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El Síndic considera urgente el derribo y las medidas de realojamiento previstas para el edificio Venus tras la sentencia del TSJC
El pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instó a las administraciones a reactivar el derribo del edificio
Más de 200 familias llevan años atrapadas en la finca y viven en condiciones infrahumanas
Representantes del Síndic de Greuges de Cataluña, encabezados por el adjunto general, han mantenido una reunión con vecinos del edificio Venus y representantes del Consorcio del Barrio de la Mina (integrado por los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y de Barcelona, Generalitat y Diputación), para efectuar un seguimiento de la resolución del Síndic sobre el derribo del edificio Venus y el realojamiento de los vecinos en viviendas de sustitución, que ya preveía el Plan especial de reordenación y mejora (PERM) del barrio de la Mina, en el año 2002.
El PERM recogía las actuaciones urbanísticas necesarias para conseguir la regeneración de la zona y actuar de forma integral contra la exclusión y la marginalidad que estigmatizaban el barrio. Una de las principales decisiones urbanísticas recogidas en el PERM fue la expropiación y derribo del edificio Venus, que se encontraba en una situación insostenible, y el realojamiento de las familias afectadas en las nuevas viviendas que se construirían en el barrio.
En el año 2012 alrededor de 200 familias que vivían en este edificio del barrio de la Mina se dirigieron al Síndic de Greuges ante la imposibilidad de muchos vecinos no solo de hacerse cargo del coste de la vivienda de sustitución sino también por las dificultades con que se encontraban para llegar a un acuerdo con el Consorcio para hacer efectivo su derecho de realojamiento en unas viviendas que ya estaban totalmente construidas.
En julio de 2014 el Consorcio del Barrio de la Mina hizo público que, finalmente, se había optado por rehabilitar el edificio Venus, con el argumento de que, de esta manera, los vecinos que no podían hacerse cargo del coste de la nueva vivienda se podrían quedar en ese edificio. Ya en ese momento el Síndic se opuso contundentemente a este giro y pidió al Consorcio que se mantuviera el compromiso inicial de derribar el edificio. El Síndic consideraba incoherente detener el derribo del inmueble por el hecho de que las familias afectadas no pudieran hacerse cargo del coste de la vivienda de sustitución y pedía al Consorcio que encontrara soluciones viables y factibles para ultimar el realojamiento.
Concretamente, la resolución del Síndic recomendaba al Consorcio que hiciera todo lo posible para buscar soluciones y poder concluir el realojamiento de las familias. Era necesario valorar, caso por caso, si la familia afectada podía hacer frente al importe señalado por la Administración y, en caso de que no fuera así, llegar a un acuerdo para llevar a cabo el realojamiento. También proponía buscar instrumentos propios y flexibles para facilitar un realojamiento que permitiera adaptarse a las necesidades de cada familia, y valorar la posibilidad de abrir una línea especial de crédito con unas condiciones preferenciales así como realizar un acompañamiento en la negociación con entidades bancarias para conseguir crédito o constituir avales para acceder a préstamos. El Síndic asimismo recomendaba que se diera el impulso necesario al procedimiento para que el Jurado de Expropiación pudiera determinar el precio justo de la expropiación, y se buscaran mecanismos para compensar los perjuicios causados a los vecinos por el tiempo en que han tenido que malvivir en viviendas sin mantenimiento.
La resolución del Síndic se ha visto fortalecida este mes de junio con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que insta al Consorcio a reactivar el proyecto de expropiación y de derribo del edificio, que también prevé el realojamiento de las familias que viven. La sentencia además obliga a derivar el expediente al Jurado de Expropiaciones de Cataluña para que efectúe la valoración definitiva.
