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El Síndic alerta de la grave crisis de derechos ampliada durante el 2020
Del año de la Covid-19 el Síndic destaca la accesibilidad a la salud, la desigualdad en la educación, la vulnerabilidad de las personas mayores en residencias, la temeridad sobre la naturaleza y el clima, la emergencia de la vivienda como elemento vital, el empobrecimiento del trabajo y el emprendimiento, y la erosión creciente de derechos y libertades
Durante el año 2020 ha recibido un total de 11.317 quejas procedentes de 22.476 personas y se han iniciado 303 actuaciones de oficio
Las actuaciones en políticas sociales han representado el 40% de las intervenciones
Existe un fortalecimiento presupuestario del ámbito de la salud, la educación y el bienestar que nos equipara en porcentaje al PIB de los países del norte de Europa
El síndic de greuges, Rafael Ribó, acompañado por sus dos adjuntos, Jaume Saura, y M. Jesús Larios, ha entregado hoy al presidente del Parlamento, Roger Torrent, el informe anual de la institución correspondiente al año 2020, un año que se ha visto influido por la pandemia y la afectación a los derechos de las personas, hechos que han condicionado tanto los datos de la actividad de la institución como las cuestiones de fondo que se tratan en este informe.
El 2020 ha sido el año en que se han presentado más quejas de toda la historia de la institución y, por primera vez, se han superado las 11.000. Se han tramitado más de 17.000 y se han abierto 303 actuaciones de oficio.
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES
Este año, las actuaciones iniciadas en torno a las políticas sociales representan cerca del 40% del volumen de intervención del Síndic, cifras comparables a los peores años de la crisis económica del decenio pasado, con un incremento significativo de todas las materias respecto de año anterior.
En el ámbito de la pobreza y la emergencia social, el Síndic creó la Tabla de Emergencia Social para trabajar de forma transversal los retos que plantea la crisis a corto, medio y largo plazo, con ocho entidades del tercer sector (Mesa del Tercer Sector, Cáritas Cataluña, Cruz Roja, Amics de la Gent Gran, Banco de Alimentos, Comunidad de Sant'Egidio, Dincat, Fundesplai y la Fundación Arrels), con la voluntad de abordar la urgencia asistencial y la detección de necesidades y prioridades para formular las recomendaciones de cambio y mejora a las administraciones afectadas y al Parlamento en el marco de la pandemia. La Mesa ha puesto de relieve que las administraciones públicas no han dado soluciones concretas a la pobreza ni con la urgencia que requieren las circunstancias.
No hay duda de que el derecho a la salud ha sido uno de los más afectados durante este año. Desde el principio, el Síndic reclamó que era imprescindible garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente una nueva crisis como la de la COVID-19. Para ello, se reclamó un fortalecimiento presupuestario del ámbito de la salud y el bienestar que nos equipare en porcentaje al PIB de los países del norte de Europa y que se traduzca en un plan estratégico de salud.
La crisis de la COVID-19 también ha servido para poner de manifiesto que es necesario revisar el actual modelo residencial y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas de precaución y prevención indispensables. Esta revisión debe analizar a fondo la estructura y el tamaño de los centros residenciales, la atención social y médica a las personas usuarias y los protocolos vigentes, los recursos humanos y las ratios de profesionales, así como la relación con las familias y el entorno. También es importante potenciar y desarrollar los recursos alternativos al medio residencial.
La pandemia también ha tenido un gran impacto en el derecho a la educación de los niños. En este sentido, el Síndic ha destacado la necesaria presencialidad en el curso 2020/2021, a pesar de los retos que pueda implicar, especialmente en los centros con alta complejidad.
En el ámbito del trabajo, cabe destacar el impacto de la crisis en las personas acogidas al régimen de autónomos. El Síndic ha denunciado la falta de apoyo en forma de ayudas ágiles y suficientes al emprendimiento del país, que constituye la columna vertebral de la economía catalana.
En cuanto a la vivienda, el Síndic ha manifestado que es necesario que las diversas administraciones y los agentes públicos y privados alcancen un pacto nacional en esta materia en el que se establezcan las bases de unas políticas de vivienda que aborden reformas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda a medio y largo plazo.
TERRITORIO Y CONSUMO
El medio natural de nuestro país sigue sufriendo agresiones de todo tipo que sólo el parón económico de la primavera de 2020 amortiguó temporalmente. Es preciso reforzar las políticas de protección del medio ambiente y aplicar con el máximo rigor el principio de alternativa cero a las proyecciones urbanísticas presentes y futuras, como vía para garantizar un país respetuoso con su entorno natural.
Durante la vigencia del estado de alarma, la legislación promulgada ha prohibido los cortes de electricidad a personas físicas en su vivienda habitual. Sin embargo, durante 2020 han continuado sin resolverse dos situaciones que el Síndic ha venido reclamando desde hace años: el desarrollo reglamentario de la Ley 24/2015, de pobreza energética, y la asunción de la deuda que van acumulando las personas a quienes no se cortan los suministros básicos por disponer de un informe de los servicios sociales que acredita su situación de vulnerabilidad.
Durante pandemia también se han agravado las dificultades con que ya se encontraban muchas personas a la hora de acceder al bono social eléctrico mediante un procedimiento que se había constatado como complejo.
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
En el proceso de desescalada, las administraciones han priorizado la atención telefónica y la digital, y han introducido la cita previa en la prestación de los servicios de atención al público presenciales. Se trata de un instrumento útil desde el punto de vista de la protección de riesgos laborales, pero a juicio del Síndic ello no puede implicar la desatención de los ciudadanos sin resguardo de cita previa que comparezcan para registrar documentos o para gestionar trámites que no se pueden posponer.
Ante la negativa de algunos ayuntamientos a inscribir en el padrón a las personas que viven en un domicilio con condiciones de empleo precarias, el Síndic ha tenido que recordar que la falta de empadronamiento de personas, cualquiera que sea su título de empleo, no sólo vulnera la legislación vigente, sino que impide el acceso efectivo de las personas afectadas a servicios y derechos sociales básicos, como la atención sanitaria y la escolarización.
LIBERTAD Y CALIDAD DEMOCRÁTICA
En noviembre de 2020 el Síndic comenzó a analizar la contienda electoral prevista para el 14 de febrero de 2021 desde la perspectiva de conciliar la garantía del derecho a la salud y el derecho de participación, haciendo hincapié en ciertos colectivos de personas vulnerables que podían quedar excluidos de los mecanismos previstos para garantizar su derecho de voto.
En el marco de los sucesivos estados de alarma se han restringido derechos y libertades fundamentales, como el derecho de reunión o la libertad de movimientos, con el legítimo objetivo de proteger la salud pública. Se debe ser muy cuidadoso y vigilar con celo estas limitaciones de derechos, que deben ponderar con todo el rigor los derechos en juego con la necesidad de las medidas de restricción.
La situación de confinamiento también ha multiplicado las situaciones de abusos racistas y la violencia contra las mujeres y los colectivos vulnerabilizados, según denuncian las entidades de defensa de los derechos humanos. Por este motivo, es una buena noticia que el Parlamento de Cataluña haya aprobado por unanimidad la Ley de igualdad de trato y no discriminación.
Finalmente, ante las quejas y los acontecimientos actuales, el Síndic reitera el pleno ejercicio democrático de las libertades de expresión y de manifestación y la amnistía.
