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El Síndic debate en la comisión el Informe al Parlamento 2019 y reivindica la garantía de los derechos sociales, especialmente importantes a raíz de la crisis de la Covid-19

El defensor del pueblo, Rafael Ribó, acompañado por los dos adjuntos, Jaume Saura, y M. Jesús Larios, han comparecido ante la Comisión del Síndic para debatir el Informe al Parlamento 2019.

El informe, que fue presentado al presidente del Parlament, Roger Torrent, el pasado 17 de febrero, recoge las actuaciones más relevantes llevadas a cabo y las cifras más destacadas del año.  Dicho documento ha continuado marcado por el contexto político del país, principalmente por la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a 12 líderes políticos y sociales, nueve de los cuales a penas de entre 9 y 13 años de prisión.

Durante el año 2019 el Síndic ha recibido un total de 10.543 quejas procedentes de 22.993 personas, una cifra ligeramente superior a la del año 2018. También ha atendido 8.843 consultas y ha iniciado 222 actuaciones de oficio. Y, en total, se han tramitado 26.358 expedientes y se han atendido a más de 30.000 personas.

DERECHOS SOCIALES

Este año, las quejas y las actuaciones de oficio en torno a la protección de derechos sociales han vuelto a constituir el primer bloque de quejas recibidas, con un 32% de las actuaciones iniciadas durante el año. Tanto en el ámbito de la educación, fundamentalmente por quejas motivadas por el acceso a centros y preinscripción, como en el ámbito de la salud, por listas de espera, se ha dado un ligero aumento de quejas respecto al año anterior. El incremento más significativo, sin embargo, ha sido el de las situaciones de emergencia residencial, a menudo con niños afectados.

En cuanto al derecho a la vivienda, un año más el Síndic destaca la falta de respuesta suficiente por parte de la Administración a las situaciones de emergencia social y económica en materia de vivienda. Este año se ha podido constatar un incremento del número de situaciones de emergencia en materia de vivienda así como un incremento del periodo de tiempo que transcurre entre la valoración favorable de la mesa de emergencias correspondiente y la asignación de una vivienda, que llega en algunos casos hasta los dos años de espera.

En el ámbito del derecho a la salud, el tema más destacado han sido las listas de espera. El Síndic recuerda el compromiso adquirido en el año 2015 cuando cambió el catálogo de las intervenciones quirúrgicas sujetas a un plazo de espera máximo garantizado y fijó unos plazos de referencia para acceder al resto de intervenciones quirúrgicas, para una primera visita con el especialista, para las pruebas diagnósticas y para la atención primaria. Con el actual contexto, todo hace prever que estas listas de espera se alargarán aún más, lo que preocupa a la institución.

En este ámbito también ha destacado que la crisis del coronavirus ha impactado de pleno en el sistema sanitario y ha puesto de manifiesto carencias muy considerables. Las dificultades para abordar la crisis sanitaria vivida hacen que sea necesario un replanteamiento a fondo con unos cambios estructurales radicales y que, por tanto, una de las primeras cuestiones que se deban abordar sea su financiación, que, sin ser el único problema que presenta, está claro que primordial.

En el ámbito de los servicios sociales, la renta garantizada de ciudadanía ha continuado generando quejas significativas, sobre todo porque la interpretación y la aplicación de los requisitos previstos en la Ley para ser beneficiario de esta prestación generan incidencias e incertidumbres importantes.

En este sentido, se ha constatado que a la hora de contabilizar los ingresos de que ha dispuesto la persona solicitante o la unidad de convivencia para valorar la concurrencia de este requisito o no, el órgano gestor a menudo computa todos los movimientos que figuran en los extractos de las cuentas bancarias sin discriminar ni evaluar la naturaleza de los ingresos ni las posibles particularidades de estos movimientos. Además, el Departamento interpreta como computable cualquier aportación o ayuda económica, incluso aunque tenga carácter esporádico, que hagan otras personas; interpretación que, a juicio del Síndic, no es razonable.

