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El Síndic comparece en el Parlamento para explicar el Plan de igualdad de género y debatir el informe sobre el derecho al suministro de electricidad
El informe sobre el derecho al suministro propone medidas concretas para reducir a la mitad la factura doméstica de la luz
El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha comparecido este lunes, 9 de diciembre, ante la Comisión del Síndic del Parlamento de Cataluña para debatir el Plan de igualdad de género de la institución y el informe El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al servicio y la garantía de su calidad.
El Plan de igualdad del Síndic de Greuges
El pasado mes de enero, el Síndic aprobó el primer Plan de igualdad de género de la institución para el período 2019 - 2022, que incluye cuatro grandes ejes de actuación: fortalecer la cultura de la igualdad en el seno de la institución; transversalizar la perspectiva de género y la perspectiva LGBTI en el conjunto de actuaciones del Síndic; dar visibilidad y atención a las mujeres que sufren violencia machista, y el último eje se centra en el Síndic de Greuges como espacio laboral donde trabajan decenas de personas, con una atención especial a la promoción y al desarrollo profesional.
El Plan, que es pionero, incluye 51 acciones, que serán desplegadas progresivamente a lo largo de cuatro años, entre las que destacan la elaboración de materiales de comunicación con perspectiva de género, la implementación del uso de lenguaje inclusivo y la promoción de la paridad. También prevé la elaboración de informes de balance de los cinco años de vigencia de las leyes 17/2015, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 11/2014, para garantizar los derechos LGBTI y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, y sobre el cumplimiento de las funciones atribuidas al Síndic en estas normativas.
Una de las acciones más destacadas que incluye el plan es fortalecer el impacto del Síndic hacia el tejido asociativo en todo el territorio, a partir de impulsar reuniones con entidades y asociaciones vinculadas con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ.
Para cada eje se han definido una serie de indicadores que permitirán evaluar si la medida se ha ejecutado. De hecho, actualmente ya se está preparando una primera evaluación del grado de cumplimiento durante este primer año.
El Plan también fue trasladado al Instituto Catalán de las Mujeres y a la Secretaría de Igualdad del Departamento de Trabajo, Bienestar y Familia, con quien el Síndic tiene convenios de colaboración específica para el fomento de los derechos de las mujeres y del colectivoLGTBIQ.
En cuanto a la violencia machista, el Plan recopila la elaboración de informes monográficos, el inicio de actuaciones de oficio y la realización de visitas periódicas de inspección a los recursos de acogida, atención, recuperación y reparación para las mujeres en esta situación. En este sentido, el Síndic se ha marcado como un objetivo prioritario para los próximos cuatro años dar visibilidad y atención a las mujeres que sufren violencia machista y sensibilizar de este reto al conjunto de la sociedad. Para hacerlo, ha previsto fortalecer las relaciones con las entidades y las asociaciones que trabajan en defensa de este colectivo, e incrementar las actuaciones e informes sobre el tema impulsado por la institución.
El derecho al suministro de electricidad
El informe El derecho al suministro de electricidad: obstáculos y soluciones en el precio, el acceso al servicio y la garantía de su calidad, entregado en el Parlamento el pasado mes de marzo, hace una diagnosis de la situación actual a partir del anàlisis del coste de la energía eléctrica basándose en los tres componentes que contribuyen, con un peso relativo similar, en el importe final de la factura final: la energía eléctrica que se consume propiamente, el coste que se deriva del precio resultante en el mercado mayorista, en que generadoras y comercializadoras negocian la compraventa de energía diariamente; el segundo componente, que son los peajes de acceso que sirven para pagar, por un lado, los costes regulados del sistema como por ejemplo el transporte y la distribución de la energía, así como otros gastos no relacionados con el suministro, como por ejemplo las ayudas a la generación renovable o la financiación del déficit de tarifa (decisiones de política energética), y, por último, los impuestos que soporta la persona consumidora (como por ejemplo el impuesto electricidad e IVA).
Durante la comparecencia, el Síndic ha reiterado la necesidad de reducir la factura de la luz de usuarios domésticos, repartir de manera proporcional y más justa entre todas las tipologías o usos de consumo (doméstico, industrial, servicios, etc.) los cargos no relacionados con el consumo y reducir las cargas impositivas como el impuesto eléctrico (técnicamente llamado Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica), y acercar el IVA del 21% a un tipo reducido, similar al que aplican los países de nuestro entorno. También ha pedido que se elimine el concepto de alquiler del contador de la factura, dado que no se justifica económicamente (falta de análisis de coste-beneficio) puesto que la persona consumidora ya lo paga por medio de los peajes en concepto de retribución a la actividad de distribución.
Asimismo ha hablado acerca del bono social y ha vuelto a recomendar a la Administración del Estado que redefina profundamente el procedimiento establecido para la solicitud y la renovación del bono social teniendo presentes los derechos de las personas vulnerables y los principios de simplificación administrativa.
En cuanto a la pobreza energética, el Síndic pide a la Generalitat que adopte con la máxima celeridad las medidas adecuadas para el despliegue reglamentario de la Ley 24/2015, que debería incluir el establecimiento de un modelo de informe de los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial determinadas por la Ley.
