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El Síndic constata la falta de actuación y la permisividad de las administraciones frente al top manta y pide actuaciones urgentes
Es necesario que los poderes públicos encuentren, junto con los agentes sociales, las salidas laborales o, en su caso, los recursos sociales para los vendedores del top manta que lo precisen
Los consumidores deben conocer que están incentivando una actividad ilegal y contraria a los principios del estado de bienestar
El Síndic de Greuges ha emitido una nueva resolución respecto al fenómeno del comercio irregular en la vía pública, conocido como top manta. Tras diversas reuniones impulsadas por la institución a petición de algunos ayuntamientos especialmente afectados, el Síndic se ha mostrado crítico con la aparente falta de voluntad para solucionar esta situación. Así, ha instado a las administraciones a poner fin a su falta de actuación, con la que se está enquistando un problema, que, a pesar de su complejidad, de base es una actividad ilegal vinculada a los entramados mafiosos que los agentes de la autoridad no pueden ignorar.
Como ya se señalaba en el informe de 2016, es evidente que se deben llevar a cabo acciones coordinadas contra las mafias que importan ilegalmente los productos; acciones que no consta que se hayan llevado a cabo de una manera sistemática, la única que sirve para poner freno a las mafias.
Asimismo es preciso que las administraciones públicas encuentren, junto con los agentes sociales, las salidas laborales o, en su caso, los recursos y las prestaciones sociales para los vendedores del top manta que lo precisen.
Por tanto, de acuerdo con la resolución del Síndic, los gobiernos deben trabajar en un plan de choque para erradicar la práctica de la actividad ilegal y para acompañar a los manteros en el camino a la integración social y a una salida laboral digna.
Los manteros que ocupan la vía pública deben ser tratados teniendo en consideración su especial vulnerabilidad y velando por que puedan ejercer sus derechos. Esto no quiere decir que se les exima de cumplir las obligaciones ciudadanas. Por tanto, las administraciones y los agentes de la autoridad deben actuar para hacer cumplir la ley en todos sus aspectos (de consumo, de comercio, de patentes y marcas, etc.). No actuar debidamente es una negligencia de las administraciones en el deber de hacer cumplir las leyes.
Por otra parte, los consumidores han de tomar conciencia de que están adquiriendo productos falsificados y de que lo estando haciendo de una manera irregular. De esta forma, están perpetuando prácticas económicas que ponen en duda los principios del estado de bienestar. En este sentido, el Síndic considera que es necesario proponer que la Agencia Catalana del Consumo y otros organismos destinen personal inspector a denunciar las personas que adquieren productos en el top manta.