En cuanto a las personas mayores, a pesar de que a lo largo del año 2019 no hubo quejas más significativas que otros años, la situación de emergencia sanitaria vivida en las residencias ha puesto de manifiesto numerosas carencias que habrá que abordar como, los insuficientes recursos, las ratios de personal de atención o las conexiones sanitarias necesarias para poder realizar un seguimiento desde la atención primaria o la correspondiente derivación hacia recursos hospitalarios en caso de que se considere necesario.

En cuanto al derecho a la educación, en marzo de 2019 se celebró el acto de firma del Pacto contra la segregación escolar en el Parlamento de Cataluña, al que se han adherido la mayoría de agentes de la comunidad educativa y del arco parlamentario institucional. El Pacto incluye treinta actuaciones y ciento ochenta y nueve medidas concretas en nueve ámbitos. Entre otros, prevé el desarrollo reglamentario, por medio de un nuevo decreto de admisión de alumnado, de los principales instrumentos para combatir la segregación escolar, especialmente la posibilidad de establecer proporciones máximas de alumnado con necesidades educativas específicas en los centros o el alargamiento de la vigencia de la reserva de plaza hasta el inicio de curso. Durante el año 2019 ya se han puesto en marcha varias de las actuaciones previstas en el Pacto.

En este ámbito, y a raíz del contexto vivido por la pandemia de la Covid-19, el Síndic ha manifestado la necesidad de que se garantice la equidad educativa en la reanudación de la actividad educativa en el curso 2020/2021, especialmente en los centros con especial complejidad. El Síndic considera que, frente a las limitaciones del trabajo no presencial, debe hacerse todo lo posible para iniciar el curso en modalidad presencial para todo el alumnado, con las dotaciones necesarias, con la reorganización de los tiempos y los espacios escolares, y con el uso de espacios disponibles de la red de equipamientos del entorno de las escuelas. La actividad lectiva a distancia no garantiza el buen desarrollo del currículo para el conjunto del alumnado.

TERRITORIO Y CONSUMO

Las políticas territoriales, que incluyen medio ambiente, urbanismo y movilidad, suponen cerca del 30% de las quejas iniciadas en el Síndic durante el año 2019. A su vez, los derechos de personas consumidoras representan alrededor del 10% de las quejas (pero más del 20 % de las consultas) recibidas durante este ejercicio.

Este año, el área de medio ambiente ha sido la que ha motivado más quejas en este capítulo, particularmente en cuanto a la protección de la biodiversidad de espacios en proyectos urbanísticos, de infraestructuras o extractivos (un millar de quejas, algunas de carácter colectivo), junto con las quejas relativas a todo tipo de contaminación . El Síndic de Greuges sigue constatando que existe presión sobre el territorio a raíz de los primeros indicios de recuperación económica en Cataluña y ahora con el retorno a la normalidad de la actividad económica.

En el ámbito de los suministros básicos, el Síndic recuerda que se debe superar la concepción de la persona como simple usuaria de una empresa distribuidora o comercializadora de electricidad, agua o gas para avanzar hacia la consideración de la persona como titular del derecho al suministro a un precio asequible y con una garantía de calidad.

TRANSPARENCIA Y DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN

El informe de evaluación de la Ley de transparencia de 2019 el Síndic insiste en que es necesario reforzar los mecanismos de apoyo de las administraciones con más capacidad a las que disponen de menos recursos y que también cabe fortalecer los espacios de cooperación entre administraciones para poder articular de manera conjunta los instrumentos previstos en la Ley.

También ha destacado que es necesario que los responsables de cada administración tengan la voluntad de priorizar la aplicación, que identifiquen lo que les falta y que planifiquen la manera de darle cumplimiento.

