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El Síndic celebra que no se someta a los menores migrantes a las pruebas de edad pero recuerda que aún persisten déficits estruc-turales en el ejercicio de sus derechos

En la misma línea se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que sentó doctrina en el sentido que una persona migrante con pasaporte o documento equivalente de identidad que estableciera su minoría de edad no podía ser considerada persona extranjera indocumentada para ser sometida a pruebas complementarias de determinación de la edad.

A pesar de ello, las pruebas óseas de determinación de la edad se seguían practicando, y en el año 2015 el Síndic abrió una actuación de oficio, en el marco de la cual recomendó que dejaran de practicarse.

Este año, el Síndic ha tenido conocimiento que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia ha dictado una nueva directriz que establece que, a partir de ahora, las personas migradas que lleguen a Cataluña con pasaporte que indique que son menores de edad no deberán someterse a las pruebas de edad, que suele ordenar la fiscalía. Desde el punto de vista del Síndic, este abordaje representa un avance muy importante desde la perspectiva de los derechos de los niños y adolescentes migrantes que llegan a Cataluña.

No obstante lo anterior, el Síndic subraya que persisten déficits estructurales en el ejercicio y la efectividad de muchos otros derechos de este colectivo, y que es necesario emprender actuaciones coordinadas entre las diferentes administraciones públicas con el fin de garantizarlos.

El Síndic recuerda, por ejemplo, que hay que garantizar el proceso formativo de cada uno de estos jóvenes en edad de escolarización obligatoria, y solicita que se extremen las medidas para realizar un seguimiento adecuado, así como para fomentar la escolarización postobligatoria.

También recuerda la necesidad de seguir avanzando en los programas de acompañamiento en la transición a la vida adulta, y en el establecimiento y el seguimiento de planes individualizados en la etapa de desinternalización de los centros de protección.

En el mismo sentido, el Síndic destaca que es necesario seguir trabajando con los diferentes municipios la integración social de estos jóvenes cuando llegan a su mayoría de edad, lo cual hace imprescindible garantizar que la DGAIA hace los trámites necesarios para dotarles de documentación, con la solicitud o renovación de la autorización de residencia y/o de la nacionalidad española.

De lo contrario, teniendo en cuenta las consecuencias traumáticas que pueden generar los procesos migratorios y la situación de estos niños y adolescentes sin referentes familiares en el territorio, es muy necesario reforzar programas de salud mental y mejorar la coordinación de los centros de primera acogida, centros de acogida y CRAE con los servicios de salud de la zona.

La situación de las personas migradas menores de edad debe abordarse también desde la perspectiva de género y, en consecuencia, hay que emprender acciones coordinadas entre todas las administraciones para aumentar la detección de situaciones de gran vulnerabilidad y sufrimiento de chicas migrantes no acompañadas, que siguen aún muy invisibilizadas en nuestra sociedad.

El Síndic también reclama más apoyo a los municipios que cuentan con recursos que acogen a jóvenes migrantes solos, con el fin de fomentar la convivencia y el trabajo en red con la comunidad, y prevenir discursos de estigmatización hacia este colectivo.

Por último, con respecto a la adecuación de los espacios, es todavía un reto pendiente del sistema de protección ir hacia recursos residenciales más pequeños capaces de atender de forma más individualizada las necesidades complejas y diversas de cada niño y adolescente.

El Síndic también ha abierto una actuación de oficio para estudiar el caso del joven migrante ex tutelado que se quitó la vida la semana pasada en la Ciudad de Girona y ha pedido información a todas las administraciones implicadas. 

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