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El Síndic propone un pacto de país para abordar la crisis provocada por la COVID-19 que permita cambios radicales e incremento de inversiones en salud, servicios sociales, derechos de los niños y economía
Es preciso revisar con urgencia el modelo residencial actual y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas preventivas y prevención indispensable
La institución continúa velando por los derechos de los niños y sus intereses y actuando en ámbitos como por ejemplo la salud –incluida la mental−, el bienestar social y económico y la educación
La crisis económica está teniendo efectos especialmente graves. En consecuencia, cabe resolver con urgencia los problemas burocráticos con que se han encontrado las personas con menos recursos
Reclama garantía de derechos, transparencia informativa entre administraciones y una recuperación plena de las competencias estatutarias, promoviendo la actuación administrativa desde la proximidad
Considera que debe ser compatible el bienestar económico con los límites establecidos por la OMS en cuanto a la contaminación del aire y la salud de las personas
El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha presentado este jueves, 4 de junio, la informe Salud y derechos en la crisis de la COVID-19. Este informe tiene por objetivo ofrecer una visión global de la crisis de la COVID-19 desde la perspectiva de los derechos, y detalla las conclusiones y las recomendaciones sectoriales específicas de cada ámbito de la actuación administrativa y social afectada por la crisis de la pandemia.
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la situación en cuanto a la COVID-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. El mes de marzo, la organización la consideraba pandemia, DADas la velocidad y la escala de la transmisión, y alertaba de que el impacto de esta enfermedad podría ser más alto en ciertos grupos de la población.
La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha supuesto una sacudidaextraordinaria para todo el sistema sanitario, y ha exigido un esfuerzo descomunal de todos los profesionales así como de las organizaciones para paliar los efectos. A pesar de ello, las consecuencias sociales y económicas han sido igualmente inmensas, con millones de pérdidas de empleos y una caída del producto interior bruto en el primer trimestre del año sin precedentes. En este contexto, el Síndic ha abierto más de 40 autos de oficio vinculados a la crisis provocada por la pandemia y ha canalizado más de un millar de quejas y consultas. Por este motivo, la institución ha elaborado este informe, a fin de ofrecer una visión global de la crisis de la COVID-19 desde la perspectiva de los derechos y de la actuación del Síndic de Greuges de Cataluña.
El Síndic ha entregado este informe al Parlamento de Cataluña y, de acuerdo con la Ley del Síndic, debe ser objeto de debate en la Comisión del Síndic de Greuges. También lo ha entregado al presidente de la Generalitat, con quien ha podido comentar los detalles en el marco de una reunión este mismo jueves, 4 de junio.
Salud
Ante todo, el análisis del Síndic se centra en el núcleo duro de afectación de la pandemia, el sistema sanitario de Cataluña y el resto de España, con más de 237.906 personas infectadas, de las que 27.119 han muerto (datos del 28 de mayo). EL esfuerzo realizado por los profesionales de salud ha sido inmenso, los cuales han ido construyendo una respuesta creciente con el uso y la readaptación de los medios y las instalaciones posibles, con cooperación entre el ámbito público, concertado y privado.
A pesar de la dedicación de los profesionales, es necesario establecer una serie de medidas. Es preciso disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la crisis y garantizar el descanso al personal del ámbito sanitario que ha estado en primera línea durante la pandemia. Por otra parte, es necesario un fortalecimiento presupuestario del ámbito de la salud y el bienestar, incluyendo una inversión en infraestructuras, políticas de recursos humanos, programas de renovación de maquinaria, potenciación de la búsqueda y la prevención, y trabajar en problemáticas como por ejemplo la atención primaria o la atención social y sanitaria, entre otras.
Servicios residenciales
La situación de emergencia sanitaria vivida tanto a las residencias de personas mayores como las de personas con discapacidad intelectual, o en centros de menores de edad o mujeres víctimas de violencia de género, ha puesto de manifiesto insuficiencias de información, de relación y diálogo con los familiares y de transparencia y liderazgo, lo cual evidencia graves carencias tanto en recursos materiales como humanos.
