El adjunto general defiende en su comparecencia parlamentaria sobre el Proyecto de ley la tarea ejercida por la institución en este ámbito
Argumenta que desde que ostenta el mandato de defender la igualdad específica entre hombres y mujeres el incremento de actuaciones en este ámbito ha sido de un 775% y, en el caso de los derechos LGTBI, un 327%
Cuestiona que la propuesta no incluya sectores de intervención como el del orden público y la privación de libertad y que un solo artículo incluya a todos los colectivos vulnerables
El adjunto general al Síndic, Jaume Saura, ha comparecido este lunes 3 de julio ante la comisión parlamentaria del Proyecto de ley para la igualdad de trato y la no-discriminación. Y lo ha hecho con la petición expresa de que la nueva normativa reconozca explícitamente el encargo y competencias del Síndic como garante de los derechos en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y del colectivo LGTBI. Reconocimiento que el redactado actual no contempla.
Las cifras, en opinión del Síndic, avalan la petición de que la nueva normativa incluya una referencia explícita al papel de la institución en la defensa de derechos en temas de igualdad. Desde que entró en vigor la Ley 11/2014, de defensa de los derechos LGTBI, hasta el 31 de diciembre de 2016, el Síndic ha registrado 58 actuaciones relacionadas con este ámbito. En los dos años anteriores (2012-2013) tan sólo recibió 11. El incremento de actuaciones ha sido del 327,3%.
También ha sido notable el aumento de actuaciones en el ámbito de igualdad de género, en que de siete actuaciones llevadas a cabo entre los años 2012 y 2014 se ha pasado a hacer 35 en un año y medio de funcionamiento de la ley. Esto conlleva una variación del 775%.
La posible supresión del artículo que permite al Síndic pedir sanciones en el ámbito LGTBI supone, según el Síndic, un paso atrás. Además, la institución ya lo ha utilizado y ha servido de referencia para la Comunidad de Navarra, cuya normativa incluye dicho artículo.
En cuanto a la propuesta de crear un órgano específico de garantía para la igualdad de trato y la no discriminación, Saura ha considerado que es una buena medida y es necesaria pero ha alertado de que no disfruta de la independencia de los ombudsman y de que el Síndic lo podrá supervisar y enviar recomendaciones, si es preciso.
Sobre otros aspectos de la nueva normativa en proceso de debate, el Síndic defiende la idoneidad de una ley general. Respecto al texto vigente, señala diversas carencias o aspectos a mejorar. Así, no se contemplan sectores de intervención que sí se incluyen en la Ley de defensa de los derechos LGTBI. Este es el caso del orden público y privación de libertad. En cuanto a otros ámbitos, como salud o educación, están pocos desarrollados y son poco concretos.
En su comparecencia, el adjunto ha recomendado tener en cuenta las peculiaridades de los colectivos vulnerables (niños, gente mayor, personas discapacitadas), que ahora se incluyen en un único artículo de la ley. También ha sugerido que se añada un artículo dedicado a la atención y reparación de las víctimas.
Por último, ha reivindicado la presencia del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que ahora se omite.
Saura ha avanzado que la próxima semana presentarán en comisión parlamentaria los informes correspondientes a estos dos ámbitos.