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El Síndic reclama un plan integral de acogida de menores migrantes no acompañados que garantice sus derechos
Comparecencia sobre el informe La situación de los menores migrantes sin referentes familiares en Cataluña
Es preciso un marco legal que incorpore un protocolo de actuación y que garantice que los derechos de los menores recién llegados prevalecen por encima de su condición de extranjeros
La falta de previsión ha comportado sobreocupación y ha repercutido en la calidad del sistema de protección de la infancia
El síndic de greuges, Rafael Ribó, y la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, María Jesús Larios, han comparecido este martes 11 de diciembre de 2018 ante la Comisión del Síndic para presentar y debatir con los grupos parlamentarios el informe La situación de los menores migrantes sin referentes familiares en Cataluña, entregado al Parlamento a finales del mes de septiembre de este año.
En su intervención, el síndic ha destacado que, aunque en la actualidad se haya frenado temporalmente el número de menores migrantes no acompañados que llegan a Cataluña, todo apunta a que se trata de una situación estacional. En este sentido, para evitar la situación de cierto colapso vivida durante los últimos meses, el síndic ha recordado a la DGAIA la necesidad de trabajar con la previsión de que la tendencia de crecimiento de la llegada de niños migrantes se mantenga durante el año 2019. En caso de que se mantenga esta tendencia, la llegada de niños migrantes giraría alrededor de 6.000 y la necesidad de creación de plazas, de 3.000.
Septiembre de 2018 fue el mes con el mayor número de menores migrantes no acompañados llegados a Cataluña (624). Desde entonces, el número de niños migrantes recién llegados ha decrecido progresivamente (428 en octubre y 355 en noviembre), aunque con un ritmo de llegada muy superior a los mismos meses del año 2017 (cuando el número de menores recién llegados superaba ligeramente los 200). Durante los once primeros meses del año, han llegado a Cataluña 3.456 menores migrantes no acompañados, 2.112 más que durante el mismo período del año 2017.
Además de incidir en que son necesarias la coordinación y la implicación de todas las administraciones, el síndic y la adjunta han reclamado más recursos y un marco legal que incorpore un protocolo de actuación y que garantice que los derechos de los niños recién llegados prevalecen por encima de su condición de extranjeros.
Así, han recomendado que se establezca un doble objetivo: por un lado, un plan integral y transversal de contingencia a corto plazo; y, por otro, cambios estructurales del sistema de protección de la infancia.
En el informe, el Síndic destaca que hay que evitar la improvisación y urgencias generadas por la falta de planificación. Estas carencias han provocado problemas relacionados con la sobreocupación de centros, con el uso de centros del sistema de protección no previstos para atender estas situaciones.
Esta circunstancia ha perjudicado el sistema de protección en general y ha afectado a la calidad de la atención de los niños migrantes y del resto de niños tutelados, en situaciones que suponen un maltrato institucional, así como los profesionales que se ocupan de atenderles.
El informe también destaca déficits estructurales del sistema de protección, como la falta del recurso del acogimiento familiar de los menores migrantes (menos del 1%), la falta de políticas para promover el retorno de menores migrantes con sus familias de acuerdo con su interés superior, los déficits en el desinternamiento del sistema de protección y acompañamiento en la transición a la vida adulta y los déficits en la provisión de programas de salud mental para menores migrantes no acompañados. El síndic también recuerda la necesidad de garantizar plazas suficientes de programas de nuevas oportunidades y de inserción laboral.
Igualmente, respecto a los procesos de primera acogida, el Síndic destaca que el circuito de atención inmediata no tiene suficientemente en cuenta la condición de menor y hace prevalecer la aplicación de medidas relacionadas con el control de flujos migratorios. Por otra parte, la dilación en la asunción de la tutela por parte de la DGAIA y en la tramitación de la documentación por parte de todas las administraciones competentes también supone una dificultad para la integración de estos jóvenes.
El informe subraya el esfuerzo realizado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), especialmente en los últimos meses, en la creación de plazas de centros de primera acogida y otros recursos, como los pisos asistidos, SAEJ y IPI, para atender a los menores migrantes sin referentes familiares (2.047 plazas nuevas desde junio de 2017). Si se tiene presente que al inicio de 2017 había 2.873 plazas residenciales en el sistema de protección, la creación de nuevas plazas supone incrementar un 75,1% de las plazas residenciales del sistema.
