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El Síndic propone un mecanismo que fije los criterios objetivos para valorar si se dan las condiciones para celebrar las próximas elecciones
También pide explorar si se podría realizar un trabajo legislativo inmediato, como la promulgación de una ley catalana electoral de carácter parcial o hacer una interpretación extensiva de la LOREG
Se propone estudiar la posibilidad de crear una junta electoral provisional, realizar otros ajustes tales como ampliar los plazos de solicitud del voto por correo hasta el día antes de las elecciones, o estudiar mecanismos de voto domiciliario o urna móvil, así como ampliar a dos días la jornada electoral
A raíz del anuncio de las elecciones al Parlamento de Cataluña, previstas para el próximo 14 de febrero, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, el Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para estudiar las posibles afectaciones sobre derechos. Para el estudio, también se han tenido en cuenta tanto el dictamen realizado por la Comisión Jurídica Asesora (CGA) como el análisis de la unidad encargada de la gestión electoral (PROCICAT).
Todo hace pensar que las elecciones catalanas se celebrarán con un estado de alarma vigente y, probablemente, con importantes restricciones de movilidad. También es previsible que haya miles de personas electoras con test positivo de PCR (o contacto estrecho de estas) diagnosticadas pocos días antes de la jornada electoral, así como personas en situación de confinamiento, sea domiciliario o perimetral (y dentro de este, de ámbito municipal, autonómico o internacional), que no puedan desplazarse a sus colegios electorales. Por lo tanto, podría haber un número importante de personas, que según las proyecciones científicas actuales podrían ser decenas de miles, que quedarían materialmente excluidas de los mecanismos previstos en la legislación por el voto anticipado y no podrían hacer efectivo su derecho de sufragio activo.
Asimismo, cabe tener presente la situación que se pueda vivir en los hospitales, y muy en particular a las unidades de cuidados intensivos; en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad; las afectaciones al personal electoral (miembros de las mesas, personas apoderadas e interventoras, personal administrativo).
Por lo anterior, el Síndic considera que se debería prever y establecer un mecanismo legal que enmarque la celebración del proceso electoral que sea fruto de un gran acuerdo de país en el que se comprometan conjuntamente, para poder llegar a un acuerdo entre el Gobierno de Cataluña y el conjunto de las candidaturas partidos políticos que concurren a las elecciones.
Se trataría de un mecanismo que debería recoger el acuerdo de los diferentes agentes del proceso electoral para fijar unos criterios objetivos, sanitarios y constitucionales, para decidir si, llegadas las fechas de inicio de la campaña electoral, o más adelante si procede, se dan las condiciones para continuar con el proceso electoral o si es necesario proceder a un aplazamiento.
Asimismo sería necesario fijar las bases de las que se proponen como medidas normativas extraordinarias para garantizar, en la medida de lo posible, el derecho de voto de todas las personas con derecho de sufragio activo y de minimizar la afectación del derecho por las situaciones de salud, confinamiento y aislamiento que puedan afectar a una parte de la ciudadanía en las fechas de los comicios.
Este mecanismo debe contar con el estudio, los indicadores y el apoyo y el asesoramiento de un grupo de personas expertas, independientes, de ámbito nacional e internacional. Y esta decisión de posible aplazamiento se debería tomar en una fecha predeterminada, que, a juicio del Síndic, no puede ir más allá del 15 de enero.
Al mismo tiempo, el Síndic es consciente de que Cataluña no dispone de ley electoral propia, y que las elecciones al Parlamento de Cataluña están regidas directamente por la Ley orgánica de régimen electoral general (LOREG). En este sentido pide de explorar si se podría realizar un trabajo legislativo inmediato, dado que la adaptación a un escenario que a estas alturas es imprevisible, requeriría algunos cambios legislativos y prácticos, así como estudiar la posibilidad de crear una junta electoral provisional. En esta línea propone valorar si podría tener lugar la promulgación de una ley catalana electoral de carácter parcial; o hacer una interpretación extensiva de la LOREG que permitiera llevar a cabo otros ajustes tales como ampliar los plazos de solicitud del voto por correo hasta el día antes de las elecciones, o estudiar mecanismos de voto domiciliario o urna móvil, así como ampliar a dos días la jornada electoral.
En cualquiera de los escenarios descritos anteriormente, recuerda al Gobierno que sería preciso realizar una amplia campaña formativa e informativa a toda la ciudadanía acerca de las circunstancias en que se celebrarán las elecciones y los ajustes que se tengan que poner en práctica.
Próximamente, el Síndic de Greuges presentará un informe completo al Parlamento y al Gobierno sobre las cuestiones anteriores.
