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El Síndic pide que se considere el interés primordial de los niños y adolescentes en todas las medidas adoptadas para gestionar la crisis sanitaria de la COVID-19
Emite unas recomendaciones dirigidas a todas las administraciones en las que insiste en la atención específica a los niños, y entre ellos, a los más vulnerables.
No cuestiona las medidas adoptadas hasta ahora, fundamentadas en los conocimientos científicos y técnicos, y en la perentoriedad que ha exigido dar respuesta a una crisis sanitaria, sin precedentes inmediatos.
Pide que las autoridades comuniquen y expliquen a los niños y adolescentes, por las vías más accesibles, con un lenguaje comprensible y adaptado a sus diferentes edades y necesidades, las decisiones acordadas
Solicita que se valore ajustar de manera prudente pero específica las medidas de confinamiento, a fin de que los niños y adolescentes puedan realizar alguna actividad al aire libre o de ejercicio físico, manteniendo las distancias de seguridad y en función de la edad y las necesidades del menor.
Las medidas de flexibilización laboral y de teletrabajo no deben invisibilizar el derecho de los niños a recibir la atención adecuada por parte de sus cuidadores y cuidadoras ni deben suponer una doble discriminación para las mujeres
El Síndic ha emitido una resolución para que los derechos de los niños y adolescentes adquieran relieve en la gestión de esta crisis sin precedentes inmediatos. Sus específicas necesidades deben ser atendidas en la medida de lo posible, haciendo también ahora prevalecer el interés primordial del niño.
En este sentido el Síndic desea hacer mención, como buenas prácticas, de los ejemplos de los primeros ministros de Canadá y Noruega quienes han dirigido conferencias de prensa a los niños y adolescentes de sus países y han recogido sus aportaciones. Así mismo, considera muy positiva la emisión del programa Infok en que algunos niños dirigieron preguntas presidente de la Generalitat de Catalunya en relación con la crisis.
Por otra parte, y en cuanto a la salud, a pesar de tratarse de una crisis eminentemente sanitaria, se ha hablado poco del derecho a la salud de los niños y adolescentes, más allá de su papel como transmisores de la enfermedad para el resto de la población.
La mayor parte de información publicada respecto a los efectos de la enfermedad en los niños y adolescentes indica que no afecta o es especialmente poco virulenta entre los niños y adolescentes, incluso entre los recién nacidos. De hecho, de las cifras publicadas por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, a 22 de marzo de 2020 se extrae que solo ha fallecido un menor de 10 a 19 años, aunque sí hay 34 niños de 0 a 9 años, uno de ellos en la UCI, y 15 adolescentes de 10 a 19 años hospitalizados por COVID-19.
No obstante, la OMS también califica la infancia como población de riesgo.Es necesario proteger la salud de los niños y adolescentes como colectivo de atención prioritaria, focalizando la atención en los más vulnerables y preservando la atención diferenciada y habitual a la población pediátrica.
Se deben difundir de manera extensa a través de los medios de comunicación recomendaciones y consejos pediátricos para atender las afectaciones en la salud emocional y en el desarrollo integral de los niños y adolescentes durante el confinamiento.
El Síndic considera que se deben valorar las necesidades específicas de movimiento y contacto con el medio exterior de los niños y adolescentes en función de las circunstancias personales y la edad a la hora de prever posibles excepcionalidades si el confinamiento se alarga en el tiempo y en este sentido, pide trasladar estas consideraciones a las administraciones competentes.
En cuanto al derecho a la educación en condiciones de equidad, se valora muy positivamente el compromiso del Departamento de Educación a la hora de garantizar la continuidad del aprendizaje en condiciones de inclusión y sin discriminación por razones socioeconómicas.
Considera sin embargo muy importante que se garantice el acompañamiento y seguimiento del alumnado que, más allá de los problemas relacionados con el aprendizaje formal por razones tecnológicas, de falta de adaptación de las herramientas o por limitaciones socioculturales, puedan encontrarse en situaciones de riesgo de abandono escolar, de sufrir todo tipo de violencias y situaciones de desprotección.
