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El Síndic abre una actuación de oficio para analizar las medidas de seguridad ante el incremento de muertes en las playas catalanas
El objetivo de la actuación es analizar si existe un déficit de vigilancia en las playas
Ha solicitado información al Departamento de la Presidencia y al Departamento de Interior, así como a las diputaciones de Tarragona, Barcelona y Girona, a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y a la Asociación Catalana de Municipios (ACM)
A pesar del incuestionable atractivo turístico de esta zona y la gran afluencia de bañistas en período estival, no existe a día de hoy una normativa de ámbito catalán que establezca unos criterios mínimos para garantizar la seguridad en las playas y que determine unas condiciones básicas en la prestación de los servicios de socorrismo y salvamento, con la que sí cuentan, en cambio, otras comunidades autónomas como Baleares o Canarias.
Son los ayuntamientos los que, según el marco normativo, las necesidades del municipio y los recursos públicos disponibles, garantizan los servicios de vigilancia y salvamento que consideran más adecuados, lo que da lugar a una disparidad de criterios y situaciones que hace que no todas las playas estén vigiladas o que las franjas horarias de vigilancia sean diferentes, y también que los medios humanos y materiales destinados a garantizar la seguridad de las personas sean también distintos. Sin perjuicio de ello, sí que se tiene conocimiento de que el Departamento de Interior lleva a cabo desde hace años actuaciones de apoyo a los municipios en el ámbito de la seguridad en las playas, actuaciones que se concretan, principalmente, en consejos dirigidos a bañistas y material divulgativo con recomendaciones desde la vertiente de la protección civil.
El pasado año, el Síndic ya recibió diversas quejas sobre esta problemática de personas que habían creado la plataforma SOS Socorristas, que representa a más de quinientos profesionales del sector del socorrismo acuático en las playas, y se reunió con algunos de sus miembros. Entre las quejas de la plataforma figuraba la falta de una regulación normativa que establezca unos criterios mínimos en Cataluña y la necesidad de establecer una mejor regulación profesional del sector, que denuncia situaciones de precariedad laboral y dificultades a la hora de acreditar y realizar los trámites legales necesarios que les permiten ejercer como profesionales del salvamento y el socorrismo.
Cabe destacar también que el Síndic ya se hizo eco de esta problemática en el informe El cuerpo de bomberos de la Generalitat y el sistema de emergencias de Cataluña, presentado en el Parlamento de Cataluña el mes de mayo de 2019, en el que se pone de manifiesto que todos los recursos humanos y materiales invertidos requerirían unas directrices comunes y una racionalización de las aportaciones económicas que realizan Generalitat, diputaciones y ayuntamientos.
En este contexto, el Síndic se ha dirigido al Departamento de Interior de la Generalitat para conocer el detalle de las actuaciones de apoyo a los municipios que se llevan a cabo en esta materia, los datos relativos al número de intervenciones de salvamento de los últimos años y la previsión sobre el establecimiento de una regulación normativa del sector del socorrismo y el salvamento, más allá de la actual regulación como profesión deportiva.
También se ha dirigido al Departamento de la Presidencia, al que ha solicitado, además, información sobre la formación y la titulación requerida para el ejercicio de la profesión de socorrista.
Asimismo, el Síndic ha solicitado información sobre el apoyo y el asesoramiento que prestan a los municipios en esta materia la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios.
