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El síndic comparece en el Parlamento para presentar el balance de su mandato
Desde 2010 se han realizado casi 200.000 actuaciones y se ha atendido a cerca de 392.000 personas
Rafael Ribó ha centrado su intervención en las actuaciones llevadas a cabo en materia de medio ambiente, urbanismo, vivienda, infancia y educación
El síndic permanece en funciones desde que el 1 de marzo finalizó su último mandato, iniciado en 2010
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, el adjunto general, Jaume Saura, y la adjunta para la defensa de los derechos de los niños, Maria Jesús Larios, han comparecido este lunes, 15 de julio, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para hacer balance de su mandato al frente de la institución.
Rafael Ribó fue escogido síndic de greuges de Cataluña para un segundo mandato, el 10 de febrero de 2010, de acuerdo con la nueva Ley del Síndico y superando ampliamente la mayoría de tres quintas partes necesarias para la designación. El primer mandato tuvo lugar de 2004 a 2009. Al iniciar su mandato, el 1 de marzo de 2010, el síndic propuso al Parlamento las líneas de actuación diseñadas, entre las que existía el compromiso de comparecer en el Parlamento cada 3 años para analizar su cumplimiento y hacer balance.
Durante la comparecencia, el Síndic ha explicado las principales cifras de actividad de la institución desde 2010 a 2018, último año cerrado. De estas, ha destacado que se han iniciado un total de 82.426 quejas, 112.719 consultas y 1.907 actuaciones de oficio, y que se ha atendido a 391.912 personas.
Por áreas, destacan las 15.722 quejas de administración pública (19%), las 12.670 de consumo (15%), las 9.699 de urbanismo, movilidad y vivienda, y las 9.391 de servicios sociales, que representan el 11% del total. En conjunto, las áreas sociales (servicios sociales, salud, educación, infancia, etc.) han representado el 34% de las quejas recibidas en la institución durante este período. En cambio, las áreas de las que se han recibido menos quejas han sido discriminación (392 quejas), que representan el 0,5%, y cultura y lengua (534 quejas), que sólo representan el 0,6% del total. Cabe precisar que las competencias del Síndic en materia de discriminación e igualdad de género y para garantizar los derechos del colectivo LGTBI es aún reciente y a menudo desconocidas por los ciudadanos.
De todos los casos tramitados a lo largo de estos años, se ha detectado irregularidad por parte de la administración en 41.278 casos, que representan el 47%. De estos, en el 81% de los casos la administración ha aceptado la resolución con las recomendaciones del Síndic; en el 14%, la ha aceptado parcialmente, y tan sólo en el 4% no la ha aceptado.
También ha querido destacar la actividad de la oficina itinerante de la institución, que en 2010 cambió de modelo de manera que se abandona progresivamente el carácter institucional y se refuerza la vertiente de atención a las personas. El objetivo principal de esta oficina es responder a la necesidad de muchas personas, entidades e, incluso, administraciones de ser atendidas personalmente cuando exponen una problemática que consideran importante. Desde 2010 hasta la actualidad, se han realizado 961 desplazamientos al territorio, se han recogido 8.863 quejas y 4.884 consultas.
En cuanto a los temas relevantes, el síndic, en su intervención, ha querido destacar los atentados al territorio y al medio ambiente que se han producido a lo largo de estos años, entre los cuales el Castor ha tenido un especial protagonismo. El síndic ha vuelto a recordar que resta pendiente la ejecución plena de la Sentencia del Tribunal Constitucional, por la que anulaba algunos artículos del Real Decreto–Ley 13/2014 que regulan la indemnización que se pagó a Escal UGS, SL, y la forma cómo se repercutió en los consumidores. Si bien es cierto que el Gobierno del Estado acordó la paralización del pago de aquellos derechos de cobro y de los costes de operación y mantenimiento reconocido no ha adoptado aún ninguna medida en relación a la indemnización satisfecha. Además, el Síndic ha insistido en la necesidad de que se realice una auditoría técnica para analizar si el proyecto contó desde sus inicios con todas las garantías técnicas imprescindibles para que el proyecto se llevara a cabo de forma correcta.
