La institución solicita que se apruebe un plan especial de protección de la red viaria para evitar estas incidencias
Es preciso definir los puntos o tramos de las carreteras que requieran una actuación prioritaria y aprobar un calendario de actuaciones de prevención y defensa
Las medidas se adoptarán con coordinación y colaboración entre administraciones, respetando las competencias e informando acerca de las incidencias en el sistema de comunicación
El Síndic de Greuges de Cataluña ha publicado una resolución sobre el análisis de la actuación de las administraciones públicas para garantizar la seguridad de las personas usuarias de las carreteras a raíz de los casos de deslizamientos de tierras y de desprendimientos de rocas. La institución ha elaborado una serie de sugerencias dirigidas al Departamento de Territorio y Sostenibilidad.
Durante los primeros meses del año 2018 el Síndic tuvo conocimiento de varios deslizamientos de tierra y de desprendimientos de rocas sobre carreteras con importantes afectaciones y daños a personas y bienes. Alguno de estos deslizamientos tuvo lugar en la carretera C-16 (en la Nou de Berguedà ) y provocó la muerte de una persona y tres heridos, y también en la carretera C-31 (en el tramo de las Costas del Garraf), que quedó cortada al tráfico durante horas en caer a la calzada una piedra de grandes dimensiones, entre otros. En los últimos meses también han habido otros casos en carreteras como la C-13 y la N-II.
El Síndic de Greuges tiene la función de proteger y defender los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía de Cataluña. La institución sólo tiene constancia de las incidencias que se han recogido en los medios de comunicación, ya que el Síndic no dispone de un registro de las incidencias (desprendimientos y/o deslizamientos) que se producen en la red viaria de Cataluña, ya que esta es una función que corresponde a las administraciones competentes en la gestión de las infraestructuras.
En junio de 2018 el Observatorio del Georiesgos del Colegio de Geólogos de Cataluña hizo pública una nota de prensa en la que recordaba que "los deslizamientos de tierras y los desprendimientos de rocas constituyen un proceso geológico natural [...], donde el riesgo cero no existe". Asimismo, reclamó una mejor planificación y coordinación en la construcción de una buena base de datos para crear una herramienta de gestión de riesgo de deslizamientos y de desprendimientos. En consecuencia, el Síndic inició una actuación de oficio en 2018 y solicitó información sobre esta problemática al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y al Colegio Oficial de Geólogos.
En los últimos meses la institución se ha vuelto a dirigir al Departamento de Territorio y Sostenibilidad y al Colegio Oficial de Geólogos, debido a diversos deslizamientos y desprendimientos. El Colegio Oficial de Geólogos ha informado de las actuaciones realizadas por el Observatorio del Georiesgos durante los años 2018 y 2019, y de los trabajos en curso. Asimismo, advierte que el análisis del riesgo de esta problemática es parcial e incompleta y, por tanto, mejorable.
Cabe tener en cuenta que el Estatuto de autonomía de Cataluña dedica su artículo 48 a la movilidad y la seguridad vial y determina lo siguiente: "Los poderes públicos impulsarán, de manera prioritaria, las medidas destinadas al incremento de la seguridad vial y la disminución de los accidentes de tráfico". Además, existe normativa diversa que obliga a las administraciones a velar por la seguridad de las personas usuarias de las carreteras.
En este sentido, el Síndic dirige varias sugerencias al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, la principal de ellas centrada en la aprobación de un plan especial de protección de la red viaria ante de los deslizamientos y los desprendimientos. Como complemento de este plan, es primordial el encargo a un órgano específico de la realización de un inventario unificado de todos los deslizamientos y puntos con inestabilidades del terreno, a fin de elaborar una base de datos que identifique los puntos o tramos de la red de carreteras que requieren actuación prioritaria y aprobar un calendario de actuaciones presupuestadas de prevención y defensa. Y, asimismo, es necesario adoptar las medidas anteriores de acuerdo con los principios de coordinación y colaboración entre administraciones, de respeto mutuo en el ámbito competencial y de información con respecto a las incidencias en el sistema de comunicaciones.