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El presidente del Parlamento y el síndic reclaman el cierre definitivo de los CIE y denuncian la denegación de acceso a dicho centro
En una comparecencia conjunta Roger Torrent y Rafael Ribó han fijado el posicionamiento institucional
Es preciso establecer mecanismos legales que hagan innecesario el internamiento previo ante la eventual expulsión de personas extranjeras en situación irregular
Proponen que se definan políticas migratorias y de acogida más adecuadas a las necesidades actuales y a los derechos de las personas
Opacidad informativa, condiciones materiales y asistenciales inadecuadas, quejas por malos tratos y presencia de menores han sido los principales problemas detectados en el CIE
El presidente del Parlamento y el síndic de greuges de Cataluña han comparecido esta mañana a las puertas del CIE de la Zona Franca, donde han presentado un manifiesto conjunto para reclamar una vez más el cierre y denunciar la denegación del acceso al Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, por parte del Ministerio del Interior, a los diputados y diputadas del Parlamento, que obedecían el mandato de la moción 158/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la situación de los centros de internamiento para extranjeros, aprobada por el pleno de la cámara el 5 de marzo de 2020. La moción también acordaba el compromiso de crear una comisión de estudio sobre el racismo institucional y estructural en la gestión de la seguridad en Cataluña.
En abril de 2012 el Síndic y el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura recibieron la negativa, por parte de la delegada del Gobierno español y de la Comisaría General de Extranjería, a la visita que se quería realizar en el marco de las funciones de prevención de la tortura. Además de la opacidad informativa detectada y de las condiciones materiales y asistenciales inadecuadas, las quejas por malos tratos han sido frecuentes y últimamente se ha podido constatar la presencia de personas menores de edad. En los últimos años, el Síndic ha abierto veinte actuaciones de oficio y doce quejas a raíz de informaciones recibidas relativas a la situación de personas internadas en el CIE de la Zona Franca. Estas actuaciones incluyen al menos dos defunciones, varias quejas relativas a otros malos tratos y dos huelgas de hambre.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2009, pero con cuatro años de retraso, el Gobierno español aprobó el Reglamento sobre los CIE mediante Real Decreto 162/2014. Pese a que introduce novedades positivas, resulta criticable que mantengan el carácter policial de los centros, con personal funcionario que lleva armas de fuego; que no incluya ninguna garantía sobre el uso de la fuerza, las medidas de contención o las celdas de aislamiento, y que deje sin ninguna concreción cuestiones tales como la organización de las visitas, las llamadas telefónicas o el tiempo mínimo para avisar de una expulsión. En consecuencia, la situación pone de manifiesto que los derechos de las personas internadas en el CIE son notablemente inferiores a aquellos de que disfrutan los internos de centros penitenciarios.
En julio de 2015 el Parlamento de Cataluña instó al Gobierno español a iniciar "en el más breve plazo posible un proceso que conduzca al cierre progresivo de los centros de internamiento de extranjeros". Más recientemente, el 5 de marzo de 2020 el Parlamento ha reiterado esta solicitud en el marco de la moción 158/XII, particularmente en cuanto al CIE de la Zona Franca de Barcelona.
Por todo ello, el defensor del pueblo de Cataluña y el presidente del Parlamento sostienen que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos que, de manera estructural, vulneran derechos fundamentales y, en consecuencia, manifiestan:
- Que se cierre definitivamente el CIE de la Zona Franca de Barcelona.
- Que se cierren progresivamente los centros de internamiento de extranjeros del resto del Estado.
- Que se emprendan las reformas legales oportunas para impedir que las medidas de control migratorio puedan comportar privaciones de libertad exclusivamente por razones de situación de irregularidad administrativa.
- Que se definan políticas migratorias y de acogida más adecuadas a las necesidades actuales y a los derechos de las personas.