En cuanto a las residencias para personas mayores o con discapacidad, aún es necesario que se proporcione con transparencia toda la información para conocer como se ha gestionado la crisis de la COVID-19. Así mismo, cabe revisar con urgencia el modelo residencial actual y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas preventivas y prevención indispensable, potenciando recursos alternativos al residencial que permitan que el sistema de atención social esté más descentralizado y disperso en recursos con menos número de usuarios.
Niños y educación
El Síndic ha reclamado desde los primeros días de confinamiento que se tuvieran en cuenta los derechos de los niños y sus intereses en la gestión de la crisis y en los fallos de política pública. su desconfinamiento ha sido una medida adecuada, pero es preciso continuar actuando en ámbitos como por ejemplo la salud –incluidala mental−y el bienestar social y económico.
En cuanto al ámbito educativo, se debe poner el acento en la atención del alumnado con necesidades específicas, en quienes hayan sufrido los efectos de la brecha digital, la falta de acompañamiento educativo y la falta de relación con los compañeros, lo cual conlleva un riesgo a largo plazo en su trayectoria educativa. En consecuencia, hace falta elaborar una planificación específica para el reinicio del curso escolar 2020-2021 para compensar los efectos del confinamiento en este ámbito.
Territorio, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
La mejora de la cualidad del aire o la drástica caída en el nivel de ruidos en las ciudades, consecuencias directas del confinamiento de la población y de la ralentización de la actividad económica, son dos efectos positivos que ha tenido la pandemia. A pesar de esto, continuamos inmersos en una crisis climática a la que todas las administraciones deben hacer frente de manera decidida y prioritaria. En consecuencia, es necesario reforzar y profundizar en las políticas territoriales y ambientales iniciadas con antelación a la pandemia, como por ejemplo crear infraestructuras dirigidas al equilibrio ambiental, potenciar el transporte colectivo, rebajar el gasto energético y replantear el modelo turístico, entre otros.
Economía al servicio de las personas
La crisis económica está teniendo efectos especialmente graves sobre las personas con menos recursos, particularmente sobre las personas que han perdido la ocupación durante este periodo, así como en la gestión de la renta garantizada de ciudadanía. En consecuencia, es urgente un plan social de choque con implicación y coordinación de todas las administraciones y que dé apoyo a las entidades del tercer sector. A corto plazo, es necesario resolver los problemas burocráticos con que se han encontrado a las personas más vulnerables y asegurar de forma efectiva las ayudas necesarias a los autónomos, superar el colapso del SEPEy de la Agencia Catalana de la Vivienda y que el ERTE se empiecen a cobrar. Así mismo, gestionar de manera más ágil la renta garantizada y dotar de recursos las personas emprendedoras que ahora reanudan su actividad económica.
Derechos, libertades y autogobierno
La declaración del estado de alarma teóricamente no ha supuesto la suspensión de derechos y libertades, pero sí que ha permitido limitarlos severamente, en particular las libertades vinculadas a la circulación, reunión y manifestación, aparte de los riesgos que algunas medidas para luchar contra la pandemia podrían suponer sobre el derecho a la protección de datos. En consecuencia, estas limitaciones pueden provocar un riesgo de limitar o restringir derechos y libertades de forma permanente, y es preciso alertar del riesgo de regresión democrática que pueden generar las situaciones excepcionales.
Así mismo, la gestión de la pandemia también ha conllevado una centralización de errores que no se adecúa con la naturaleza descentralizada del Estado. Por este motivo, a corto plazo, cabe impulsar la transparencia informativa, un principio real y efectivo de coordinación entre administraciones y una recuperación plena de las competencias estatutarias, promoviendo la actuación administrativa desde la proximidad y, así mismo, poniendo en marcha las medidas previstas en el Plan de derechos humanos de Cataluña, presentado al Gobierno y en el Parlamento de Cataluña el 10 de diciembre de 2019.
Los bloques de medidas planteados dentro de este informe requieren un amplio consenso político y parlamentario, tanto en las Cortes Generales como en el Parlamento de Cataluña. Por este motivo, el Síndic hace un llamamiento a un gran pacto, tanto a escala española como catalana, por parte de todas las fuerzas políticas democráticas y que se abra al máximo a la participación social.
Informe Salud y Derechos en la crisis de la COVID-19 (en catalán)
Enlace a la rueda de premsa (en catalán)
