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Comunicado del Síndic de Greuges de Cataluña
Tras la publicación hoy de la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la causa especial 20907/2017, el Síndic de Greuges de Cataluña cree necesario recordar que si nos encontramos en esta grave situación es principalmente por la reiterada falta de diálogo institucional desde hace al menos 15 años para tratar de resolver problemáticas históricas y de carácter eminentemente político.
Con independencia de un análisis profundo de la sentencia en las próximas semanas, el Síndic reitera, como ha señalado en numerosos informes y comunicados de los últimos años y dentro del respeto al Poder Judicial y a sus sentencias, que los hechos ocurridos en Cataluña en otoño de 2017 constituyeron el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y manifestación. La consideración de estas expresiones dentro del tipo penal de sedición y las penas impuestas por estos hechos resultan manifiestamente desproporcionadas. El Síndic llama la atención sobre el posible impacto de la sentencia en la interpretación de su alcance sobre los derechos y libertades fundamentales y, como ha venido haciendo hasta ahora, seguirá velando por su garantía y respeto. Próximamente, presentará un informe sobre esta cuestión.
En cualquier caso, ni la sentencia del Tribunal Supremo ni el proceso electoral en que estamos inmersos deberían impedir el inmediato inicio de un diálogo constructivo, abierto y omnicomprensivo para conseguir una solución política al conflicto. Este diálogo no se debe ceñir solo al ámbito político e institucional, sino que debe tener lugar, al mismo tiempo, entre las sociedades civiles de Cataluña y el resto del Estado, por un lado, y entre los actores de todas las sensibilidades políticas y sociales de Cataluña, por el otro. Y, en este marco, todas las partes deberían tener el coraje de reconocer los errores cometidos a lo largo de este proceso.
Un elemento clave para facilitar el diálogo político sería la puesta en libertad lo antes posible de los líderes políticos y sociales condenados. En este sentido, el Síndic pide que el Gobierno y las Cortes Generales que resulten de las elecciones del 10 de noviembre exploren la via más rápida para poner en libertad a las personas condenadas.
Este comunicado se eleva a la Comisaria Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el presidente de la Asamblea Parlamentaria de la misma organización, a la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional y estatal de defensores.
