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El Síndic reclama que se hagan efectivas las sentencias contra el proyecto Castor
Comparecencia en la Comisión de investigación sobre el proyecto Castor
La sentencia del Tribunal Supremo confirma los efectos retroactivos de la nulidad acordada por el Constitucional sobre los pagos ya realizados
El síndic ha insistido en el retorno de todos los pagos ya hechos efectivos, y también en la necesidad de retorno de la compensación que recibió la empresa, vehiculada a través de unas normas declaradas inconstitucionales
Rafael Ribó ha recordado en comisión todas las actuaciones que ha llevado a cabo la institución respecto al Castor desde el año 2013
El síndic también ha insistido en que está pendiente una auditoría técnica que determine el grado de responsabilidad de Escal en los seísmos, a la vez que considera que es preciso estudiar el posible desmantelamiento de la plataforma
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes 26 de noviembre de 2018 ante la Comisión del Parlamento que investiga los hechos derivados del proyecto Castor. Ribó ha recordado todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Síndic respecto al Castor desde el año 2013 y ha celebrado las sentencias del Tribunal Constitucional que declaran nulas de pleno derecho, por inconstitucionales, las normas que amparaban el pago de la compensación a la empresa, y la más reciente, del Tribunal Supremo, que aprueba la devolución del importe ya abonado por las personas usuarias.
En vista del reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, el síndic ha recordado al Parlamento la necesidad de instar la Administración del Estado a hacer efectivo el retorno de todos los pagos relacionados con la Plataforma Castor, tal y como ya le había pedido cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma los efectos retroactivos de la nulidad acordada por el Tribunal Constitucional sobre los pagos ya realizados. El Tribunal Constitucional anuló las normas con rango legal que daban cobertura al pago de una indemnización y al mantenimiento de la Plataforma Castor, que se repercutían en las personas consumidoras. Esta resolución judicial fue ejecutada tan sólo a futuro por la Administración del Estado, con referencia a los pagos posteriores a la sentencia, pero no ha anulado ni restituido el pago de la indemnización ni las cantidades ya pagadas por las personas consumidoras de los años 2015 a 2017.
Desde que tuvieron lugar los primeros movimientos sísmicos en el delta del Ebro, el Síndic se ha pronunciado con insistencia sobre la necesidad de investigar y de depurar responsabilidades en el caso. En el informe presentado en el mes de noviembre de 2014, ya se destacaba que había irregularidades en la tramitación del proyecto desde el punto de vista de la legislación de impacto ambiental. En este documento, se hacía referencia a los costes que repercutían en las personas consumidoras (3.500 millones de euros) en la factura de gas, durante 35 años, y que se corresponden a la suma de la indemnización, el mantenimiento de la plataforma, su posible desmantelamiento y los intereses.
Por otra parte, la afectación que ha causado el almacén Castor a los habitantes de la zona, principalmente de Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona es incuestionable. En este sentido, un informe del MIT del año 2017 revelaba malas prácticas en la planificación del proyecto tras constatar que no se empleó la tecnología disponible.
El síndic ha afirmado que la empresa concesionaria y el Gobierno del Estado han puesto en riesgo a miles de personas al decidir ignorar las advertencias del Observatorio de las Tierras del Ebro y al desestimar la posibilidad de valorar los peligros más allá de la tecnología estándar. Con la constatación de que la empresa no valoró los riesgos sísmicos, el MIT pone en evidencia que existió una actuación incompetente de la empresa por haber obviado esta posibilidad, a pesar de tener acceso a la tecnología y a los conocimientos que permiten hacer esta valoración. El síndic también ha recordado que está pendiente una auditoría técnica que determine el grado de responsabilidad de Escal en los seísmos, a la vez que considera que es preciso estudiar el posible desmantelamiento de la plataforma.
