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El Síndic pide que se haga efectivo el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación, que conllevará una mejora en sus condiciones salariales, formativas y docentes
El colectivo de doctorandos de las universidades públicas y de los centros de investigación en Cataluña reivindica que se reconozcan sus trabajos de investigación y se extienda su contrato hasta el momento en que finalizan la tesis doctoral.
La reivindicación se enmarca en un contexto de precarización laboral estructural en la investigación y en la actividad docente en la universidad que afecta también al profesorado asociado.
El Síndic recomienda que en el marco del Pacto Nacional para la sociedad del conocimiento se impulsen las medidas necesarias para regularizar y prestigiar la investigación y la educación universitaria de calidad.
El Síndic recomienda que, de manera conjunta, las universidades catalanas, los centros de investigación y el Departamento de Empresa y Conocimiento puedan tratar las reinvindicaciones del colectivo de personal investigador predoctoral en formación, en aplicación del Real decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (EPIF), a fin de que se puedan reconocer los trabajos de investigación que realizan una vez transcurrido el período de tres años de contrato. Así mismo, que se garantice la limitación de horas lectivas que debe impartir el personal investigador en formación como garantía de la calidad docente y de investigación.
En cuanto al profesorado asociado, se recomienda que se realice una revisión exhaustiva de los incumplimientos en su contratación y que se apliquen las medidas para corregir dicha situación, manteniendo los derechos de las personas afectadas a consolidar su empleo aun cuando lo hayan podido ocupar de manera irregular, pero sin afectar a otras figuras contractuales, previstas para internacionalizar, prestigiar la universidad o para incentivar la investigación.
En este sentido, el Síndic ha sugerido que, en el marco del Programa para el impulso y la elaboración del Pacto nacional para la sociedad del conocimiento o en otro entorno, se lleven a cabo las actuaciones y las medidas necesarias para evaluar la situación de precarización del personal docente en las universidades catalanas y las carencias que generan las disfunciones actualmente constatadas con este fin que se puedan hacer propuestas y se tomen medidas en cuanto a esta cuestión con la dotación presupuestaria necesaria.
El Síndic ha concluido la actuación de oficio a raíz de la convocatoria de huelga iniciada a finales del mes de mayo por parte de todo el personal docente e investigador de las universidades públicas catalanas (extensivo también a todas las personas investigadoras predoctorales del CSIC y de CERCA), motivada por la precarización laboral estructural de la mayoría de contratos de PDI (personal docente e investigador), de la investigación y de la actividad docente, y para exigir la aplicación inmediata de las medidas previstas por el Real decreto 103/2019, de 1 de marzo, mediante el cual se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (EPIF), pidiendo que no se haga en detrimento de otros sectores de los PDI ni con cargo a los grupos de investigación. En paralelo, se plantea un incremento salarial para el profesorado asociado, una mayor abertura de profesorado y que exista un incremento del presupuesto público de las universidades para hacer frente a estas medidas.
A pesar del cumplimiento en materia de retribución, actualmente continúa estando pendiente de reconocimiento la prórroga de los contratos del personal investigador en la mayor parte de centros universitarios y de investigación hasta el momento en que finalizan su tesis doctoral.
La mayor parte de los centros universitarios y de investigación argumentan que no les es aplicable la prórroga automática de cuatro años que prevén el Real decreto 103/2019 y la Ley 14/2011, de la ciencia, tecnología y la innovación, porque tanto el Plan Bolonia como las convocatorias de la AGAUR y de los mismos centros prevén una duración máxima de tres años, para realizar las tareas de docencia e investigación propia del doctorando.
La Ley 14/2011 no prevé la limitación de tres años, sino que establece la posibilidad de prorrogar la duración del contrato hasta cuatro años si no se ha depositado la tesis doctoral y si se obtiene la evaluación positiva de la comisión de seguimiento.
Las reinvindicaciones de los doctorandos se deben enmarcar en un contexto de precarización de la docencia universitaria, que afecta también especialmente al colectivo de profesorado asociado, de denuncia por parte de las universidades de problemas de financiación y del anuncio del Gobierno de la reducción del importe de las tasas universitarias. Además, cabe tener presente que los salarios que se reconocen a este colectivo se asimilan al salario mínimo interprofesional, muy inferior al de otros países europeos.
