La diagnosis y el tratamiento de la dislexia se realizan en muchas ocasiones desde el ámbito privado, hecho que pone en duda el principio de equidad del sistema educativo
Es necesario un diagnóstico precoz, con la implicación de los pediatras, para cubrir las necesidades de los alumnos desde etapas tempranas y evitar el fracaso escolar
El Departamento de Enseñanza ha informado al Síndic que se está trabajando conjuntamente con profesionales del ámbito de salud para consensuar, planificar y evaluar diferentes protocolos de actuación conjunta
El Síndic de Greuges de Cataluña ha reclamado al Departamento de Enseñanza que dedique más recursos públicos a los trastornos del aprendizaje, como la dislexia. También pide que se ejerza más control sobre los recursos privados existentes y que en general se preste más atención al alumnado con indicios de requerir un aprendizaje adaptado.
Más concretamente, insta a potenciar la detección precoz y recomienda que se trabaje en coordinación con el Departamento de Salud para implicar a los pediatras en el proceso de diagnóstico. El objetivo es poder recibir orientación y atención para cubrir estas necesidades en etapas tempranas para evitar que deriven en situaciones de fracaso escolar.
Las dificultades relacionadas con la dislexia, un trastorno que requiere una metodología de aprendizaje adaptado, han sido motivo de diversas quejas dirigidas al Síndic. A partir del análisis de estas reclamaciones, el Síndic ha constatado que la atención de la dislexia no está bien resuelta desde el ámbito público y que sus déficits exponen las contradicciones del sistema educativo en cuanto al principio de la equidad y de la igualdad de oportunidades. En este sentido, recomienda destinar más recursos a este alumnado, especialmente a aquel que procede de entornos sociales y familiares desfavorecidos.
La diagnosis y el tratamiento de la dislexia se realizan en muchas ocasiones desde el ámbito privado en el caso de las familias que disponen de medios económicos suficientes y que tienen la capacidad de poder acceder a este apoyo de profesionales especializados. Los centros de detección e intervención existentes en el sector privado suplen o complementan la intervención que, según la ley, corresponde a los EAP (equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica) a partir de la elaboración de un plan individualizado.
La formación del profesorado es insuficiente y se tiende a obviar las necesidades específicas del alumnado con dislexia o se limita a bajar el nivel de los contenidos académicos. Incluso las pruebas de competencias básicas organizadas por el Departamento de Enseñanza no están adaptadas a las necesidades específicas de este alumnado.
Muchos de los alumnos con trastornos de aprendizaje no llegan a cursar estudios universitarios porque o bien no han sido diagnosticados o bien no han sido diagnosticados y tratados adecuadamente. En algunos casos no se les han ofrecido las herramientas que requieren sus necesidades especiales de aprendizaje.
A pesar de ello, también han llegado quejas al Síndic por parte de alumnos universitarios disléxicos que manifiestan problemas de adaptación en esta etapa educativa. En cuanto a la adaptación curricular y a la evaluación al alumnado universitario con dislexia, el Síndic ha sugerido que se haga difusión de la guía ya existente y publicada por la Comisión Técnica de la Universidad y Discapacidad de Cataluña, del Consejo Interuniversitario, y se promueva su aplicación en los diferentes centros universitarios de Cataluña.
También ha recomendado que se revisen los requisitos para acceder al Tribunal Ordinario Específico (TOE) previsto para corregir las pruebas de acceso a la universidad para alumnado disléxico. Ahora los requisitos son tener un diagnóstico y un plan individualizado del EAP durante toda la etapa de la ESO y el bachillerato. Según las quejas planteadas, alumnos que tienen diagnóstico no han podido acceder a estas pruebas porque no han dispuesto de este plan. El Síndic considera que sería preciso valorar la validez que se otorga a los diagnósticos no emitidos por un profesional del sistema público y aclarar los motivos por los que en los casos planteados no se ha elaborado un plan individualizado del alumno afectado durante toda la etapa de la ESO.
Asimismo se han recibido quejas por la falta de consideración de las dificultades específicas del alumnado disléxico para obtener el nivel B2 de conocimiento de tercera lengua que se exige para obtener el grado universitario.
El Síndic ha recomendado que se ajuste el Registro de alumnos, de acuerdo con la Ley de protección de datos personales, para obtener datos más detallados del número de alumnado que consta como disléxico o que sufre de otros trastornos del aprendizaje.
El Departamento de Enseñanza ha informado al Síndic que se está trabajando conjuntamente con profesionales del ámbito de salud para consensuar, planificar y evaluar diferentes protocolos de actuación conjunta que permitan la detección precoz del diversos tipos de trastornos que condicionan el aprendizaje de acuerdo con las sugerencias que se le han hecho llegar.
Recientemente, el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución en que insta al Gobierno de la Generalitat a adoptar una serie de medidas relacionadas con la dislexia en la misma línea que la planteada por el Síndic.