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El Síndic reclama que la plusvalía generada por la SAREB revierta en el conjunto de la ciudadanía y contribuya a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna
Informe sobre el derecho a la vivienda: cuestiones urgentes
Reclama al ente público que ceda el 30% de inmuebles para poder cubrir la demanda, situación agravada por el encarecimiento del mercado
Las quejas recibidas en la institución ponen de manifiesto la imposibilidad con que se encuentran muchas personas y familias para acceder a una vivienda asequible
Es necesario que la Administración incremente el uso del derecho de tanteo y retracto en la adquisición de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria
Las suministradoras y las administraciones deberían firmar un protocolo que garantizara el acceso a los suministros de las personas que están ocupando una vivienda forzadas por la necesidad
La frustración y el desamparo ante la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, denominador común de la mayoría de quejas que ha recibido al Síndic durante los últimos años en el ámbito de la vivienda, deberían avergonzar a las administraciones. En opinión del Síndic, es inaceptable que el derecho a la vivienda, reconocido por el Estatuto y la Constitución se vulnere de manera reiterada y que al mismo tiempo el Gobierno estatal asuma con dinero público un rescate bancario que se eleva en su balance a cerca de 43 mil millones de euros.
El Síndic considera que se está tiempo aún de corregir la situación actual y de hacer posible que la plusvalía generada por la SAREB también revierta en el conjunto de la ciudadanía, de modo que se haga efectivo su derecho a una vivienda digna y adecuada, tal y como propugna la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña.
Para hacerlo posible, el Gobierno del Estado debería emprender las medidas legislativas pertinentes para garantizar que la SAREB ceda al menos un 30% de sus viviendas con destino a alquiler social y para determinar los requisitos que deben cumplir las entidades y las administraciones a las cuales se encomiende la gestión de las viviendas.
Pasados los efectos de la crisis, la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible, lejos de mejorar, se ha agravado por el encarecimiento histórico del mercado inmobiliario. Las administraciones no han sabido aprovechar las herramientas a su alcance, entre ellas la SAREB, considerada una de las inmobiliarias con más propiedades de suelo en España, y el parque de viviendas sociales es insuficiente. Es preciso aprobar un plan territorial de vivienda en que todas las administraciones implicadas trabajen coordinadamente e incrementen las viviendas sociales. Así expresa el Síndic la situación de la vivienda en su Informe sobre el derecho a la vivienda: cuestiones urgentes, presentado este miércoles 28 de febrero de 2018.
El informe incluye un listado de recomendaciones y constata que es posible la creación de un parque de viviendas destinadas a alquiler social, mediante no solo la puesta en práctica de los instrumentos legales que ya ofrece la normativa vigente sino también con la adopción de políticas públicas que tengan como prioridad garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas.
El documento es una continuación de diversos informes elaborados por el Síndic con referencia al sobrendeudamiento y a las emergencias sociales. El último de estos, presentado en el mes de noviembre de 2015, es el Informe extraordinario sobre el acceso a la vivienda social. Todos ellos han sido elaborados a partir de las experiencias personales que llegan a la institución en forma de queja.
La Administración catalana, por su lado, debería tener un papel más activo en la compra de inmuebles afectados en procesos de ejecución hipotecaria. A pesar del derecho, preferente, de tanteo y retracto en la adquisición de viviendas que se atribuyó a las administraciones a través de una regulación, la compra ha sido insuficiente.
Según el informe, además de incrementar el parque de viviendas sociales, la respuesta a las situaciones de exclusión residencial actuales y, en especial, a las situaciones de emergencia, requiere que se agilice el procedimiento actual de adjudicación de viviendas y que se adopten medidas preventivas con coordinación con los Servicios Sociales para evitar situaciones de emergencia.
Otra propuesta es incrementar el presupuesto destinado a políticas públicas de vivienda dada la insuficiente inversión actual. También se sugiere establecer medidas de protección de los derechos de los arrendatarios y de los dueños de viviendas e impulsar la promoción de viviendas con protección oficial.
En cuanto a los casos de ocupación sin autorización de inmuebles de titularidad privada, el Síndic considera que si se trata de una situación de ocupación por razones de necesidad que ha sido desatendida por la Administración, las administraciones públicas y las compañías suministradoras deberían firmar un protocolo que garantizara tanto el acceso a los suministros, en condiciones de seguridad y con carácter provisional, mientras no se resuelva la situación de exclusión residencial de manera definitiva, como la seguridad jurídica respecto a las empresas suministradoras.
Por último, el informe aborda el tema de los desahucios y reitera las recomendaciones previas sobre la necesidad de un protocolo de actuación entre los juzgados y la Administración autonómica y el ayuntamiento, que no se produzca la pérdida efectiva de la vivienda habitual, al menos durante un plazo de dos meses durante el cual los servicios sociales y los de vivienda puedan hacer una valoración del caso y garantizar el realojamiento de las personas afectadas. Por último, dice que se deben buscar medidas para los deudores de buena fe inmersos en una situación de sobreendeudamiento que les permitan salir de dicha situación. El Síndic estima necesario impulsar las reformas legislativas necesarias para garantizar una segunda oportunidad, real y efectiva.
