Noticias

El Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura recomienda una mayor interacción entre el sistema penitenciario y la atención a las personas mayores, en cuanto a la cobertura de las necesidades de este colectivo vulnerable

El Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura (MCPT) ha presentado a la opinión pública este lunes, 23 de diciembre, las conclusiones y las recomendaciones más destacadas incluidas en su Informe anual correspondiente al año 2019, que previamente ha entregado al presidente del Parlamento, Roger Torrent. El síndic de greuges, Rafael Ribó; el adjunto general, Jaume Saura, y miembros del Equipo de Trabajo del Mecanismo han comparecido en rueda de prensa y han valorado las visitas que han llevado a cabo durante todo el año a 42 centros cuya característica común es que son espacios que acogen a personas privadas de libertad.

El protocolo de actuación del Mecanismo en relación a las visitas ha sido el mismo que en los años anteriores y se basa en la preparación previa por parte del Equipo, la ausencia de anuncio previo y, algunas veces, el desarrollo de entrevistas confidenciales a personas privadas de libertad, a personal funcionario, a equipos de tratamiento y a direcciones de los centros.

Además, este año el informe también presenta un estudio monográfico que quiere analizar la respuesta de las administraciones públicas a la atención integral de las personas mayores o con enfermedad grave o incurable en los centros penitenciarios.

El informe también da cuenta de forma detallada del estado de cumplimiento de las principales recomendaciones generales formuladas en informes de años anteriores e informa de las novedades que ha habido a lo largo de 2019.

Personas mayores o con enfermedad grave en privación de libertad

A partir de las visitas del Equipo del MCPT a centros penitenciarios, se ha puesto de manifiesto que, desde el punto de vista de la intervención de los poderes públicos, las personas de la tercera edad siempre han sido una de las grandes olvidadas del sistema, mientras que se han dedicado esfuerzos a otros segmentos de la población. En este sentido, la atención prestada a este colectivo debería implicar no sólo la perspectiva penitenciaria, sino también la de salud y bienestar social, así como la aplicación de los preceptos del Código penal y el Reglamento penitenciario, que prevén la excarcelación para personas enfermas en situación terminal, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido.

Por esto, el MCPT considera que es necesaria una mayor interacción entre el sistema penitenciario y los sistemas de atención a la gente mayor (servicios sociales, sociosanitarios, geriátricos,...), de manera que la atención a este colectivo se produzca, siempre que sea posible, fuera del ámbito penitenciario. También reclama una mayor sensibilidad por parte de las juntas de tratamiento y los juzgados de vigilancia para otorgar terceros grados o regímenes de cumplimientos flexibles a personas que se encuentran en una situación de enfermedad grave o incurable.

Visitas realizadas

Durante el año 2019 se han llevado a cabo un total de 43 visitas a 42 centros diferentes, de acuerdo con la distribución siguiente:

• Comisarías de la Policía de la Generalitat – Mossos de Esquadra: 3
• Comisarías de policía local/municipal o guardia urbana: 19
• Centros penitenciarios: 8 visitas (7 centros)
• Centros geriátricos: 2
• Residencias para personas con discapacidad: 3
• Centros de menores:
  • Centros residenciales de educación intensiva: 1
  • Centros primera acogida para niños no acompañados: 4
  • Centros educativos de justicia juvenil: 2
  • Comunidades terapéuticas: 1

De las visitas a los centros penitenciarios, el informe destaca que en algunas ocasiones se ha encontrado personal que no llevaba el número de identificación visible y que el número de cámaras de videovigilancia continúa siendo insuficiente. Continúan siendo recurrentes las quejas por el precio de algunos productos de las tiendas del CIRE. El MCPT también recuerda que la contención mecánica tendría que ser una medida exclusivamente sanitaria y que el seguimiento, la supervisión y la finalización de la medida deberían obedecer tan sólo a criterios médicos.

En el ámbito policial, en el informe se vuelve a insistir en que la visita médica es un derecho de la persona detenida y se debe hacer en privado, sin presencia policial, tal y como prevé el protocolo de Estambul. Igualmente, un año más, se pone el acento en que es necesario revisar los protocolos de actuación de las comisarías de policía local y de los  Mossos de Esquadra en el circuito de detención, de manera que, como regla general, de la custodia se hagan cargo los Mossos.

En cuanto a los centros de primera acogida para niños migrantes sin referentes familiares y centros de emergencias, en general, se han observado muchas deficiencias de mantenimiento y falta de reparación de desperfectos que se van produciendo por el uso. Algunos profesionales han puesto de manifiesto la existencia de algunos perfiles, como por ejemplo adolescentes con problemas de salud mental o comportamientos disruptivos, que son inadecuados para el funcionamiento del centro. Asimismo, se denuncian carencias en los circuitos e importantes retrasos en la tramitación de la tutela y del permiso de residencia, debido al colapso de los diferentes servicios sociales.

En cuanto a los centros de justicia juvenil, se ha constatado un alto nivel de ocupación, que en algunos casos bordea la masificación, hecho que  va en detrimento del principio de atención individualizada que debe regir la intervención.

Del centro terapéutico visitado, se ha observado que existe una gran variedad de perfiles entre los adolescentes ingresados (personas con fuerte discapacidad intelectual, personas con adicción, etc. ), y presencia de mayores de edad. Por otra parte, se recuerda que las estancias deben ser para el mínimo tiempo indispensable y que cabe disponer de las autorizaciones judiciales y evaluaciones forenses necesarias.

Por último, en cuanto a las residencias sociosanitarias, destaca la necesidad de mejorar y mantener las infraestructuras de estos centros y se pide al Departamento de Trabajo, Bienestar y Familias que cambie y adecúe la tipología y ratios de profesionales al nuevo perfil de las personas mayores.

Seguimiento de las recomendaciones anteriores

Sobre los derechos y garantías de las mujeres en los centros penitenciarios, el MCPT reclama que se adopten medidas para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, puesto que las internas se continúan quejando del tipo de trabajos que desarrollan, en el sentido de que son menos cualificadas que las de los hombres y con peor retribución. Además, continúan manifestando que la oferta de trabajo es inferior, al mismo tiempo que algunos destinos tan sólo se ofrecen a los hombres. También se remarca que no se ha puesto en marcha ningún programa ni plan de acciones para las mujeres y hombres que prevea acciones positivas para erradicar la discriminación y la victimización.

En cuanto al uso de pistolas eléctricas, tras un primer período de pruebas piloto y de parte de la implementación, se han producido algunos incidentes. En consecuencia, el MCPT considera que sería necesario hacer una primera evaluación y valorar los aspectos que son susceptibles de mejora así como determinar si estas herramientas responden a las necesidades operativas y si los objetivos se están cumpliendo. En esta línea, también reclama dar a conocer este informe de seguimiento y crear un posible mecanismo independiente con capacidad para investigar denuncias por un posible abuso o uso inadecuado.

Y, en lo que respecta a los espacios que prestan atención inmediata a niños migrantes sin referentes familiares, el MCPT valora positivamente el anuncio del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de modificar el modelo de acogida de emergencia desplegada en el año 2018 en hoteles, albergues y casas de colonias, a favor de pisos más pequeños donde se puedan desarrollar proyectos de integración social y ofrecer a los jóvenes una atención personalizada, y la creación del DAI (Dispositivo de Atención Inmediata), para evitar que los jóvenes pasen mucho tiempo en las comisarías y ofrecerles una atención adecuada a la llegada, antes de que pasen a los centros de emergencia y a los centros de primera acogida.

Volver