También ha querido poner en valor que mediante la intervención urgente del Síndic de Greuges se pudo detener la ejecución inminente de un proyecto de pavimentación de un camino forestal que transcurre por una de las zonas más sensibles y protegidas del Parque Natural del Montseny y que no había seguido los trámites ambientales necesarios. La tramitación del POUM de Pals, que suponía un crecimiento urbanístico en zonas de pinos y dunas, la construcción del puerto de Tossa de Mar, sin un encaje en el planteamiento sectorial, territorial y urbanístico vigente, y el aeródromo de la Cerdanya han sido los otros temas destacados en materia de urbanismo de estos últimos años.
Y en cuanto a la contaminación, el Síndic ha querido destacar la problemática de los purines, puesto que la contaminación de aguas por un exceso de nitratos provenientes de los purines es un problema grave. Algunas de las recomendaciones que ha hecho el Síndic se han alcanzado pero otras aún están pendientes, como por ejemplo la redacción del Plan director urbanístico de ordenación de las explotaciones ganaderas, o la aprobación del régimen sancionador específico por parte de la Administración.
En materia de contaminación acústica se han detectado mejoras importantes y se han incrementado las mediciones sonométricas efectuadas por las administraciones. No obstante, aún no se han alcanzado algunos objetivos deseables, como sería la disminución del ruido nocturno derivado de los servicios de recogida de basura. También se debe trabajar más en la línea de disminuir la contaminación del aire derivada del tráfico de vehículos, puesto que esta tiene un impacto directo en la salud de las personas.
En materia de vivienda, el síndic ha resaltado la necesidad de dar respuesta a todas las situaciones de emergencia social y económica y hacerlo de forma inmediata. También ha puesto de manifiesto la necesidad de incrementar el parque de vivienda social y la necesidad de llegar a acuerdos de alquiler social con las entidades financieras respecto a las viviendas desocupadas. A pesar de que es cierto que se han hecho esfuerzos importantes en esta materia, queda pendiente de dar cumplimiento a la sugerencia del Síndic de Greuges sobre la necesidad de prever un plan de choque que permita dar una solución definitiva al goteo constante de situaciones de emergencia residencial que aún se producen.
En el área de infancia y educación, el síndic ha querido poner el acento en la lucha contra la segregación escolar. Durante los últimos años, el Síndic se ha ocupado de concienciar a la sociedad, a los agentes educativos y a las administraciones de que la segregación escolar supone una vulneración grave del derecho a la educación en igualdad de oportunidades. También ha contribuido a corregir prácticas concretas de las administraciones a partir de las numerosas recomendaciones en el marco de las actuaciones de oficio y quejas recibidas por este tema. Uno de los éxitos más importantes en esta materia ha sido la firma del Pacto contra la segregación escolar el pasado mes de marzo. El pacto incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas que el Departamento de Educación se compromete a implementar durante esta legislatura.
Otro tema que ha trabajado ampliamente la institución ha sido la garantía de los derechos de los adolescentes migrantes sin referentes familiares. Desde 2016, la llegada de extranjeros sin referentes familiares se ha incrementado, cosa que deja al sistema de protección en una situación crítica. La acogida de estos menores, recae en un sistema protector defectuoso, precario e infradotado presupuestariamente. En este sentido, en diversas ocasiones el Síndic de Greuges ha remarcado la necesidad de reformularlo.
En este último mandato, el Síndic también ha adquirido nuevas competencias, como por ejemplo la evaluación del cumplimiento de las obligaciones reguladas en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la defensa de los derechos y las libertades en materia de no-discriminación por razón de género que puedan haber sido vulnerados por la actuación de instituciones o personas, tanto públicas como privadas, a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2014, para garantizar los derechos de los colectivos LGTBI, y Ley 17/2015, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En la última parte de su intervención, el síndic ha explicado como a través de la publicación de informes monográficos se ha consolidado su intervención en el ámbito de los servicios de interés general. Un ejemplo sería el Informe sobre el derecho a los suministros básicos (2014) o el Informe sobre los derechos de las personas en los servicios ferroviarios (2016). La elaboración de estos informes ha permitido crear una valiosa red de actores y sinergias muy positivas.
