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El Síndic y la Comisión independiente de asesoramiento sobre la garantía del derecho de sufragio activo recomiendan garantizar los derechos a voto y a la salud ante la consideración de un aplazamiento de las elecciones autonómicas

En noviembre de 2020 el Síndic presentó en el Parlamento de Cataluña el informe La garantía del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en el marco de la actual pandemia, en el que se planteaban un conjunto de medidas legislativas y normativas que se podrían haber adoptado en el marco de las Cortes Generales y del Parlamento de Cataluña, así como las que habrían podido tomar los respectivos gobiernos, para extender las garantías del derecho de voto en pandemia.

En la misma línea, el Síndic creó una comisión independiente de asesoramiento sobre la garantía del derecho de sufragio activo integrada por reconocidos expertos en los ámbitos sanitario, epidemiólogo y constitucionalista.

Con el apoyo de esta comisión, el Síndic recomendó el pasado 5 de enero el voto no presencial de las personas contagiadas por COVID-19 y sus contactos estrechos. Dado que el plazo para solicitar el voto por correo se cierra 10 días antes de las elecciones, las personas que sean detectadas como positivas a partir de ese momento -y sus contactos estrechos- no podrán solicitar este tipo de sufragio y, de acuerdo con los protocolos actuales, supuestamente deberían votar presencialmente en la franja recomendada de 19 a 20 horas. A juicio de la comisión, esto supone importantes riesgos para la salud pública.

Hoy, el síndic ha presentado al Gobierno de la Generalitat, al presidente del Parlamento y a los presidentes de los grupos parlamentarios una adenda al informe en el que se analizan los posibles escenarios epidemiológicos, los riesgos de voto presencial de personas aisladas o en cuarentena por COVID-19, cuál podría ser el fundamento jurídico de un eventual aplazamiento de las elecciones, para terminar, finalmente, con una serie de recomendaciones finales.

Recomendaciones

1. Es necesario un pacto entre el Gobierno de Cataluña y el conjunto de las candidaturas que concurren a las elecciones sobre las decisiones a tomar en torno a la convocatoria electoral al Parlamento de Cataluña y una renuncia explícita a cualquier uso electoralista.

2. El respeto y la garantía al derecho fundamental al sufragio universal y al derecho vital a la salud deben presidir la decisión y la gestión de todo el proceso electoral, dadas, además, las condiciones de pandemia

3. Todas las personas con derecho de sufragio activo deben poder votar en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, pero deben poder hacerlo sin poner en riesgo su salud ni la salud pública.

4. Es preciso extender al máximo todas las medidas que permitan el voto no presencial, especialmente para las personas afectadas (contagiadas, contactos estrechos y vulnerables, principalmente). Una medida imprescindible sería ampliar los plazos para la solicitud del voto postal, en forma compatible con la propia LOREG, con todas medidas complementarias que fueran necesarias.

5. Cualquier decisión sobre un aplazamiento de las elecciones debe hacerse jurídicamente por causa de fuerza mayor, pero deberá estar sólidamente fundamentada sobre los datos epidemiológicos presentes y previstos para la jornada electoral y en las medidas efectivamente disponibles para garantizar el derecho de voto para toda la ciudadanía en condiciones sanitarias seguras. Se recomienda considerar la posibilidad de un aplazamiento electoral para un momento que permita conjugar una situación de descenso epidemiológico con el desarrollo de todas las medidas electorales que amplíen el campo del voto no presencial.

6. En caso de aplazamiento de las elecciones, las Cortes Generales deberían llevar a cabo con la máxima urgencia las reformas pendientes de la Ley orgánica de régimen electoral general que deben hacer posible esta contienda electoral y otros en un contexto pandémico como el actual. En particular, la ampliación del voto por correo, la habilitación de otras opciones de voto anticipado, incluyendo el voto electrónico, y la concreción de las causas de posibles aplazamientos de elecciones ya convocadas.

El informe y esta nueva adenda han sido trasladados al presidente del Parlamento, a los Presidentes de los grupos parlamentarios, al Gobierno de la Generalitat y a la Junta Electoral Central. Paralelamente, el Síndic ha pedido por carta poder comparecer con carácter urgente en la Diputación Permanente del Parlamento para poder debatir este informe.

Vídeo de la rueda de prensa

• Informe La garantía del derecho de sufragio activo en las elecciones al Parlamento de febrero de 2021 en el marco de la actual pandemia
• Acceso a la adenda íntegra al informe

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