LIBERTADES Y PARTICIPACIÓN

El ámbito de los derechos civiles ha sido, sin duda, marcado por la Sentencia del Tribunal Supremo 459/2019, que condena a nueve dirigentes políticos y sociales a penas de prisión de entre 9 y 13 años por hechos ocurridos alrededor del 1 de octubre de 2017. El Síndic ha reiterado este año que los hechos ocurridos en Cataluña durante otoño de 2017 constituyeron el ejercicio de los derechos fundamentales de expresión y de manifestación, y que la consideración de estas expresiones dentro del tipo penal de sedición y las penas impuestas por estos hechos resultan manifiestamente desproporcionadas.

Asimismo, la Sentencia provocó una amplia respuesta por parte de la población, en forma de concentraciones, manifestaciones y protestas, algunas de las cuales derivaron en disturbios, actos vandálicos y crispación entre las personas manifestantes y las fuerzas y cuerpos de seguridad. En un informe ya presentado, el Síndic constató que en el momento de practicar algunas detenciones, algunos efectivos policiales utilizaron la fuerza de manera excesiva y desproporcionada, y que tanto durante los traslados a las comisarías como durante parte de la detención se produjeron humillaciones y vejaciones verbales, amenazas e, incluso, violencia física. Por este motivo, ha pedido una investigación rigurosa e imparcial de las alegaciones de exceso de fuerza y vulneración de derechos, y que se sancionen adecuadamente las infracciones que se puedan haber cometido.

En el ámbito del derecho de participación política, el Síndic se había pronunciado en varias ocasiones en contra de las limitaciones del derecho de sufragio de las personas incapacitadas judicialmente que, hasta el mes de diciembre de 2018, determinaba la LOREG. A juicio del Síndic, la reforma de la Ley para derogar estas limitaciones daba cumplimiento a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, el Síndic recuerda que resultan muy preocupantes las dos instrucciones emitidas este año por la Junta Electoral Central que dan instrucciones a los miembros de las mesas electorales que conllevan una discriminación indirecta por razón de la discapacidad (o apariencia de discapacidad). Ante ello, el Síndic se ha dirigido a la Junta Electoral Central para recomendar que deje sin efecto parte del redactado de la Instrucción 7/2019, ya que considera que sigue dando lugar una situación de discriminación de las personas con discapacidad y su derecho de voto.

Finalmente, el Síndic también ha explicado la entrega al Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña del primer Plan de derechos humanos de Cataluña. Después de los trabajos preparatorios de 2018, el 21 de enero de 2019 la Estructura inició un proceso de debate y participación para la elaboración del Plan con una presentación en el Museo Marítimo de las Drassanes, en Barcelona. Un proceso que se ha desarrollado a lo largo del año 2019, con decenas de entidades y de colectivos que han organizado alrededor de 100 ágoras relativas a los diversos derechos en todo el territorio, con el propósito de debatir las medidas de cada uno los derechos y enriquecer el Plan.

Este proceso ha culminado con la aprobación del Plan de derechos humanos de Cataluña, que se entregó al Gobierno y al Parlamento el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Queda el reto de aplicar las acciones que se proponen para el cumplimiento de cada derecho y, en el caso de la Estructura, de efectuar el seguimiento y la evaluación del cumplimiento del Plan.

REFLEXIÓN FINAL

El Síndic ha valorado positivamente la buena predisposición que tienen todas las administraciones y empresas con las que se relaciona, tanto en cuanto a la tramitación de las quejas como en cuanto a la receptividad a las sugerencias.

Entre los retos que tiene planteados el Síndic se cuenta alcanzar una mayor difusión y presencia de la institución entre la población y ser ampliamente conocido como garante de derechos. Este reto es aún mayor tras una pandemia que ha obligado a cerrar la sede de la institución durante tres meses. En este sentido, el síndic se ha propuesto como reto propio, pero también para la administración, ser capaz de trabajar al servicio de la sociedad de manera rápida, ágil y eficiente, incluso en momentos tan difíciles como los que han vivido los últimos meses.

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