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El Síndic pide al Defensor del Pueblo que intervenga para desbloquear el colapso de la Oficina de Extranjería de Girona
La situación afecta a los trámites de autorizaciones de residencia por arraigo y a los de solicitud de asilo y se traduce en la imposibilidad de obtener cita previa o que esta se demore hasta el mes de abril de 2020
Anima a las personas afectadas a que planteen su caso al Síndic
El Síndic de Greuges de Cataluña ha pedido al Defensor del Pueblo español que intervenga para mejorar los mecanismos de asignación de cita previa ante el colapso existente en la Oficina de Extranjería de Girona. Concretamente, esta situación afecta a los trámites de autorizaciones de residencia por arraigo y a los de solicitud de asilo.
El Síndic, quien ha tenido conocimiento de la situación través de los medios de comunicación, anima a las personas afectadas a que presenten su queja en la institución por medio del formulario web o llamando al teléfono 900 124 124. Según ha sabido por la prensa, el problema radica en que los intentos de formalizar las solicitudes de cita previa desde la sede electrónica o bien generan una respuesta que indica que no hay citas disponibles (en el caso de las autorizaciones de residencia por arraigo) o bien las primeras citas disponibles se están ofreciendo para el mes de abril de 2020, en el caso de las peticiones de asilo.
El Síndic argumenta que la situación es insostenible puesto que repercute en ciudadanos extranjeros que deben adjuntar documentos con una validez condicionada a una fecha de caducidad. Esto se traduce en la posibilidad de que estas personas sean objeto de un procedimiento de expulsión si no acreditan que disponen de cita para regularizarse.
De la misma manera, en cuanto a la dilación excesiva de los plazos de asignación de citas para formalizar las solicitudes de protección internacional se debe considerar, en opinión del Síndic, que conlleva una lesión de derechos de las personas solicitantes. La presentación de la solicitud reconoce el derecho a la asistencia de los servicios sociales y de acogida para satisfacer necesidades básicas. De la misma manera, este retraso impide dar cumplimiento a la previsión que recoge la ley reguladora del derecho de asilo, que establece que la solicitud se debe presentar sin más retrasos y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en territorio español.
Las mejoras técnicas y organizativas son una petición recurrente del Síndic, quien en el año 2015 ya trasladó al Defensor estatal una problemática similar que afectaba a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona. En aquel caso, la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería dio a conocer las numerosas quejas recibidas de sus asociados por la imposibilidad de conseguir las citas previas necesarias para llevar a cabo diferentes trámites tanto en la Oficina de Extranjeros en Barcelona como en la Comisaría Nacional de Policía de Rambla de Guipúzcoa, 74. Esta situación se produjo por un bloqueo informático de la aplicación de cita previa y la Subdelegación del Gobierno en Barcelona no habilitó ningún canal alternativo para dar respuesta a dicha situación.
El Defensor del Pueblo, a quien se trasladó esta cuestión, fue informado de todas las medidas que, según la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, se implementaron para resolver esta problemática. Medidas que, dado el nuevo colapso, han resultado insuficientes.
