Noticias
La Estructura de Derechos Humanos de Cataluña insta al Estado a investigar de manera urgente la actuación policial del 1 de octubre, tal como se comprometió ante el Consejo de Europa
El nuevo ente, creado en el año 2017 e impulsado por el Síndic en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, condena los excesos cometidos por las fuerzas policiales
La investigación, urgente e imparcial, debe permitir identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos, rendir cuentas por los hechos ocurridos y garantizar que no se repitan
La Estructura de Derechos Humanos de Cataluña (EDHC) ha exigido públicamente este viernes, 2 de marzo, que el Estado español haga efectiva una investigación sobre la actuación desmedida de la Policía Nacional del Estado y de la Guardia Civil contra los electores convocados a las urnas el pasado 1 de octubre de 2017.
Este nuevo ente, creado en el año 2017, reclama una investigación objetiva, clarificadora y con determinación de responsabilidades respecto a las alegaciones de excesivo uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La investigación, urgente e imparcial, debe permitir identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidos, rendir cuentas por los hechos ocurridos y garantizar que no se repitan en el futuro.
La EDHC ha hecho pública una declaración en la cual condena los excesos cometidos por las fuerzas policiales el 1 de octubre y la alteración de la convivencia ciudadana provocados por dichas fuerzas. También destaca que el Gobierno del Estado se comprometió a abrir una investigación ante el Secretario General del Consejo de Europa después de que este organismo y las Naciones Unidas se lo solicitaran públicamente.
Según la EDHC, los cuerpos de seguridad tenían que ponderar la ejecución del mandamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 27 de septiembre para impedir el referendo con los derechos individuales de libertad de expresión, manifestación y reunión de la ciudadanía. Además, puntualiza, debíeran haber prevalecido los derechos individuales en la medida en que se ejercieran, como fue, de manera pacífica.
El objetivo de la investigación debe ser también, como reclamaba el comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, disuadir otras conductas de malas praxis policiales y evitar cualquier escalada de tensión y violencia.
El Consejo Asesor de la Estructura de Derechos Humanos de Cataluña, impulsado por el Síndic en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, está integrado por once entidades y nueve personalidades relacionadas con el ámbito de los derechos humanos. La reunión de este viernes ha sido la segunda que han celebrado tras su constitución, el pasado mes de noviembre. En el marco del encuentro, que ha tenido lugar en la sede del Síndic, también han abordado una primera propuesta de catálogo de derechos en Cataluña, en sintonía con el encargo del Gobierno de realizar un Plan Nacional de Derechos Humanos.
Forman parte del Consejo Asesor del EDHC las siguientes entidades: Amnistía Internacional Cataluña; Asociación para las Naciones Unidas (ANUE); Colegio de Periodistas de Cataluña; Comisión Catalana de Ayuda a los Refugiados (CCAR); Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC); DINCAT; Fundación Jaume Bofill; Irídia. Centro por la defensa de los derechos humanos; Lafede.cat – organizaciones para la justicia global; Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y Unicef Comité Cataluña.
En cuanto a expertos, la EDHC cuenta con los siguientes miembros: la doctora en Derecho Constitucional, Mar Aguilera Vaqués; el profesor y sociólogo, Joan Benach Rovira; la profesora de Filosofía del Derecho, Encarna Bodelón González; el cirujano y presidente del Comité de Bioética de Cataluña, Marc Antoni Broggi Trias; la portavoz de la Fundación Ibn Battuta, Miriam Hatibi; el experto en voluntariado y asociacionismo y referente en el ámbito del esplai infantil y juvenil, Enric Canet; la profesora de Derecho Internacional público, Núria Camps; la abogada experta en discriminación, igualdad de género y derechos LGTBI, Laia Serra Perelló, y el economista y referente en materia de vivienda, Carme Trilla.
Las funciones de la Estructura, además de elaborar un plan nacional de derechos humanos, incluyen, entre otras, coordinar una red de derechos con entidades sociales, elaborar una propuesta de estado de los derechos humanos y emitir opiniones sobre los proyectos y las proposiciones de ley del Parlamento de Cataluña que tengan incidencia en el ámbito de los derechos humanos. Asimismo puede redactar informes vinculados a los informes periódicos que los estados deben presentar a los órganos y comités internacionales de protección de los derechos humanos, tanto a escala universal como europea, en particular en cuanto a la situación de los derechos humanos en Cataluña.
