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A raíz de la actuación del Síndic, la defensora europea resuelve que el BEI ha actuado con negligencia en el proyecto Castor
El Banco Europeo de Inversión tardó más de cuatro años en responder a la petición de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres de la Sénia para que dejara de financiar el proyecto
La defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, ha emitido una resolución en que califica de mala administración la actuación llevada a cabo por el Banco Europeo de Inversión (BEI) con referencia al asunto del Castor. Así lo ha comunicado al Síndic, quien desde el primer momento ha combatido la vulneración de derechos ocasionada por el proyecto Castor. Concretamente, la resolución de la defensora hace referencia a la petición que la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres de la Sénia dirigió al banco mencionado para que este dejara de financiar el proyecto. Una petición fundamentada en los movimientos sísmicos que este proyecto ocasionó, confirmados por el MIT (Massachusetts Institute of Technology), y las numerosas irregularidades detectadas en torno a los informes medioambientales previos.
El BEI, que tardó más de cuatro años en responder, atribuyó esta dilación a discrepancias entre los equipos técnicos internos y también con terceras partes contratadas. La defensora del pueblo europeo considera inadmisible esta justificación, y ha recomendado al BEI que busque fórmulas conciliadoras para llegar a un acuerdo cuando se produzcan situaciones que frenen las investigaciones internas y que cuando contrate empresas externas se establezcan unas garantías mínimas que eviten casos como este.
La resolución de la defensora europea llega un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el real decreto ley que daba cobertura a la indemnización a Escal y al pago con cargo a los contribuyentes, y de diversas sentencias del Tribunal Supremo que anulan los pagos ya efectuados en los años 2015 y 2016. La resolución del Tribunal Constitucional fue ejecutada tan sólo a futuro por la Administración del Estado, con referencia a los pagos posteriores a la sentencia, pero no ha anulado ni restituido el pago de la indemnización ni las cantidades ya pagadas por las personas consumidoras entre los años 2015 y 2017.
En vista del reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, el Síndic recordó en el Parlamento la necesidad de instar a la Administración del Estado a hacer efectivo el retorno de todos los pagos relacionados con la plataforma Castor, tal y como ya le había pedido cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Constitucional. La reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma los efectos retroactivos de la nulidad acordada por el Tribunal Constitucional sobre los pagos ya hechos efectivos.
El Tribunal Constitucional anuló las normas con rango legal que daban cobertura al pago de una indemnización y al mantenimiento de la plataforma Castor, que repercutían en las personas consumidoras. Esta resolución judicial fue ejecutada solo a futuro por la Administración del Estado, respecto a los pagos posteriores a la sentencia, pero no ha anulado ni restituido el pago de la indemnización ni las cantidades ya pagadas por las personas consumidoras entre los años 2015 y 2017.
El Síndic también ha recordado que está pendiente una auditoría técnica que determine el grado de responsabilidad de Escal en los seísmos, al tiempo que considera que es necesario estudiar el posible desmantelamiento de la plataforma. Por último, quiere dejar constancia de que la afectación que ha causado el almacén Castor a las personas que habitan en la zona, principalmente en Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona, es incuestionable.
