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El Síndic recuerda que las decisiones judiciales que afectan a la libertad ideológica de los presos políticos son un ataque a los derechos fundamentales

13/11/2020

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Cuestiona que se pretenda condicionar el acceso a un determinado tratamiento penitenciario al hecho de someterse a un programa de reinserción con la finalidad de inculcarles determinadas ideas

La aplicación del régimen del artículo 100.2 RP y la progresión a tercer grado por parte de la Administración penitenciaria catalana son ajustadas a derecho

El Tribunal Supremo se ha autodeclarado competente para conocer de cuestiones penitenciarias y mecanismos de reinserción en detrimento de las instancias judiciales previstas      

Nunca antes se había aplicado el efecto suspensivo del tercer grado con motivo del recurso del Fiscal contra la decisión administrativa

Las situaciones objetivas de las nueve personas condenadas trascienden el caso concreto y podrían tener efecto en las más de 6.000 personas condenadas que hay en las cárceles catalanas

El Síndic ha presentado hoy el informe Afectación de derechos en la ejecución penitenciaria de la sentencia del Tribunal Supremo 459/2019 en el Parlamento de Cataluña. El síndic Rafael Ribó, acompañado del adjunto general, Jaume Saura, también ha celebrado una rueda de prensa para explicar las líneas principales de dicho informe a los medios de comunicación.

Este informe tiene por objeto analizar los dos instrumentos de reinserción previstos por la normativa penitenciaria que han sido aplicados a las nueve personas que cumplen pena de prisión por sentencia del proceso, como por ejemplo el régimen de vida del artículo 100.2 RP y la progresión a tercer grado. Ambos mecanismos han sido objeto de recurso por la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, sobre los que ha resuelto o resolverá el Tribunal Supremo. 

En relación con la aplicación del régimen de vida del artículo 100.2 RP, el Tribunal Supremo lo revocó a Carme Forcadell y está previsto que resuelva los recursos de apelación de Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Forn, Sànchez y Cuixart. Respecto a Dolors Bassa, la Audiencia Provincial de Girona desestimó el recurso de la Fiscalía por pérdida de objeto, ya que en el momento de resolver el recurso Bassa ya no gozaba del régimen flexible y estaba en tercer grado. Contra este auto, la Fiscalía presentó incidente de nulidad, ya que considera que la Audiencia de Girona no tenía competencia para resolver sobre el régimen de vida.

En relación con la aplicación del tercer grado, el Tribunal Supremo tiene pendiente de resolver los recursos interpuestos por la Fiscalía contra los autos dictados por los dos juzgados de vigilancia penitenciaria que confirmaron la progresión a tercer grado de los nueve presos políticos.

Una vez en finalizada la situación, el Síndic concluye que la aplicación del régimen del artículo 100.2 RP y la progresión a tercer grado por parte de la Administración penitenciaria catalana son ajustadas a derecho y que a las nueve personas condenadas les correspondían estos mecanismos, teniendo en cuenta que todas las propuestas y decisiones han sido confirmadas por tres juzgados de vigilancia penitenciaria diferentes e independientes.

El Síndic también destaca que esta es la primera vez que el Tribunal Supremo establece que es el tribunal sentenciador el competente para conocer en última instancia del régimen flexible del artículo 100.2. El Tribunal Supremo, como órgano sentenciador, se ha autodeclarado competente para conocer de cuestiones penitenciarias y mecanismos de reinserción en detrimento de las audiencias provinciales, que tenían una sección especializada en materia penitenciaria, aludiendo que el tribunal sentenciador no puede perder el control sobre el cumplimiento y la ejecución de la pena. Este hecho claramente expresa una cierta falta de confianza hacia los jueces de vigilancia penitenciaria, que son los órganos especializados con sensibilidad y formación específica, que valoran, desde una óptica más objetiva, la evolución de la persona privada de libertad, puesto que no están contaminados por el sesgo de hechos y presencialidad del juicio e imposición de pena.

En el mismo sentido, también pone de manifiesto que en relación con el tercer grado nunca no se había aplicado el efecto suspensivo con motivo del recurso del Fiscal contra la decisión administrativa. La primera vez fue en relación con las siete personas que cumplen pena en Lledoners, y ha venido condicionada por el auto del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2020, por lo que estas personas han sufrido un agravio y una situación desigual y se les han lesionado sus derechos.

Además, el Tribunal Supremo introduce circunstancias que no prevé la norma para resolver sobre los mecanismos de reinserción y que, a juicio del Síndic, son contrarias al principio de legalidad. Y, en esta misma línea, la Fiscalía focaliza la ponderación del tercer grado en elementos que son propios de la sentencia condenatoria y de la imposición de pena, como la gravedad de los hechos, y realizar interpretaciones restrictivas en relación con el artículo 100.2 RP que pueden conllevar que las personas privadas de libertad se vean afectadas.

El Síndic también cuestiona que, en relación con las personas condenadas, se pretenda condicionar que puedan acceder a un determinado tratamiento penitenciario a someterse a un programa de reinserción con el fin de inculcarles determinadas ideas. Y es que obligar renunciar a la propia ideología debe considerarse una vulneración de la libertad ideológica, en el sentido que indican tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derecho Humanos. 

En suma, el Síndic recuerda que los internos son sujetos de derechos y que cualquier actuación de la Administración o decisión judicial que ataque su libertad ideológica o de pensamiento se convierte en una clara ofensa a los derechos más fundamentales. 

En cuanto al recurso de la Fiscalía ante el Tribunal Supremo contra las progresiones a tercer grado, que califica esta situación como un vaciado de la pena, desconoce que el tercer grado es una forma de cumplimiento de la pena, que las personas clasificadas en este grado no tienen la libertad deambulatoria y continúan sometidas al régimen penitenciario.

Además de todo lo anterior, el Síndic alerta de que las situaciones objetivas recogidas en las conclusiones anteriores para las nueve personas condenadas trascienden el caso concreto y tienen impacto en todo el sistema penitenciario catalán, así como en las más de 6.000 personas en calidad de condenadas que hay en las cárceles catalanas. Por ejemplo, el efecto suspensivo de los recursos de Fiscalía en materia de tercer grado y régimen flexible puede conllevar una disrupción y una desestabilización para todas las personas a quienes se les aplique, tal como ya están haciendo algunos juzgados de vigilancia penitenciaria tras la directriz del Tribunal Supremo 

Por el contrario, el Síndic manifiesta que es necesario seguir apostando por los instrumentos de reinserción que existen en la legislación penitenciaria y, en este sentido, puede ser una buena ocasión para revisar las circulares aprobadas en materia de régimen flexible, ya que la circular vigente es del año 2005 y recoge elementos que no tienen aplicación práctica actualmente, e impulsar aún más la aplicación del artículo 100.2 RP. 

A fin de que sean conocedores de su contenido, además de al Parlamento de Cataluña, este informe también se remitirá al Comité Europeo de Prevención de la Tortura y al Defensor del Pueblo.

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