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El Síndic investiga los impagos de las ayudas a las residencias para hacer frente a la pandemia
El Decreto ley 29/2020 fijó diversas ayudas económicas que, según los medios de comunicación, no se han pagado
También estudia el cierre de algunas residencias por carencias asistenciales graves en la atención a las personas residentes en esta segunda ola de COVID
El Síndic ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación que algunas residencias geriátricas y centros de día acumulan deudas importantes ante los impagos de la Generalitat de unas ayudas comprometidos durante el mes de julio para hacer frente a los costes sobrevenidos por la pandemia de la COVID-19.
En este sentido, el 28 de julio la Generalitat activó dos ayudas para los servicios que atienden a personas dependientes. A través del Decreto ley 29/2020, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias fijó varias ayudas económicas. Uno, de 196 euros mensuales por cada plaza geriátrica en residencias, y otro, de 60 euros por usuario de centro de día, para compensar los costes de material y de personal. El mismo decreto también establecía la financiación del 85% del precio medio ponderado de la Cartera de servicios sociales de carácter residencial de personas mayores para las plazas reservadas de libre ocupación. Esta segunda ayuda tenía por objetivo facilitar los aislamientos dentro de las residencias.
A pesar de todo lo anterior, los medios de comunicación informan que estas ayudas no se han hecho efectivas y esta circunstancia ha hecho que muchos centros se encuentren al límite de su tesorería.
Con el objetivo de esclarecer esta situación, el Síndic ha iniciado una investigación y, para averiguarlo, se ha dirigido al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para que le informe acerca del estado de las ayudas mencionadas, si se han hecho efectivas o no, o de la previsión de cuándo se llevarán a cabo.
El Síndic también ha abierto otra actuación de oficio en relación con el cierre de algunas residencias durante esta segunda ola ante la constatación de carencias asistenciales graves en la atención a las personas residentes. El objetivo es conocer el número de residencias clausuradas, los protocolos de actuación que se han utilizado y las derivaciones de usuarios que se han efectuado.