En este sentido, el Síndic recalca la función de la escuela, y de las actividades educativas no regladas y de tiempo libre, como institución de cohesión social, de protección y de convivencia y la necesidad de que esta tarea se siga desarrollando aún en mayor medida en la situación de confinamiento, conjuntamente con los servicios sociales y de salud.
El Síndic considera muy positivo el esfuerzo que se está realizando desde el Departamento de Educación para que se reduzca la brecha digital entre familias y centros educativos que existe, aprovechando las necesidades planteadas por la situación de emergencia sanitaria.No obstante, y entendiendo que este esfuerzo perdurará en el tiempo una vez superada la crisis, plantea la necesidad de estudiar los riesgos de utilizar herramientas digitales que no son propias a la hora de garantizar la seguridad en su uso y la protección de los datos y que se valore la idoneidad de proveerse de un sistema de herramientas digitales propio accesible y adaptado a todo el mundo.
En tanto que colectivo especialmente vulnerable, y dado que por motivos de seguridad y protección a raíz de la crisis, se han cerrado algunos servicios especializados, el Síndic pide que se garantice la asistencia y acompañamiento de los niños y adolescentes con diversidad funcional y sus familias.
En cuanto a los niños y adolescentes institucionalizados, tanto los que se encuentran en centros del sistema de protección o en centros educativos de justicia juvenil, dado su mayor riesgo de contagio en la vida cotidiana, es preciso extremar precauciones y dotar de consignas y protocolos claros de protección para el personal y para los niños y adolescentes.
También es necesario prever medidas específicas de acompañamiento emocional y psicológico para los niños y adolescentes que dadas las circunstancias de confinamiento y el daño emocional previamente vivido pueden presentar mayor predisposición de sufrir problemas de salud y estabilidad emocional.
Todas estas medidas importantes de seguridad y salud pública deberían interferir en la mínima medida posible en el desarrollo de las actividades cotidianas de unos niños y adolescentes que ya se encuentran internos en centros residenciales en lugar de en sus hogares familiares.
El Síndic quiere hacer especial énfasis en la necesidad de valorizar socialmente la tarea de cuidado de niños y adolescentes, en un momento en que la red institucional y también profesional que cubre parte de esta función ha dejado de prestar dicho servicio.
En concreto quiere que se vele por que las medidas de flexibilización laboral y de teletrabajo no invisibilicen el derecho de los niños a recibir la atención adecuada por parte de sus cuidadores y cuidadoras y por que estas medidas no supongan una doble discriminación para las mujeres principalmente, considerando el sesgo de género ya existente en la asunción de tareas domésticas y de cuidado así como para determinadas configuraciones familiares, familias monoparentales y monomarentales, separadas, con algún tipo de discapacidad, que hayan contraídola enfermedad, numerosas, hijos e hijas de parejas separadas, etc.
Las administraciones públicas, aprovechando las circunstancias y la conciencia social colectiva existente en la lucha para combatir la propagación de la enfermedad, deben realizar un esfuerzo también en la responsabilidad social y económica en la tarea de cuidado y atención de las personas dependientes y los niños, visibilizándola y valorizándola en tiempo y monetización.
Por último, hay colectivos de niños y adolescentes que merecen especial atención en estos momentos. Son los niños y adolescentes que ya sufren en la vida ordinaria de una vulneración flagrante en sus derechos, niños empobrecidos y precarizados, víctimas de violencia doméstica y abusos sexuales, migrantes sin referentes familiares, adolescentes ex-tutelados que no disponen de recurso estable, víctimas de tráfico, entre muchas otras situaciones que requieren de intervención social urgente y que pueden verse relegadas.
Por este motivo, el Síndic quiere poner de relieve que la crisis sanitaria actual supone también una situación de emergencia social y en este sentido es preciso que los servicios sociales sean dotados al efecto, con un fondo social extraordinario y con las medidas de seguridad oportunas, para poder realizar un seguimiento detallado de las realidades de riesgo ya detectadas y poder hacer posible que puedan aflorar y atenderse situaciones de sufrimiento que pueden quedar invisibilizadas en los hogares confinados de toda Cataluña.
El Síndic ha enviado estas recomendaciones, encaminadas a preservar los derechos de los niños, a los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Salud, Educación y Justicia de la Generalitat de Cataluña, así como también a las autoridades responsables del Gobierno español.
