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El Síndic pide en comisión parlamentaria que el despliegue de la Ley de transparencia devenga una prioridad política
Comparecencia en comisión informe transparencia y pluralismo educativo
Cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley, un total de 787 ayuntamientos presentan un incumplimiento grave (165) o amplio (622) en la publicación en su web municipal de los contenidos esenciales de la norma
Recomienda que las administraciones creen una unidad responsable de tramitar las solicitudes de acceso a la información
En cuanto al Informe sobre el pluralismo en las aulas el Síndic ha subrayado la inexistencia de adoctrinamiento sistemático en Cataluña
El Síndic de Greuges de Cataluña ha comparecido este lunes, 11 de noviembre de 2019, en la Comisión del Síndic del Parlamento para presentar y debatir las principales conclusiones y recomendaciones extraídas del Informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente al año 2018, que hace unos pocos meses se entregó al presidente de la cámara y a todos los grupos parlamentarios.
En términos generales, el Síndic ha constatado que no se observan cambios sustanciales respecto a la situación descrita en el informe anterior, en que el Síndic ya avanzaba la percepción de ralentización o estancamiento en el despliegue de las obligaciones de la Ley. En opinión del Síndic, la Ley supone un reto de grandes proporciones, pero también conviene remarcar que es un paso necesario e imprescindible para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y que, por tanto, debe ser una prioridad política para los responsables públicos.
Del análisis que se realiza en el informe sobre la publicidad activa, cabe destacar que cumplen de manera generalizada las obligaciones de publicidad la mayor parte de los departamentos de la Administración de la Generalitat (84,6%), pero tan sólo el 34,8% de los ayuntamientos de poblaciones de más de 50.000 habitantes. En los ayuntamientos de menos 50.000 habitantes el cumplimiento generalizado es muy limitado o prácticamente inexistente. Destaca también en negativo que, cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley, un total 787 ayuntamientos presenten un incumplimiento grave (165) o amplio (622) en la publicación de los contenidos esenciales de la Ley.
Y en cuanto al derecho de acceso a la información pública, además de su desconocimiento, persisten desde hace cuatro años carencias muy remarcables, como por ejemplo las cifras inaceptables de falta de respuesta que pone en evidencia el test del ciudadano oculto (en el 35% de las solicitudes ni se ha otorgado ni denegado el acceso a la información). Es importante valorar las causas de esta situación y adoptar medidas para revertirla. En esta línea, se recomienda a las administraciones, cuya estructura razonablemente lo permita, la creación de una unidad responsable de tramitar las solicitudes.
Otro elemento destacable es la ausencia de un reglamento de despliegue de la Ley, a pesar de que ahora se empieza a trabajar en un borrador parcial.
Debate del informe El pluralismo en las escuelas de Cataluña como garantía del no-adoctrinamiento
El Síndic de Greuges, al acabar su primera comparecencia, también ha expuesto y debatido el informe El pluralismo en las escuelas de Cataluña como garantía del no-adoctrinamiento, informe monográfico presentado el año 2018 en que desgrana la cuestión planteada sobre un hipotético adoctrinamiento en el seno de la escuela catalana. El documento aborda dos aspectos fundamentales: el tratamiento de la controversia política por parte de los centros educativos a partir de las quejas e incidencias registradas por el Síndic y por el Ministerio de Educación a raíz de los hechos del 1 de octubre, así como un análisis exhaustivo del contenido de los libros de texto.
El informe es concluyente: más allá de situaciones puntuales que se deben corregir en el tratamiento de la situación política por parte de los centros escolares, y de algún detalle puntual de los libros de texto que puede inducir a error, del análisis llevado a cabo en ningún caso se desprende un adoctrinamiento sistemático del alumnado en Cataluña.
El Síndic hace un llamamiento a los actores políticos y sociales y a los medios de comunicación para tratar este tema con rigor y responsabilidad. También insta a las administraciones y a las autoridades de la Generalitat de Cataluña y del Gobierno del Estado a preservar el clima de convivencia y la actividad educativa sin interferencias ni instrumentalizaciones de carácter partidista ni mediático, de manera que se preserve el derecho a la educación de todo el alumnado.
En cuanto al abordaje de temas controvertidos en las aulas, el Síndic pone en valor la tarea desarrollada por los profesionales de la educación, en un contexto social y político de enorme complejidad, para garantizar una buena convivencia en los centros educativos con pleno respeto a la pluralidad.
