades de la gente mayor, de las víctimas de la violencia machista, de los internos en centros penitenciarios y de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI.
Las quejas relacionadas con la sostenibilidad territorial evidencian, según el síndic, la necesidad creciente de promover la participación ciudadana y la transparencia de las administraciones para que los vecinos den su parecer sobre la viabilidad de los proyectos urbanísticos antes de que estos se aprueben.
Algunas actuaciones destacadas en este ámbito son las construcciones urbanísticas previstas en Tossa de Mar y Pals, los aeropuertos del Bages y la Cerdanya o la carretera del Montseny. También ha mencionado la precariedad de la red de cercanías Renfe y el derecho al descanso y a la convivencia.
La complejidad para solicitar las ayudas a la pobreza energética, el precio del gas butano y la reducción del IVA funerario son algunos de los ejemplos citados en el Informe en cuanto a los derechos a los suministros básicos.
El Síndic considera que las recomendaciones que incluye en las resoluciones que emite son un instrumento eficaz para que la Administración detecte estos errores y los corrija. El hecho de que en el año 2016 el grado de aceptación de las resoluciones emitidas haya superado por primera vez el 99% es un indicativo que se está avanzando en este campo.
Rafael Ribó ha aprovechado para informar la Cámara catalana acerca de la Declaración de Barcelona, reciente aprobada, en el marco de un simposio sobre derechos humanos que ha tenido lugar los días 3 y 4 de abril en el Parlamento. En esta Declaración los ombudsmans europeos miembros del capítulo europeo del Instituto Internacional del Ombudsman, que preside el síndic, se comprometen a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, tantos económicos y sociales como civiles y políticos.
Además, exigen a los estados de la Unión Europea que cumplan plenamente sus deberes internacionales en materia de derechos humanos y supriman los estados de excepción y las suspensiones del Convenio europeo allí donde estas limitaciones no sean absolutamente imprescindibles.
También exigen a los estados europeos que acojan a las personas migrantes y refugiadas, en cumplimiento de la propuesta de la Comisión Europea de septiembre de 2015, y que las traten de acuerdo con los estándares y los tratados internacionales y europeos de derechos humanos, con una atención especial a los derechos y al interés superior de los niños.
Acceda a la nota de prensa de presentación del Informe anual
