Noticias
El Síndic insta al ministro de Asuntos Exteriores español a que intervenga en defensa de los integrantes de Open Arms retenidos en Italia
Es preciso delimitar los comportamientos punibles como tráfico de personas de manera diferenciada a las actuaciones de defensa de los derechos humanos
Las leyes del Mar obligan a cualquier embarcación a rescatar a las personas que naufragan en aguas internacionales
También pide al Defensor del Pueblo que supervise la actuación del Estado en este caso
Ante la investigación iniciada en Italia contra las personas que integran la organización humanitaria Proactiva Open Arms, con sede en Cataluña, el Síndic considera que la interpretación de los hechos que se está realizando es absolutamente perversa y contraria al principio fundamental de la Unión Europa de respeto de los derechos humanos.
Por este motivo, el Síndic ha solicitado la intervención del Estado español por medio de una carta enviada al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. En su escrito, el síndic le insta a adoptar las medidas oportunas para defender los derechos en riesgo de las personas miembros de Open Arms implicadas en este caso por haber favorecido, supuestamente, la inmigración clandestina al negarse a entregar a Libia a 218 personas rescatadas en aguas internacionales. El Síndic se ha dirigido, además, al Defensor del Pueblo, para pedirle que, dadas sus competencias, actúe de oficio y supervise la actuación de la Administración del Estado.
En cuanto al Ministerio de Exteriores, también le ha reclamado que, en el marco de la Unión Europea, intervenga para que se aclaren y se delimiten los comportamientos punibles como tráfico de personas de manera diferenciada a las actuaciones que tienen el objetivo de defender a los derechos humanos.
Sobre esta cuestión, a raíz de una intervención del Ararteko, los ombudsmans asistentes a la jornada de ámbito europeo sobre derechos humanos y retos, organizada por el Síndic en Barcelona en el año 2017, acordaron exigir a los estados de la Unión Europea que la asistencia humanitaria a personas migrantes y refugiadas fuera excluida de la persecución penal prevista para el tráfico de personas. En esta situación también se ha encontrado la activista Helena Maleno, del colectivo “Caminando Fronteras”, que lleva a cabo su actividad en Marruecos.
La asociación Proactiva Open Arms se creó en el mes de septiembre de 2015 con el objetivo de suplir la inacción de los gobiernos miembros de la Unión Europea frente a la necesidad de abordar los movimientos migratorios desde el respeto de los derechos humanos. Su misión es llevar a cabo las tareas de salvamento de las personas que intentan cruzar el Mediterráneo para huir de las situaciones de conflicto armado en Oriente Medio y en el Norte de África. En este sentido, en opinión del Síndic resulta inexplicable que la actuación de la ONG se vincule a las mafias que trafican con seres humanos.
En su escrito el Síndic también argumenta que las leyes del Mar obligan a cualquier embarcación a rescatar a las personas que naufragan en aguas internacionales. Además, el derecho internacional prohíbe el refoulement (devolución) de personas a países en que pueden ser perseguidas por motivos de discriminación.
En una declaración del año 2015, el Síndic ya evidenciaba que para evitar tragedias como la de Lampedusa, todos los gobiernos implicados y la Unión Europea deberían destinar más recursos y aplicar las medidas adecuadas. Asimismo recomendaba que se impartiera pedagogía y se sensibilizase a la ciudadanía y a la opinión pública del drama que existe tras los fenómenos de la inmigración. Además, pedía directamente a las instituciones de defensa de derechos su implicación para aportar soluciones y prevenir tragedias futuras, y para poner fin a las causas de la tragedia humanitaria
