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El Síndic recomienda al Estado español que ratifique el Protocolo 16 de la Convención europea de derechos humanos

El Síndic de Greuges de Cataluña se ha dirigido por carta recientemente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en relación con el hecho de que España no haya ratificado el Protocolo número 16 de la Convención europea de derechos humanos, en vigor desde el 1 de agosto de 2018. El síndic, Rafael Ribó, y el adjunto general, Jaume Saura, han explicado en rueda de prensa este martes 14 de agosto la recomendación que le han hecho al presidente español de rectificar esta situación. También han expuesto las implicaciones negativas de no suscribir el Protocolo.

El protocolo, ratificado por una decena de estados europeos, entre ellos Francia, conlleva una ampliación de las facultades consultivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, permite que los más altos tribunales estatales puedan solicitar a dicho Tribunal, con sede en Estrasburgo, opiniones consultivas y el asesoramiento oportuno antes de pronunciarse sobre un tema en concreto que pueda dar pie a interpretaciones conflictivas con el Convenio europeo de derechos humanos.

El objetivo principal es evitar que los organismos judiciales de los estados miembros del Consejo de Europa, en este caso España, emitan resoluciones que supongan una vulneración del tratado europeo de referencia en materia de derechos humanos. Y, en definitiva, podría evitar sentencias del Tribunal de Estrasburgo como la de la Doctrina Parot o la de las devoluciones en caliente de personas migrantes, de plena actualidad, que no favorecen ni la buena salud ni la imagen del estado de derecho, y que finalmente tienen un elevado coste económico en indemnizaciones.

El Gobierno español había ratificado hasta ahora todos los protocolos facultativos del Convenio europeo de derechos humanos, con lo cual ponía de manifiesto su compromiso con las garantías internacionales de protección de derechos humanos. La ratificación del Protocolo 16 reforzaría este compromiso y dotaría las más altas instancias judiciales de un valioso instrumento para asegurar que sus sentencias son conformes a los estándares europeos.

En un momento en el que la mirada de Europa está pendiente de los tribunales españoles, que en los próximos meses tienen que emitir pronunciamientos muy controvertidos, es especialmente significativo, según el Síndic, que el Estado español se involucre en el proyecto europeo fundamentado en el principio del respeto de los derechos y las libertades con la ratificación de este protocolo.

El abril de 2017, el Síndic presentó un informe en el que denunciaba la progresiva regresión de derechos en el reino de España. Una situación de deterioro democrático evidenciada a partir de la aprobación de leyes restrictivas con la libertad de expresión y de un abuso del derecho penal en casos de índole política. El informe también destacaba la aparente falta de separación de poderes.

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