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El Síndic recomienda la adopción de medidas para priorizar la prevención, detección e intervención inmediata de las situaciones de violencia contra los niños que puedan verse agravadas durante la pandemia

24/11/2020

foto (c) Maria Tsupa Pixabay

La situación de presión en que se han encontrado muchas familias puede llevar a responder a las demandas de los hijos con diferentes formas de agresividad o abuso

Tanto durante el confinamiento más estricto como en la actualidad, sin atención presencial total en la mayoría de los servicios, la víctima se puede encontrar sin ningún tipo de apoyo

Cabe valorar la conveniencia de adaptar los protocolos de manera específica a las necesidades y casuísticas que han podido surgir a raíz de la crisis de la COVID

Con el inicio del estado de alarma como consecuencia de la pandemia de la COVID, diversas entidades y algunos profesionales expertos alertaban de la mayor probabilidad de que se desencadenaran situaciones de violencia en los hogares donde existe ya de entrada una cierta vulnerabilidad debido a las medidas de confinamiento.

El 2 de abril el Síndic inició una actuación de oficio para valorar las medidas tomadas en relación con la detección e intervención de las violencias sufridas por niños y adolescentes durante el confinamiento, y se dirigió a la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, a la Secretaría de Salud Pública, a la Dirección General de Policía y al Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.

El incremento de los niveles de estrés entre los progenitores es a menudo el mayor predictor de violencia física y negligencia hacia niños y adolescentes. Los padres y madres o cuidadores en situaciones de mucha presión tienen más probabilidad de responder a las conductas y demandas de los hijos con diferentes formas de agresividad o abuso. Una situación excepcional de confinamiento, con una convivencia permanente y forzosa, la movilidad reducida o nula, más las consecuencias que se pueden haber sufrido en el ámbito laboral y económico a resultas de la crisis, pueden favorecer las situaciones de conflicto y violencia. A esto, cabe sumar también la dificultad para la víctima de no poder encontrar apoyo de familiares, profesionales u otros recursos y servicios tan importantes como los centros educativos, los servicios sociales y los centros de salud, que no han podido seguir su atención presencial durante el periodo de confinamiento.

Actualmente, la mayor parte de servicios y recursos de atención a niños y adolescentes están abiertos, algunos, sin embargo, con un funcionamiento totalmente normalizado, y siguen prestando parte de los servicios de forma no presencial. En esta línea, algunas escuelas se van confinando debido a la detección de casos positivos, se da más absentismo a causa a la pandemia, los servicios de atención primaria de salud continúan en situación anormal de funcionamiento por la gran carga de trabajo relacionada con la contención de la COVID, con menos atención presencial y menos seguimiento no urgente. Y lo mismo sucede con los servicios sociales de atención primaria, que están desbordados por la gestión de las situaciones de pobreza sobrevenida derivadas de la crisis social debido a la situación de emergencia sanitaria y que, para proteger al personal, hacen menos desplazamientos a domicilio y seguimiento presencial de los casos. Todo ello ha ocasionado que durante el periodo de confinamiento algunas situaciones de violencia intrafamiliar, las más frecuentes, hayan quedado desatendidas y, por lo tanto, los niños que las han sufrido, desprotegidos. Y así lo avalan algunas de los datos estudiados por el Síndic. El Registro unificado de maltrato infantil-salud (RUMI_Salut), que es el instrumento que facilita la información estadística del maltrato infantil a través de la notificación de los profesionales de los centros hospitalarios públicos, indica un claro descenso en el mes de pleno confinamiento, donde sólo se notifican 9 casos respecto de la media habitual, alrededor de 30 casos mensuales. También hay un claro descenso en la evolución mensual de expedientes abiertos en el sistema de protección a partir del mes de marzo y hasta mayo de 2020.

En cuanto a la intervención de la UDEPMI, que es la Unidad de detección y prevención del maltrato infantil de la DGAIA y que da respuesta a comunicaciones, denuncias sociales y solicitudes de información de casos de maltrato infantil sobre todo derivados del teléfono Infancia responde 116111, también es el mes de abril cuando significativamente se abrieron menos expedientes nuevos, 52, respecto de los 227, 276 y 246 de los me ses de diciembre, enero y febrero. También en la misma línea los datos de llamadas recibidas en el teléfono Infancia Responde, que, mientras que el mes de enero de 2020 recibió 1.401 , en abril, en pleno confinamiento, solo recibió 950, un 32% menos.

Por lo anterior, el Síndic pide que, de manera urgente, se tomen medidas para priorizar la prevención, detección e intervención inmediata de las situaciones de violencia que se pueden estar produciendo en niños durante la crisis de la COVID-19.

Concretamente, pide:

  1. Un seguimiento proactivo de los servicios y profesionales para prevenir y detectar la violencia, especialmente en caso de no asistencia presencial del niño a la escuela y otros recursos de seguimiento presencial del niño.
  2. Más recursos de crianza positiva y acompañamiento a la parentalidad en el transcurso de todo el proceso de crianza y hasta a la edad adulta, especialmente durante la adolescencia. Es necesaria más formación especializada en este ámbito también dirigida a los profesionales.
  3. Reactivar los servicios de atención primaria pediátrica priorizando las visitas presenciales de seguimiento y el normal funcionamiento del protocolo del niño sano, en la medida que sea posible, como herramientas de prevención y detección de situaciones de violencia en niños.
  4. Potenciar las estrategias relativas a la detección y la atención de los malos tratos y los abusos sexuales infantiles y reforzar los servicios sociales básicos, municipales y comarcales a estos efectos

En cuanto a los servicios sociales y a los servicios de atención especializada a la infancia en riesgo, es necesario que los profesionales puedan hacer un seguimiento de los casos con la máxima presencialidad posible, preservando las medidas de protección, y si es posible, que incluya visitas a domicilio, para asegurar la protección de los niños y adolescentes afectados.

  1. Realizar más estudios y macroencuestas sobre victimización para conocer la incidencia real y detectar situaciones que quedan ocultas, así como ampliar su alcance.
  2. Potenciar la educación afectivo-sexual de los niños y adolescentes.
  3. Reforzar, difundir y potenciar todos los medios de denuncia, especialmente accesibles y cercanos a los niños y adolescentes.
  4. Aumentar y extender campañas de sensibilización también en redes sociales.
  5. Mejorar el conocimiento de los protocolos existentes para luchar contra el maltrato infantil y valorar su actualización en base a las medidas tomadas para la contención de la pandemia.

El Síndic también pide que se valore que se puedan adaptar los protocolos de manera específica a las necesidades y casuísticas que han podido surgir a raíz de la crisis de la COVID y la situación de confinamiento para que puedan dar respuesta a nuevas situaciones que se puedan producir de manera reflexionada.

También ve necesario continuar con el trabajo de la Mesa Nacional de la Infancia de Cataluña y con la implantación del protocolo marco de actuaciones contra el maltrato infantil en cuanto a la coordinación entre departamentos, a fin de lograr una intervención eficaz que aborde la prevención, la detección y la atención de cualquier forma de violencia contra los niños.

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