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El Síndic investigará las responsabilidades políticas y judiciales de la actuación policial durante el 1 de octubre
A pesar de que la orden del TSJC es clara en cuanto al cierre de los colegios electorales, también dice que se debe realizar “sin afectar a la normal convivencia ciudadana”
Los marcos legales catalanes, español y europeo determinan que la libertad de expresión, de manifestación, de reunión y de información debe prevalecer
Rechaza el uso de proyectiles de goma, prohibidos en Cataluña desde el año 2014, y cuestiona los procedimientos seguidos en los registros
Tras realizar un seguimiento de las actuaciones policiales llevadas a cabo el 1 de octubre a partir de las quejas recibidas y de la información a qué se ha accedido desde diversos canales, el Síndic ha abierto una actuación de oficio. Rafael Ribó ha considerado que, a pesar de que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es clara en cuanto al cierre de los colegios electorales, también señala que esto se debe hacer “sin afectar a la normal convivencia ciudadana”.
En primer lugar, sobre las cargas policiales, y dada la ausencia de altercados y de comportamientos violentos por parte de las personas afectadas que las justifiquen, el Síndic quiere esclarecer las responsabilidades políticas y judiciales. En concreto, está investigando qué mando dio la orden de llevar a cabo las cargas y qué órdenes concretas tenían los agentes.
Rafael Ribó recuerda que los marcos legales, catalán, español y europeo determinan que la libertad de expresión, de manifestación, de reunión y de información debe prevalecer. Son los pilares de la democracia, incluidos en el Código europeo de derechos, suscritos por todos los estados.
El Síndic ha abierto una actuación de oficio específica sobre la agresión a una mujer que afirma haber sido víctima de vejaciones sexuales.
En segundo lugar, se investiga el uso de proyectiles de goma por parte de la Policía Nacional. En este sentido, diversas fuentes señalan que hay dos personas heridas por pelotas de goma (en un ojo y en una pierna). El Síndic recuerda que desde el año 2014 los proyectiles de goma están prohibidos en Cataluña y condena y rechaza su utilización.
En tercer lugar, la institución investiga si la Policía Nacional y la Guardia Civil acreditaron adecuadamente la orden judicial para efectuar las entradas y los registros. Asimismo, valorará si los desperfectos ocasionados en los centros educativos y otros establecimientos públicos han sido los mínimos indispensables. Según el Síndic, será necesario ver si estos decomisos sobrepasan el mandamiento judicial de “requisar todo el material relacionado con el referendo”.
Por último, el Síndic está analizando el papel desempeñado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la distribución de competencias entre los diferentes cuerpos de acuerdo con las previsiones constitucionales.
Rafael Ribó, antes de realizar un llamamiento al diálogo y al uso de instrumentos democráticos para llegar a un entendimiento, se ha mostrado muy preocupado por el uso de la fuerza en la actuación policial: “Desde el año 76, en una manifestación a favor de la amnistía en el paseo de Sant Joan, no había visto nada igual”, ha manifestado.
El Síndic trasladará estas actuaciones al Defensor del Pueblo, al delegado del Gobierno en Cataluña y al ministro del Interior. Asimismo, las pondrá en conocimiento del comisario europeo de Derechos Humanos, la defensora del pueblo europeo, el Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos, el presidente del Instituto Internacional del Ombudsman y de los defensores autonómicos.
