Ribó presenta el informe sobre la regresión de derechos acompañado por el decano del colegio, Oriol Rusca, y por los expertos en el ámbito del derecho que han colaborado en la elaboración del documento
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y el relator de las Naciones Unidas se han pronunciado sobre los riesgos de la falta de separación de poderes
La reforma del Código penal, la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de seguridad nacional suponen graves restricciones a la libertad de expresión, como evidencian casos recientes
La Sentencia 42/2014 del TC y la reforma en 2014 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional han modificado profundamente y de manera unilateral el papel del TC y han afectado a la independencia
El síndic de greuges ha presentado este lunes 29 de mayo en el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), acompañado por el decano del ICAB, Oriol Rusca, el informe monográfico Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España. El documento, que fue entregado en el Parlamento hace un mes, se ha elaborado con la colaboración del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) y con las contribuciones singulares de los profesores Joan Queralt y Joan Vintró, de la Universidad de Barcelona. Ambos, junto con la abogada Eva Labarta, han acompañado al síndic en el acto de presentación. Milagros Pérez Oliva ha sido la periodista que ha conducido y moderado el acto. José María Mena, ex-fiscal en jefe de Cataluña, también ha colaborado de manera puntual en la elaboración del documento.
Ante un auditorio lleno, el síndic, Rafael Ribó, ha alertado de las graves y evidentes regresiones democráticas que afectan a los derechos y a las libertades fundamentales en todo el Estado y especialmente en Cataluña. Ribó, quien ha elevado el informe al comisario europeo de Derechos Humanos, ha afirmado que es preciso denunciar la situación a los organismos internacionales para que intervengan y garanticen el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos. El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa), la Comisión de Venecia y el relator de las Naciones Unidas ya se han pronunciado y han reclamado reformas para garantizar la separación de poderes.
Sobre esta cuestión, especialmente evidente frente el conflicto político de los últimos años con las instituciones catalanas, todos los ponentes han coincidido en la relevancia de la Sentencia 42/2014 del TC, que permite someter a control jurisdiccional las resoluciones parlamentarias de carácter estrictamente político, previamente no impugnables.
También ha sido un factor clave la reforma, en el año 2014, de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que le dota de capacidad sancionadora. Ambas medidas han cambiado el rol inicialmente concebido, han afectado a la independencia y han facilitado el camino para la imputación y condena del ex-presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, el ex-vicepresidenta y dos de sus consejeros, de Presidencia y Enseñanza, además de la presidenta y la Mesa del Parlamento de Cataluña.
El abuso de las iniciativas penales contra cargos electos vinculados al delito de desobediencia y a la libertad de expresión, como en el caso del regidor de Vic, Joan Coma; la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, y diversos regidores del Ayuntamiento de Badalona, conlleva un alto riesgo de desgaste democrático. Por un lado, porque las muestras o actos de naturaleza política en un estado de derecho se deberían poder ejercer libremente. Por otra parte, porque aplicar el derecho penal en estos casos puede tener un efecto silenciador o disuasivo más propio de regímenes opresores que democráticos.
Los ponentes, autores del documento, también denuncian el abuso de la vía penal en supuestos casos de delitos de incitación a la violencia y al odio o para hacer ensalzamiento del terrorismo. En cuanto a este último supuesto, el Síndic expone ejemplos como el de los titiriteros de Madrid o el de la tuitera Cassandra, condenada por hacer chistes del atentado en que murió Carrero Blanco. Según el síndic, es necesario revisar la legislación vigente y la doctrina jurisprudencial para conseguir un perfecto equilibrio, con una especial atención a las redes sociales.
El informe también aborda la revelación de conversaciones con contenido conspirador entre el entonces ministro del Interior y el anterior director de la Oficina Arifraude de Cataluña, cuestión sobre la que el Síndic abrió una actuación de oficio, en la que recomienda que el Gobierno y las instituciones del Estado adopten todas las medidas para investigar lo que pasó, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan en los ámbitos político y penal.
En cuanto a las interferencias y deficiencias en los procesos electorales de 2012 y 2015, que afectaban gravemente al derecho de voto, Rafael Ribó considera que deben tener una respuesta adecuada por parte de los órganos competentes (Fiscalía y juntas electorales, según el caso).
También se hace referencia al Informe del relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición, en que evidencia que el Estado español no ha afrontado el pasado ni ha hecho la justicia suficiente en materia de memoria democrática.
El síndic ha recordado que el deterioro de la calidad democrática no es privativo de las instituciones del Estado. Así, a principios de 2017 también ha iniciado dos actuaciones de oficio a raíz de las declaraciones, como mínimo desafortunadas, de cargos políticos catalanes en que se insinuaba que el Gobierno disponía de datos personales de la ciudadanía o se animaba a los funcionarios a dar apoyo al ex-presidente Mas, también recogidas en el informe.
Acceso al informe