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El Síndic pide a las autoridades policiales y judiciales que actúen con proporción y mesura a la hora de perseguir possibles delitos disidentes con la unidad de España

10/04/2018

Recuerda que las libertades de expresión y de manifestación constituyen derechos fundamentales protegidos por las más altas normas jurídicas nacionales e internacionales

La calificación de hechos de esta naturaleza como rebelión o terrorismo resulta manifiestamente desproporcionada

Ante las informaciones relativas a la detención de personas acusadas de rebelión y terrorismo en una operación coordinada por la Audiencia Nacional por los cortes de carretera y el levantamiento de peajes realizados hace dos semanas, el Síndic recuerda que las libertades de expresión y de manifestación constituyen derechos fundamentales protegidos por las más altas normas jurídicas nacionales e internacionales y que, a pesar de que estas libertades no son absolutas, sus límites deben estar basados ​​en la ley, perseguir fines legítimos y ser proporcionales.

Las actuaciones perseguidas en este caso por la Audiencia Nacional deben considerarse prima facie como expresión de libertades públicas legalmente protegidas. Si, en el transcurso del ejercicio de estas libertades, se han rebasado los límites constitucionales y estatutarios de los derechos en cuestión y se han cometido actos de desorden público, deben perseguirse penalmente estos hechos con proporción y medida. La calificación de hechos de esta naturaleza como rebelión o terrorismo resulta manifiestamente desproporcionada, contraria al principio de legalidad y dirigida aparentemente al doble objetivo de, por un lado, criminalizar la protesta y provocar un efecto disuasorio de cara a futuras movilizaciones; y, por el otro, permitir a la Audiencia Nacional asumir la instrucción de unos hechos que, en virtud del principio de juez predeterminado por la ley, correspondería a los juzgados de instrucción de los territorios donde se hayan cometido.

El Síndic pondrá estos hechos en conocimiento de la nueva comisaria europea de derechos humanos, Dunja Mijatović y de los órganos competentes en materia de derechos humanos de Naciones Unidas.

 

 

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