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El Síndic recomienda intensificar los recursos de mediación y resolución alternativa de conflictos familiares
Hay que avanzar en el diseño de una política pública integral para fomentarla
Sugiere garantizar la continuidad de las prestaciones telemáticas ofrecidas por el programa Mediación: diálogo y acuerdo ante la COVID-19
El Síndic de Greuges ha recomendado que se dé continuidad a los mecanismos para facilitar el acceso a la mediación, a pesar de las circunstancias extraordinarias, para garantizar el interés superior de los niños en contextos conflictivos en el ámbito familiar.
Desde la perspectiva de los derechos de los niños, y teniendo en cuenta aspectos de economía procesal, el Síndic ha sugerido al Departamento de Justicia que se avance hacia un cambio de paradigma en la forma de abordar algunos de los conflictos familiares que afectan a la infancia y la adolescencia, y le recomienda que garantice la continuidad de las prestaciones ofrecidas por el programa Mediación: diálogo y acuerdo ante la COVID-19, que se desarrolla a través de medios telemáticos y da cobertura a mediaciones gratuitas a partir de la declaración del estado de alarma y hasta que hayan transcurrido seis meses desde su suspensión, y que facilita y promueve el acceso a la mediación de manera previa a la judicialización de ciertos asuntos de familia.
La institución considera que la implementación y habilitación de medidas telemáticas es uno de los aspectos que hay que poner en marcha más allá de los seis meses posteriores a la suspensión del estado de alarma para facilitar el acceso de los progenitores de diferentes territorios a programas de mediación, en interés de los niños.
El Departamento de Justicia indica que el programa Mediación y COVID-19 ha sido creado de forma extraordinaria para dar respuesta a una situación surgida por unas circunstancias también extraordinarias, por lo que tiene una fecha de finalización. Cuando la convivencia se desarrolla en un contexto de normalidad, a pesar de que no haya programas de mediación gratuita para las partes, hay mecanismos, como el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que permiten que las circunstancias económicas no sean un impedimento para resolver los conflictos a través de la mediación.
El Departamento también informa que, en caso de que se apruebe la modificación normativa que conlleva la obligatoriedad de una sesión previa de mediación para las partes, estaría dispuesto a asumir el coste económico que supondría dicha sesión informativa inicial como primera exploración del conflicto de mediación y ofrecerla como servicio gratuito para las partes interesadas.
El Departamento de Justicia también ha informado al Síndic sobre los trabajos llevados a cabo para diseñar una política pública global, completa y coherente, de impulso de los métodos de gestión y resolución extrajudicial de conflictos, política que debería incidir en varios ámbitos (educativo, de sensibilización, inversor, etc.) y que podría ir acompañada por el impulso de un nuevo marco regulador, más ambicioso, en sustitución de la actual Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado.
En este sentido, el Síndic subraya la necesidad de avanzar en el diseño de una política pública integral que fomente la resolución alternativa de conflictos e incorpore la mediación u otros sistemas de resolución alternativa de conflictos de forma transversal en los diferentes ámbitos de actuación pública.
