Noticias
El Síndic exige una respuesta oficial sobre los vínculos de Es Satty y otros elementos de la célula terrorista con los servicios de inteligencia española
Se ha dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, al Defensor del Pueblo para pedir una respuesta oficial y determinar en qué medida este hecho dificultó o impidió la necesaria coordinación policial
El Síndic de Greuges ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de los documentos que señalan a Abdelbaki Es Satty, conocido como el imán de Ripoll, como confidente de los servicios secretos españoles hasta el día anterior en que se perpetraran los atentados del 17A, de Barcelona y Cambrils.
El Síndic, en su informe de noviembre de 2017 Prevención de la radicalización y el terrorismo en Cataluña, constató que existían informaciones que apuntaban al carácter de confidente del imán de Ripoll, y que esto podría haber tenido alguna repercusión negativa a la hora de detectar su radicalización y prevenir los atentados. Por este motivo, se reclamó “una investigación exhaustiva y transparente sobre la condición o no de Abdelbaki Es Satty como confidente policial, y si esto afectó de alguna manera a la coordinación entre cuerpos, con las responsabilidades que se deriven”.
Hoy, en respuesta a las nuevas informaciones aparecidas, el Síndic se ha dirigido al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y al Defensor del Pueblo para pedir una respuesta oficial sobre los vínculos de Es Satty y otros elementos de la célula terrorista con los servicios de inteligencia, y determinar en qué medida este hecho dificultó o impidió la necesaria coordinación policial y, por tanto, una posible prevención de los atentados, así como las medidas se piensan adoptar a partir de estas informaciones.
Paralelamente, el Síndic también se ha dirigido a la Consejería de Interior de la Generalitat para que le informe de cualquier acción que lleve a cabo el Departamento.
En cuanto a las explicaciones dadas en relación a los atentados, el Síndic continúa insistiendo en la falta de información institucional que ha tenido la ciudadanía. Los poderes públicos, cada uno desde su nivel de responsabilidad, y sobre todo el Gobierno del Estado y las Cortes Generales, deberían haber abordado el tema públicamente con celeridad y transparencia institucional. Si bien es cierto que en el Parlamento de Cataluña se creó la Comisión de Investigación en abril de 2018, en el Congreso de los Diputados se trató el tema en el marco de la Comisión de Gastos Reservados y, por tanto, no ha sido accesible para la ciudadanía.
