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El Síndic abre una investigación sobre los abusos sexuales denunciados en establecimientos eclesiásticos
Pedirá información al Gobierno de la Generalitat, a la Conferencia Episcopal Tarraconense y a la Abadía de Montserrat
El Síndic de greuges de Cataluña ha abierto una investigación a raíz de las denuncias hechas públicas en los últimos días por posibles abusos sexuales cometidos sobre personas menores de edad en la Abadía de Montserrat y en otros establecimientos eclesiásticos. En el marco de esta actuación, el Síndic se dirigirá a las autoridades eclesiásticas y a las administraciones competentes, al Gobierno de la Generalitat, a la Conferencia Episcopal Tarraconense y a la Abadía de Montserrat, para solicitar información acerca de los casos denunciados así como para promover la protección efectiva de niños y adolescentes del abuso sexual en todos los ámbitos.
Según el Síndic, la institución de la Iglesia Católica, dado que presta servicio de atención a los niños y tiene personas a su cargo para realizar esta tarea, debe asumir un compromiso firme en la lucha contra el abuso sexual infantil. En este sentido instará a las autoridades eclesiásticas a llevar a cabo actuaciones de prevención, detección, formación de profesionales y denuncia, entre otros, que conlleven una implicación sobre este tema
La protección de niños y adolescentes frente al abuso sexual ha sido una preocupación constante en las recomendaciones y propuestas del Síndic desde hace años.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño reconoce a niños y adolescentes el derecho a ser protegidos de cualquier forma de violencia física o mental, incluido el abuso sexual, y establece el deber de los estados de tomar medidas apropiadas para hacer efectiva esta protección (artículo 19.1). La Convención también establece la obligación de los estados de adoptar las medidas necesarias para impedir “la inducción y la coacción a un niño para que participe en cualquier actividad sexual ilegal” (artículo 34).
La violencia en general, y el abuso sexual en particular, inflige un gran padecimiento al niño o adolescente y tiene efectos gravemente perjudiciales para su desarrollo e incluso en su vida adulta.
El Síndic presentó un informe sobre abuso sexual infantil en el año 2016, en el que reclamó una actuación transversal de los poderes públicos, con un liderazgo que parta de un enfoque basado en el niño o adolescente como titular de derechos y asegure una intervención plenamente respetuosa con el interés del niño que garantice la efectividad del derecho a la protección frente a la violencia.
El Síndic puso de manifiesto la no existencia de un conocimiento lo suficientemente preciso sobre la prevalencia real de la victimización sexual infantil.
También constató que la lucha contra el abuso sexual debe implicar no sólo a la administración competente en materia de infancia sino a todas las instituciones y entidades públicas y privadas con funciones relacionadas con niños y adolescentes. Sin embargo, si bien desde las administraciones públicas e instituciones privadas se han producido adelantos, el Síndic considera que hay una insuficiente percepción y convicción de que se trata de un asunto que concierne a todas y a cada una de las administraciones con competencias relacionadas con la infancia y sus agentes, es decir, que es un asunto de todos.
