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Comunicado del Síndic en relación con la prevención del coronavirus en los centros penitenciarios de Cataluña
El Síndic de Greuges se ha dirigido al presidente de la Generalitat y a la consejera de Justicia
Tal y como hizo público el 26 de marzo, el Síndic de Greuges ha iniciado una actuación de oficio para analizar la gestión de la crisis provocada por la propagación del virus SARS-CoV2 y su incidencia en el conjunto de los establecimientos penitenciarios de la Administración de la Generalitat de Cataluña.
En aquella ocasión, el Síndic se hacía eco de la declaración oficial de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que pedía a los gobiernos de todo el mundo que procuraran reducir el número de personas privadas de libertad, en particular las condenadas por motivos políticos o por expresar ideas críticas o disentir. Simultáneamente, los mecanismos internacionales encargados de la supervisión de los centros de privación de libertad (Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa) habían recomendado la reducción de la población penitenciaria y la búsqueda de alternativas a la privación de libertad.
Posteriormente, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado esta pandemia como la “peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial” y ha pedido medidas extraordinarias para hacerle frente, mientras que la comisaria europea para los derechos humanos, Dunja Mijatovic, ha pedido la puesta en libertad de las personas migrantes privadas de libertad en centros de detención.
Más recientemente, en una nota hecha pública ayer, el relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Boris Cilevics, ha respaldado las medidas adoptadas por muchos países encaminadas a liberar personas privadas de libertad que no suponen un riesgo para la sociedad y se ha referido en particular a los internos con perfil político, en los términos siguientes:
“Prisoners with political backgrounds, such as the Catalan politicians convicted for their role in the unconstitutional referendum in October 2017, or the Turkish parliamentarians, mayors and other politicians imprisoned for speeches made in the exercise of their mandate, should certainly benefit from such measures”.
De acuerdo con estos pronunciamientos, el Síndic de Greuges pide a la Administración penitenciaria la agilización de las actuaciones para excarcelar, en la medida de lo posible, al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios, con el fin de minimizar el riesgo de contagios del virus SARS-CoV2 y contribuir así a evitar el colapso del Sistema Nacional de Salud.
En este sentido, el Síndic recomienda la progresión a tercer grado de tratamiento penitenciario de todas las personas clasificadas en régimen ordinario que disfruten de la modalidad de vida prevista en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, siempre que se constate la capacidad para llevar un régimen de vida en semilibertad. Las personas internas que se tengan que acoger a esta situación deben mostrar un perfil de escasa peligrosidad y riesgo bajo de reincidencia delictocriminal y buena conducta; disponer de un apoyo externo, familiar/social, consolidado que permita asegurar la obligación de confinamiento en domicilio, y estar dispuestas a mantener otros mecanismos de control.
Esta medida debe adoptarse de manera generalizada y sin incurrir en ninguna forma de discriminación entre las personas internas que cumplan dichos requisitos, de manera que, tal y como pide el relator Cilevics, y en línea con lo manifestado por Michelle Bachelet, debería beneficiar a las nueve personas condenadas por la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019.
Para posibilitar su excarcelación y subsiguiente confinamiento domiciliario, la progresión al régimen de tercer grado se podría adoptar bajo la modalidad de vida prevista en el artículo 86.4 del Reglamento penitenciario, en su forma no telemática, tal y como el Departamento de Justicia está aplicando a más de la mitad de las personas internas en situación de tercer grado en el contexto actual de lucha contra la pandemia del coronavirus. El acogimiento de esta medida vendría favorecido por el principio de flexibilidad, que debe estar presente durante todo el período de ejecución de la pena privativa de libertad, y tendría carácter temporal mientras dure la situación de excepcionalidad que vivimos.
Por este motivo, el Síndic se dirige al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consejera de Justicia, Esther Capella, para conocer la posición del Gobierno sobre esta cuestión y si existen instrucciones de otras autoridades en un sentido diferente.
Barcelona, 3 de abril de 2020
