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El Síndic insta a la Administración del Estado y a la Generalitat a suscribir los convenios que permitan la ejecución eficaz de los planes de seguridad nucleares
Informe Deficiencias en materia de seguridad nuclear
Falta un órgano que coordine a los municipios afectados, a la empresa explotadora, a la Administración del Estado y a la Generalitat
Es necesario adaptar el Plan de emergencia nuclear de Tarragona a las nuevas directivas europeas, que incorporan los aspectos aprendidos del accidente de Fukushima
Es prioritario mejorar las infraestructuras de la zona, tanto en cuanto a la cobertura de móvil, como al estado de las carreteras y de la línea férrea
Urge revisar todo el sistema de subvenciones, en cuanto a los beneficiarios, la dotación y la diferenciación por zonas, el procedimiento de concesión y el carácter
La Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña deben promover los acuerdos y convenios que sean necesarios para regular la ejecución en materia de seguridad nuclear, de acuerdo con el artículo 132 del Estatuto de autonomía de Cataluña. Esta es una de las recomendaciones que recoge el informe del Síndic tras analizar los déficits en materia de la seguridad en torno a las centrales nucleares de Vandellòs y Ascó. La dirección del PENTA (Plan de emergencia nuclear de Tarragona), es ejercida por la Delegación del Gobierno del Estado en Cataluña. De acuerdo con el PENTA, los municipios que se pueden ver afectados por emergencias nucleares deben elaborar unos planes de actuación municipal en emergencia nuclear (PAMEN).
El Síndic abrió una actuación de oficio en el mes de julio de 2019 con el objetivo de analizar las deficiencias y las carencias de los planes de emergencia nuclear de los municipios situados en la zona de afectación en caso de accidente. Se trata de los municipios próximos a los tres reactores nucleares que existen en Cataluña (de los siete en funcionamiento en todo el Estado) y que se concentran en comarcas limítrofes. Este jueves, 21 de noviembre, el Síndic ha entregado en el Parlamento el informe que ha elaborado, que recopila todas las demandas del territorio y las recomendaciones correspondientes.
Rafael Ribó, quien ha realizado diversas visitas a los municipios afectados y ha mantenido reuniones con responsables municipales, propone dotarlos de más apoyo y recursos económicos y materiales. Además, el informe recopila la propuesta de establecer un órgano permanente de coordinación entre estos municipios, las administraciones del Estado y de la Generalitat y la empresa explotadora de las centrales nucleares.
El Síndic también considera que es preciso adaptar el PENTA, del año 2009, y el Plan básico de emergencia nuclear (PLAMEN), de 2004, a las nuevas directivas europeas EURATOM. Estas incorporan buenas prácticas derivadas de la experiencia a raíz del accidente que tuvo lugar a la central nuclear japonesa de Fukushima el año 2011, después de un terremoto y un tsunami.
En cuanto a las infraestructuras, es indispensable mejorar las redes de telecomunicaciones, especialmente en los núcleos de población donde aún existen carencias de cobertura de telefonía móvil, por ejemplo, mediante convenios entre las empresas operadoras y las administraciones públicas, y también establecer un sistema telemático de notificación a los municipios de la activación del PENTA. Asimismo es urgente mejorar la infraestructura ferroviaria (líneas R15 y R16) como vía esencial de evacuación en caso de emergencia. En el mismo sentido, cabe mejorar el estado y la conservación de las carreteras, pistas y caminos designados como vías de evacuación de los municipios en los PAMEN.
Planificar simulacros y hacer difusión vía telemática de la activación de los planes municipales también es necesario para garantizar los derechos de las personas afectadas. Igual que es necesario, en opinición del Síndic, otorgar las subvenciones a los municipios afectados por centrales nucleares por el procedimiento de concesión directa y con carácter anual. Por último, el Síndic recomienda ampliar las subvenciones a los municipios situados dentro de lo que se conoce como la zona 2, que son aquellos que se encuentran a una distancia de las centrales nucleares de entre 10 y 30 km.
Estas recomendaciones tienen la voluntad de revertir las deficiencias que diversos entes locales han hecho llegar al Síndic en el marco de las diferentes reuniones que han mantenido sobre el tema.
