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El síndic insta a las administraciones a que se coordinen para que la SAREB ceda un 30% de vivienda social

12/11/2018

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Comparecencia en el Parlamento informes sobre la vivienda de emergencia social y sobre la universalización del derecho a la salud

Reclama a la Generalitat y los ayuntamientos que materialicen las líneas de financiación recientemente aprobadas para construir viviendas de protección y para adquirir viviendas privadas por la vía del tanteo y el retracto

Reitera la defensa del derecho a la asistencia sanitaria universal y celebra que el Gobierno estatal y el catalán hayan legislado en este sentido

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha insistido una vez más en la necesidad de que la SAREB ceda un 30% de su parque de viviendas para el alquiler social. Ante la Comisión del Síndic en el Parlamento, donde ha comparecido este lunes 12 de noviembre de 2018, el síndic ha reiterado que el Gobierno del Estado debería emprender medidas legislativas para garantizar que la SAREB ceda al menos un 30% de sus viviendas para el alquiler social. Con este fin, ha añadido, es necesario impulsar una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para presentar en el Congreso.

El activo inmobiliario de la SAREB es de 54.000 viviendas, además de suelo susceptible de ser urbanizado y también suelo urbanizado, y las principales ubicaciones de los activos inmobiliarios de la SAREB están en Cataluña. El síndic considera que se está a tiempo de corregir la situación actual y de posibilitar que la plusvalía generada también revierta en el conjunto de la ciudadanía.

En opinión del síndic, es inaceptable que el derecho a la vivienda, reconocido por el Estatuto y la Constitución, se vulnere de forma reiterada y que al mismo tiempo el Gobierno estatal asuma con dinero público un rescate bancario que se eleva en el su balance a bordo 43 mil millones de euros.

Uno de los principales motivos que conllevan las dificultades de acceso a la vivienda es la falta de un parque de viviendas suficiente destinado al alquiler social (que, en Cataluña, no llega al 2% del parque de viviendas construido). Otros países europeos: Francia (16%), Reino Unido (17%), Suecia (19%), Dinamarca (20%), Austria (24%), Holanda (30%).

El síndic ha celebrado las líneas de financiación aprobadas recientemente por la Generalitat y los acuerdos para facilitar la inversión en viviendas con fines sociales. En este sentido, instó a las administraciones que sean consecuentes y actúen con agilidad desde una doble vertiente: la construcción de viviendas dirigidos al alquiler social y la adquisición de viviendas por la vía del tanteo y retracto para destinarlos a alquiler social.

Informe sobre la universalización del derecho a la salud

El síndic, que también ha comparecido para explicar el Informe sobre el derecho universal a la asistencia sanitaria, ha reiterado la defensa y ha celebrado que el Gobierno estatal y el catalán hayan legislado en este sentido.

Según datos de CatSalut, en abril de 2018 había 114.573 personas extranjeras empadronadas en Cataluña que no estaban acreditadas como aseguradas ni beneficiarias, ni se encontraban dentro de los supuestos de asistencia sanitaria en situaciones especiales que regula la norma estatal. Estas personas representan el 1,53% de la población residente en Cataluña. Además, en general son personas sanas (la mayoría entre 20 y 50 años) que utilizan un 50% menos que el total de población los recursos de salud (excepto el servicio de urgencias, del que hacen un uso similar). En cuanto al gasto sanitario, con datos de 2016, el gasto per cápita también es la mitad que el de la población total. En definitiva, se trata de un 0,9% de población que genera el 0,4% de gasto sanitario.

También desde una perspectiva económica, negar la cobertura de determinadas prestaciones a largo plazo puede ser perjudicial. Así, por ejemplo, de acuerdo con la normativa vigente cuando se realizó el informe, en ese momento estas personas no podían beneficiarse de los programas de salud preventivos, que suponían un gasto muy inferior a los tratamientos de urgencia de enfermedades graves o de carácter crónico. El Informe incide en superar la vinculación del derecho a la cobertura con el factor contributivo.

Sobre el turismo sanitario fraudulento, el síndic ha señalado que hay que combatir, pero que no debe confundirse con el acceso universal a la asistencia sanitaria.

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