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El Síndic inicia una investigación sobre la proporcionalidad y los efectos colaterales de los requerimientos realizados por Hacienda a la Generalitat
Ha detectado la posibilidad de que supongan un atentado contra la libertad de expresión, comunicación, cátedra y actividad de búsqueda e investigación
También alberga sospechas acerca del posible efecto intimidatorio de la medida
Invita a los afectados, directa e indirectamente, a hacerle llegar sus preocupaciones, a fin de analizar la situación de manera global
Ante los requerimientos remitidos a la interventora general de la Generalitat, por parte del Ministerio de Hacienda, sobre los gastos de la Generalitat de Cataluña, y del último, realizado el pasado 5 de marzo por José Enrique Fernández de Moya Romero, Secretario de Estado de Hacienda, el Síndic recuerda que el Gobierno de España ya intervino la Generalitat de forma posiblemente ilegal e inconstitucional a partir de una orden de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en septiembre de 2017, por la que disponía de todos los mecanismos de control de las finanzas publicas de Cataluña. En este contexto, el Síndic considera que se puede tratar de una inspección aleatoria y discriminatoria de organismos públicos, instituciones, entidades, profesionales y académicos, entre otros.
El Síndic de Greuges de Cataluña, en el marco de su función de velar por los derechos y libertades de las personas, considera que este requerimiento puede significar un claro atentado contra la libertad de expresión, de opinión, de comunicación, de cátedra y a la actividad de búsqueda e investigación, derechos y actividades que están especialmente protegidos por el marco constitucional y estatutario. En este sentido, el Síndic también ha detectado indicios del efecto intimidatorio (schiling o deterrent effect) en los reiterados requerimientos que el secretario de estado de Hacienda ha venido realizando.
Por consiguiente, el Síndic se dispone a estudiar a fondo el tema para analizar la proporcionalidad de los requerimientos, su motivación y justificación, así como los efectos colaterales que se puedan estar produciendo, y a elevar las consecuencias y recomendaciones a todas las instituciones implicadas, como son el Gobierno de España, las Cortes Generales, el Parlamento de Cataluña y las entidades profesionales cuyo objetivo es velar por las libertades citadas.
Así mismo, el Síndic informará a las autoridades internacionales, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y del Consejo de Europa sobre las posibles afectaciones a dichas libertades fundamentales.
De la misma manera, el Síndic invita a todas las personas, instituciones y entidades afectadas a sumarse a esta iniciativa y a hacerle llegar sus quejas, si lo consideran oportuno, tanto de manera general como en el caso concreto que les pueda afectar.
