Noticias

El informe del Síndic sobre evaluación de la transparencia indica que las solicitudes de acceso a la información se han triplicado en 2016 y se equiparan a las de países avanzados

El Síndic de Greuges ha presentado este jueves, 6 de julio, el segundo Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Después de entregar el documento a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, Rafael Ribó ha hecho públicas las principales conclusiones y recomendaciones incluidas en el Informe.

Una de las conclusiones más destacadas ha sido el elevado número de solicitudes de acceso a la información recibidas en el año 2016, dato que se ha obtenido a partir de las respuestas facilitadas por las administraciones evaluadas. Según las respuestas, se han registrado 9.127 solicitudes, tres veces más que en la evaluación anterior. Esta cifra sitúa a Cataluña en una ratio de 121,96 solicitudes por cada 100.000 habitantes mayores de dieciséis años, similar a la ratio de países donde el derecho de acceso a la información está reconocido desde hace más tiempo.

El incremento de solicitudes indica un mayor conocimiento del derecho que el que se pudo constatar en el año anterior. A pesar de esto, dado su carácter esencial desde la perspectiva de la participación ciudadana y el control democrático sobre los poderes públicos, el Síndic insiste en que es necesario continuar haciendo un esfuerzo para difundir el derecho de acceso a la información y propone que la Generalitat y las administraciones locales realicen una campaña conjunta.

Este carácter de derecho democrático esencial conlleva que debe recibir una atención preferencial de las administraciones. El alto porcentaje de ausencia de respuesta (medida a partir de un muestreo de consultas hechas de incógnito según el método que se conoce como "ciudadano oculto") indica que aún no es así. De 175 solicitudes enviadas, 53 han quedado sin respuesta.

En cuanto a la publicidad activa, se han analizado más de 2.400 portales web entre administraciones y otros entes obligados. La heterogeneidad de los resultados dificulta las valoraciones globales. A pesar de esta disparidad, se observa que las administraciones más grandes tienden a mantener y mejorar los resultados del año anterior en cuanto a la información publicada. La mejora ha sido más significativa en las administraciones pequeñas, que en el período inicial presentaban un cumplimiento más precario. Actualmente, ya no hay ningún ayuntamiento sin portal. Aún así, hace falta reforzar los mecanismos de apoyo a los municipios con menos recursos, a fin de que sus contenidos informativos se adapten a la Ley.

Las carencias más importantes se continúan produciendo en las entidades dependientes. En el caso de la Generalitat, se aprecia un contraste importante entre los organismos propios, con un buen cumplimiento de la ley, y los entes dependientes. Hasta un 37% de estos últimos no disponen de portal de transparencia.

En cuanto a la calidad y el formato de la información, el análisis de los portales refleja, en términos generales, carencias sustanciales en el cumplimiento de los criterios legales de actualización y claridad de la información y reutilización de los datos publicados.

El número de inscripciones en el Registro de grupos de interés también ha experimentado un incremento exponencial, y ha pasado de casi 100 en el primer informe a cerca de 2.000 en el pasado mes de mayo. En esta expansión, ha tenido un papel primordial la obligación de los altos cargos de hacer públicas las reuniones que mantengan con estos grupos.

La actividad de influencia es legítima como forma de participación si es transparente y el principio de transparencia aplicado a los lobbies implica dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad que prevé la Ley. En el caso de las anotaciones de reuniones entre altos cargos y grupos de interés, conlleva que deba consignarse el motivo concreto de la reunión.

En cuanto a las obligaciones de buen gobierno, el informe destaca adelantos significativos en la elaboración de códigos de conducta y mucho más limitados en cuanto a la elaboración de cartas de servicios adaptados a la Ley y la calidad normativa.

El Informe también destaca que está pendiente el despliegue reglamentario de la Ley 19/2014 para concretar el abasto y las obligaciones, a pesar de que se han iniciado los trabajos para hacer efectivo este despliegue.

En cuanto a la metodología, a parte del análisis directo de los portales web, en cuanto al resto de obligaciones de la Ley (el derecho de acceso, el registro de grupos de interés, el buen gobierno y el gobierno abierto), se ha pedido información a la Generalitat de Cataluña, a las diputaciones, a los consejos comarcales, a todos los ayuntamientos (el año anterior se habían excluido los de menos de 500 habitantes), al Área Metropolitana de Barcelona, al Consejo General de Aran, a las universidades públicas y a los órganos estatutarios y otros entes de control.

Un total de 251 ayuntamientos y 3 consejos comarcales no han respondido al cuestionario del Síndic para poder elaborar este informe, y 53 de un total de 175 entes no han respondido a una solicitud de acceso a información hecha de incógnito. Todos están listados en el documento disponible en la web www.sindic.cat. También están disponibles todos los datos recogidos a partir de la exploración de los portales web y de los cuestionarios. 

Acceso al Informe y a los documentos anexos

Volver